Durante años, los pagos de los hoteles de sal fueron entregados a unas pocas personas. Se desconoce el monto total, pero se calcula que excedió de 100.000 dólares. Los únicos respaldos son recibos en papel simple.
Vía: El Potosí |
Por lo menos desde 2011, unas pocas personas recibieron los pagos que hicieron los propietarios de cuatro hoteles de sal instalados en las orillas del Salar de Uyuni. En los recibos, que fueron extendidos en papel simple, se repiten dos apellidos, Cruz y Laime, que, a lo largo de los años, fueron alternándose en el ejercicio de diferentes cargos sindicales.
En los recibos, los nombres más repetidos son los de Oscar Cruz Ramos, que ejerció de corregidor, agente comunal y presidente de la OTB; pero también figura el de su hermano, Edwin Cruz Ramos. Un caso similar es el de Wilson Laime, que también aparece algunas veces como corregidor, en otros como presidente del comité de salud. En los hechos, estas personas estuvieron vinculados permanentemente con el manejo de las instituciones de Colchani, una comunidad de no más de 1.000 habitantes, y eso les permitió acceder a los cobros de dinero cuyo monto total es difícil de determinar.
Ayer, en una conferencia de prensa, dirigentes de Colchani, entre los que se encontraba el corregidor, Nirmo Chambi, señalaron que el dinero es manejado por un comité económico, pero no dieron datos del manejo del dinero. No se sabe cuánto se recibió desde que comenzaron los cobros ni en qué se invirtió. La legislación vigente señala que el manejo de dinero público se debe realizar mediante rendiciones públicas y periódicas de cuentas, pero no se sabe si se cumplió esa norma.
Los dirigentes se respaldan en la condición de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) que habrían recibido las comunidades urinsaya y anansaya de las comunidades, y utilizan como respaldo la ley 3545, pero no dijeron nada respecto a la condición de reserva fiscal que tiene el Salar de Uyuni. Cinco de los seis hoteles están en las orillas del salar y uno, el de Teodoro Colque, se encuentran en el salar mismo, pero este último no recibe el mismo trato que los otros; es decir, no le presionan ni le piden pagos.
En la documentación que ha conseguido este diario están copias de los recibos de pago, y fragmentos de estos son presentados con esta nota. En ellas se puede ver los nombres de quienes recibieron pagos en diferentes cuantías. Lo llamativo es la rotación de cargos de las personas antes mencionadas. En el caso de Edwin Crus, su nombre aparece incluso en una minuta de reconocimiento de derechos que se labró ante notaria de fe pública en fecha 28 de agosto de 2015 en la que uno de los propietarios de los hoteles de sal se comprometía a hacer pago de 8.000 dólares anuales. En este documento, Cruz aparece como agente comunal y su cédula de identidad, la número 5004165 aparece como extendida en Tarija, lo que pone en entredicho respecto a su situación de “comunario de Colchani”.
Los pagos suben cada año
En la conferencia de prensa se pudo conocer que los empresarios de los hoteles de sal vienen entregando “aportes voluntarios” que suben sin parar desde los 500 dólares por año, cuando iniciaron sus actividades.
El presidente de la Comisión de Agua de Colchani, Tarco Colque, destacó que el problema suscitado el pasado jueves, cuando los comunarios se movilizaron para que los empresarios entreguen sus “aportes voluntarios” fue superado con el compromiso de que pagarán 10 mil dólares por año.
Los dirigentes reconocieron que inicialmente los aportes de los empresarios eran de 500 dólares pero fueron subiendo hasta 1.000, 1.500 y este año se recibe 10 mil dólares anuales.
El acuerdo se habría sellado con los dueños de los hoteles Palacio de Sal, Luna Salada y Cristal Samaña, pero no habría progresado un acuerdo con el hotel del grupo Colque porque apenas tiene seis habitaciones y está en proceso de implementación.
Los dirigentes no se refirieron a la situación de este último hotel, pero existiría presión para que cumpla lo demandado, aunque no está en iguales condiciones que sus vecinos.
AUTORIDADES SE LAVAN LAS MANOS
Gobierno y Ministerio Público evitan inmiscuirse en el asunto de los cobros en el Salar de Uyuni. Una fiscala de Uyuni, Pamela Bazán, llegó al extremo de decir que no hay denuncia, pese a que horas antes respondió a una.
Evasivas: esa es la actitud que se encuentra tanto en el gobierno central como en el departamental y hasta en el mismo Ministerio Público donde una fiscala llegó a decir que no hay denuncias por el caso de presunta extorsión a cuatro de los propietarios de los hoteles de sal del Salar de Uyuni.
En el nivel nacional, la viceministra de turismo, Eliana Ampuero, le dijo al diario Página Siete que el asunto es un "acuerdo entre partes", pese a que lo que se denunció, cuando se produjo el bloqueo a los hoteles, fue extorsión; es decir, la presión que ejercen, desde hace años, un grupo de personas que asumen la representación de la comunidad de Colchani, con el fin de obtener pagos de los propietarios.
En la misma línea respondió el secretario departamental de turismo y cultura de Potosí, Erick Quispe, cuando se le consultó el tema: él dijo que el conflicto se ha solucionado y todo ha vuelto a la normalidad en las orillas del salar, cuando lo que realmente ocurrió es que los dirigentes de Colchani subieron el monto anual de "regalías" de 8.000 a 10.000 dólares y el reconocimiento de una deuda de 30.000 dólares por pagos devengados. Todo eso lo lograron con la presión que ejercen sobre los hoteles, ya ea bloqueándolos o amenazando con daños mayores.
El artículo 333 del Código Penal Boliviano señala que "el que mediante intimidación o amenaza grave constriñere a una persona a hacer, tolerar que se haga o deje de hacer alguna cosa, con el fin de obtener para sí o un tercero indebida ventaja o beneficio económico, incurrirá en reclusión de uno a tres años". Pese a la claridad de esa norma, la fiscala de Uyuni, Pamela Bazán, pidió "complementación" cuando uno de los propietarios de hoteles denunció formalmente los delitos supuestamente cometidos al bloquear esos establecimientos de hospedaje.
"La intervención del Derecho Penal en la vida social debe reducirse al mínimo posible", es el argumento que puso en su repuesta en la denuncia. Pese a que la denuncia existe, y está con el CUD 512102122300128, Bazán le dijo a este diario que no se presentó ninguna denuncia sobre el caso de la extorsión a los propietarios de los hoteles de sal.
Una denuncia anterior, presentada por Hilda Terceros, dueña del hotel Cristal Samaña, fue retirada cuando los dirigentes invadieron su establecimiento y la obligaron a retractarse públicamente.
La extorsión tiene, incluso, prueba documental: la carta, firmada y sellada, que los dirigentes les pasaron a los tres dueños de los hoteles hostigados pidiéndoles el pago de 35.000 dólares por obligaciones supuestamente devengadas.
El texto central de la carta dice que "´por la determinación de una gran asamblea general de la comunidad realzado (sic) el 04 de diciembre de 2022 se determinó que el hotel .... tiene la obligación de regularizar los pagos pendientes de las gestiones 2029, 2021, 2022 a su brevedad posible caso contrario del incumplimiento de pagos de la comunidad entera constituirá en el hotel con las medidas de presión". En esa carta se establece que el monto de la "deuda", por hotel es de 35.000 dólares.
.webp)
