El diario El Deber presenta un resumen de cada planteamiento partidario.
Vía: Público.bo |
Mientras la recolección de firmas para un referéndum judicial avanza en las calles del país, en la Asamblea Legislativa Plurinacional los tres partidos con representación parlamentaria presentaron sus propuestas de reglamento para la preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
El diario El Deber publicó este miércoles un resumen de las propuestas del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos. “Tenían que enviarnos las sugerencias y observaciones, pero como hemos podido ver, no ha habido ningún colegio de abogados ni ninguna universidad que hayan hecho llegar sugerencias, algunas organizaciones que sí han hecho llegar hoy (martes), esas más vamos a tomar en cuenta mañana (miércoles)”, declaró la presidenta de la comisión mixta de Constitución, Patricia Arce del MAS.
Este martes se dio lectura a las propuestas del MAS y de CC, esta última elaborada y presentada por la senadora, Silvia Salame, quien elaboró un documento al detalle. En principio se mencionó como una propuesta de las universidades, pero se aclaró que fue presentada por la senadora de CC.
El oficialismo
La propuesta del MAS plantea que sean los parlamentarios de las comisiones mixtas de Constitución y la de Justicia las que trabajen en todo el proceso de preselección. Admitirán el control social como veedores y no como actores del proceso; asimismo prevé la invitación a organismos nacionales o internacionales también como veedores.
Los masistas pusieron 17 requisitos comunes para los candidatos, esta convocatoria tiene siete requisitos más que en 2017, ese año se aprobaron 10 requisitos comunes. El dato curioso salta en el punto 6 del reglamento de 2017, en ese entonces se pedía que los candidatos no debían tener militancia política en ningún partido; ese punto no figura en el reglamento del MAS
También permite que las actuales autoridades o exautoridades judiciales pueden presentarse nuevamente a ser elegidos, solo que no pueden optar por la reelección, pueden cambiar de cuerpo judicial. El MAS también exigirá que todos los candidatos tengan la ciudadanía digital.
Para el puntaje plantean dividir 100 puntos en cuatro etapas: experiencia profesional 30 puntos; evaluación de formación 25 puntos; examen escrito 30 puntos; la entrevista valdrá 15 puntos.
Habrá puntaje para todas las etapas, sin embargo el MAS plantea que sean los propios diputados y senadores de la comisión los que planteen las preguntas, no prevén invitar a instituciones a coadyuvar en esta tarea.
Comunidad Ciudadana
El voluminoso documento tiene 52 artículos en total y el control social aparenta ser el eje de la propuesta, pues otorga a las personas naturales o jurídicas la posibilidad de impugnar y denunciar anomalías del proceso. Pero deben acreditar personalidades de reconocida trayectoria profesional y alto conocimiento de derecho en las respectivas áreas.
En su artículo 10 propone la invitación a las universidades públicas y privadas para que sean invitadas para enviar profesionales formados en áreas específicas y destacados abogados que manejen a la perfección los distintos ámbitos.
Prohíbe a exfuncionarios del Estado a presentarse como candidatos y también sanciona la militancia política y la dirigencia partidaria, aunque con una antigüedad de ocho años, es decir que pueden presentarse los que hayan sido militantes o funcionarios hasta antes de 2014.
En el puntaje es similar a la propuesta masista, 100 puntos divididos en cuatro partes, evaluación curricular, evaluación escrita, examen oral, y entrevista. Los asesores técnicos de las comisiones serán los encargados de elaborar el banco de preguntas y sus solucionarios.
Asimismo, plantea una evaluación sicológica a todos los postulantes. Los precandidatos que irán a la Asamblea deben reunir al menos 70 puntos en las cuatro etapas de calificación y también instruye a las entidades que deben emitir certificados.
Creemos
La bancada de Creemos presentó su propuesta con 31 artículos en total y su principal aporte es la conformación de un “comité técnico de calificación”, que estará integrado por representantes de los empresarios, de los colegios de abogados, de las universidades, los comités cívicos, de los pueblos indígenas de tierras bajas y de tierras altas, además de representantes de la prensa.
Es esta comisión la que realizará todo el trabajo de calificación de los candidatos y preparará un informe para la comisión estableciendo el puntaje que alcanzó cada postulante, de tal modo que los miembros de la comisión mixta reenvíen el informe a la vicepresidente y esta llame a Asamblea para la aprobación del reglamento.
Plantea 18 requisitos comunes entre los que destaca la prohibición de ser militante, de ser dirigente con una antigüedad de 12 años. Asimismo, prohíbe candidaturas de exfuncionarios y no fija límite de tiempo; también prohíbe a los que hayan ocupado cargos de magistrado en elecciones pasadas.
No plantea puntajes porque todo quedará a cargo del “comité técnico de calificación” que tomará en cuenta parámetros que pusieron los técnicos de Creemos.
