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Por: Vladimir Peña |
Un niño llega a un hospital municipal con síntomas de dengue en estado crítico, inmediatamente es derivado a otro de mayor resolución, un Hospital de Tercer Nivel, donde lo espera una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y logra salvarse. Un segundo infante, llega a otro hospital, con similar diagnóstico, los médicos tratan de reanimarlo de tres paros cardiorrespiratorios y fallece. La primera historia es ficticia, la segunda es real, con la agravante que, HDV de tres años, fallecido el 1 de febrero de 2023 en el Hospital Municipal de Montero, estuvo luchando 17 horas por su vida sin que haya sido derivado a terapia intensiva, simplemente, porque el majestuoso Hospital de Tercer Nivel de Montero (HTNM) continúa cerrado, con cuatro camas de UTI pediátricas bajo llave.
Ni las protestas ni la pandemia han logrado sacar de la inercia e indiferencia a los responsables de hacer funcionar el primer hospital de tercer nivel en una provincia cruceña. El HTNM fue abierto de forma extraordinaria a raíz de un fallo constitucional durante la ola más dura del coronavirus el 2020, cuando tenía 90% de construcción. Las flamantes autoridades lo cerraron el 31 de agosto de 2021, con la promesa de reabrirlo en quince días, supuestamente para facilitar su pleno funcionamiento. Han transcurrido quince meses, y después de diez fracasos en su reapertura, solo han reabierto la puerta, porque no atiende ni el 15% de los servicios diseñados originalmente.
La envergadura del centro sanitario, ignorada por muchos, es similar al del Hospital Japonés, con tecnología avanzada: 200 camas hospitalarias, más de una docena de ellas en UTI; un Acelerador Lineal para tratar con radioterapia el cáncer, un Mamógrafo Digital para aliviar las enfermedades que especialmente sufren las mujeres, laboratorios modernos, salas especializadas para hospitalizaciones pediátricas y neonatales, siete quirófanos, una sala con 20 puestos para diálisis y 37 consultorios para la atención de sus 46 especialidades complejas de su cartera de servicios programada, entre ellas, cardiología, neumología, oncología y neurología.
Mientras los hospitales están desbordados, tenemos inconcebiblemente un hospital equipado y cerrado, por pura incompetencia de las autoridades, todo un mensaje del estado de la sanidad pública en nuestro país, que ni el COVID ni el Dengue logran cambiar, como si a nadie le importara defender el derecho a una sanidad pública, universal y de calidad, que los textos legales y discursos políticos proclaman demagógicamente.
La situación aún es más desilusionante, porque los encargados de proteger a la sociedad miran para otro lado, debido a la conjuración del Gobierno Nacional y la Gobernación de Santa Cruz, donde las culpas se reparten por igual a oficialismo y oposición. No existen parlamentarios que fiscalicen, Defensor del Pueblo que vele por los derechos de los vulnerables, ni Ministerio Público que indague las violaciones de derechos humanos que se producen en flagrancia, están ocupados en los temas que le impone la polarización política. Ante esto, hace justo un año, colaboramos a dirigentes sociales del Norte Integrado en una acción constitucional para obligar su reapertura, pese a la escasa confianza en la justicia.
Hace unos días, con sorpresa, recibimos el fallo inapelable del Tribunal Constitucional que categóricamente establece que nunca se debió cerrar el Hospital ‘Oscar Urenda’ y ordena su reapertura inmediata, tutelando el derecho colectivo a la salud de todos los cruceños, ya que, el hospital es de alcance departamental. Es cierto, el fallo llega tarde, porque muchas vidas inocentes se perdieron por el camino, pero, aun así, es un precedente valioso para reimpulsar su reapertura verdadera, tomar conciencia de la importancia de los servicios públicos, poner el foco en lo verdaderamente importante y luchar contra la ineptitud, arbitrariedad y complicidad de los gestores públicos.
No hay pretextos ni excusas que valgan, han actuado con una desidia imperdonable; ni los gritos de auxilios, ni el desgarrador llanto de una madre migrante que regresa al país a enterrar a su hijo, ni el ahogamiento por deudas de miles de familias obligadas a acudir a centros privados, han derrumbado la insensible telaraña burocrática. No caben más mentiras, porque mientras justificaban su incapacidad culpándose unos a otros por falta de presupuesto o personal, la maquinaria de la corrupción ya tenía listo el plan para robarle los recursos al nuevo nosocomio, como testimonian los audios impunes.
Un hospital que debió ser la gran referencia del cambio en la salud se ha convertido en el penoso ejemplo de la catastrófica situación de la sanidad, transitando por un interminable ‘vía crucis’ de imposturas que evidencia la falta de liderazgo, gestión y sensibilidad. Los cambios suceden cuando la gente común se involucra y organiza, en consecuencia, es imprescindible transformar la indignación en movilización, para vencer los obstáculos aparentemente insuperables, y acabar con un sistema pesado, arcaico e insufrible.
| Vladimir Peña es abogado y exservidor público.
