Un diputado y otros funcionarios manejaban una trama extorsiva de coimas a empresarios a cambio de favorecer sus negocios; los acuerdos se sellaban con todo tipo de excesos.
Vía: La Nación |
BARCELONA.- El último escándalo de corrupción de la política española, el “caso mediador”, tiene todos los ingredientes para atraer la atención en la era viral de las redes sociales: cocaína, prostitutas, un general de la Guardia Civil, una oficina del Congreso como lugar de citas e, incluso, un rebaño de cabras.
Y todo ello, documentado con fotos comprometedoras, cuando faltan solo tres meses para unas importantes elecciones municipales y autonómicas, con el ahora exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, del PSOE, en el centro de la escena.
La trama delictiva, que está siendo investigada por la Justicia, consistía en la extorsión de empresarios para el cobro de comisiones a cambio de favores que muchas veces ni siquiera se llevaban a cabo.
Además de Fuentes Curbelo (conocido como el “Tito Berni”) figuran su sobrino Taisbet Fuentes, exfuncionario del gobierno de las Islas Canarias, el general jubilado de la Guardia Civil Javier Espionsa Navas, y el comisionista Marco Antonio Navarro Tacoronte. Fue este último quien dio el nombre al caso en los tribunales, ya que ejercía de mediador entre los empresarios y el resto de los imputados.
Navarro Tacoronte captaba a empresarios de “perfil medio” dispuestos a pagar comisiones a cambio de ayudas de las instituciones públicas para la expansión de sus negocios, lo que podía implicar la obtención de contratos y licencias, o bien evitar inspecciones o sanciones a sus explotaciones ganaderas.
Muchos pertenecían al sector agrícola, como el propio Fuentes Curbelo, que posee una empresa familiar dedicada a la fabricación de quesos de cabra en la isla de Fuenteventura, un negocio que hizo a un lado para dedicarse a la política, que resultó ser mucho más lucrativo.
Conexiones
Para hacer creer a los empresarios que estaba bien conectado, el mediador concertaba citas en el Congreso de los Diputados con Fuentes Carbelo, con su sobrino, o con el general en la Dirección General de la Guardia Civil. Las visitas de los empresarios a Madrid incluían almuerzos en restaurantes de lujo, regalos y fiestas en clubes de alterne que pagaban ellos mismos. Aunque existen fotografías del exdiputado aparentemente posando con prostitutas en clubes junto a empresarios, él sigue negando haber cometido ningún acto ilícito.
Tras conocerse el escándalo, el PSOE forzó a Fuentes Curbelo a devolver el acta de diputado y lo expulsó del partido. Eso no evitó que el conservador Partido Popular haya intentado sacar punta al escándalo, sugiriendo que podría haber otros diputados socialistas implicados, aunque no existe ninguna prueba de ello. “Toda España está mirando hacia la bancada de la izquierda preguntándose quién es quién en la organización criminal”, dice un comunicado del partido, que pidió una comisión de investigación.
El escándalo llega cuando faltan tres meses para las elecciones municipales y autonómicas en varias regiones, que serán un anticipo de las elecciones generales previstas a finales de este año.
Desde el PSOE, contrastaron la inmediata reacción del partido con la actitud del PP, que en los últimos años se ha visto salpicado por varios casos de corrupción. Curiosamente, el destape de las corruptelas de Curbelo ha coincidido con la petición de 15 años de cárcel para Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, que está siendo juzgado junto con otros altos cargos policiales en el llamado “caso Kitchen”. Así pues, no está claro cuál de los dos grandes partidos se presentará a las urnas con una imagen pública más dañada.
El caso Kitchen se refiere a la creación de una estructura dentro del Ministerio del Interior que realizaba operaciones encubiertas con fines políticos. En una de ellas, agentes bajo las órdenes de Fernández Díaz habrían intentado sustraer y destruir documentos del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que demostrarían que el partido lucró con el cobro de comisiones por obras pública. Los esfuerzos del ministro no impidieron que la Audiencia Nacional investigara la financiación irregular del partido e imputara a 30 de sus responsables, lo que llevó a la moción de censura que hizo caer al presidente Rajoy en 2018.
Por otra parte, esta semana también se ha sabido que un tribunal de Madrid ha admitido una querella contra Fernández Díaz por la “Operación Cataluña”, relativo al uso de la guerra sucia contra el movimiento independentista catalán.
La demanda ha sido puesta por los abogados de Sandro Rosell, expresidente del F. C. Barcelona, que pasó dos años en prisión preventiva antes de ser absuelto. El diario La Vanguardia reveló unos audios que sugieren que las autoridades policiales habrían fabricado un falso caso de corrupción contra Rosell para ensuciar el catalanismo.
