Por: Óscar Ortiz Antelo |
La detención del Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha reactivado la convicción de que en Bolivia se ha perdido el estado de derecho y la ciudadanía sufre un estado generalizado de indefensión frente a un sistema judicial, con tribunales, fiscales y la Policía Nacional sometidos a la intervención política del partido de gobierno. Esto es todo lo contrario de la institucionalidad que constituye el estado de derecho, el cual tiene como principal fin limitar el poder de quienes gobiernan para preservar las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos que habitan en el territorio nacional.
La aprehensión y posterior detención del Gobernador, practicadas con un ejercicio de violencia innecesaria, desproporcionada e impropia de un régimen democrático, tiene, en mi opinión, como finalidad justamente lograr que todos los ciudadanos que habitan en Bolivia, sientan que viven en ese estado indefensión y por lo tanto que no se atreven a desafiar a quienes ejercen temporalmente el poder político desde el gobierno nacional; en el fondo implica una acción de persecución judicial selectiva con la finalidad de que los pobladores de nuestro país renuncien al ejercicio del derecho de ciudadanía, que va más allá de votar cada cinco años y que implica el derecho a participar en el debate de los asuntos públicos y exigir rendición de cuentas a quienes gobiernan.
Esto es lo que podríamos llamar el orden autoritario, en el cual se concentra el poder político y se da cierta libertad económica para que los ciudadanos trabajen, produzcan y emprendan, a fin de garantizar el funcionamiento de la economía, el abastecimiento de los productos de consumo masivo y la creación de empleo, formal e informal, para la gran masa poblacional. El mensaje de fondo es que la gente se dedique a ganar dinero y pagar impuestos para sostener al estado y nadie tenga condiciones reales de competir con el partido oficialista por el gobierno central.
He leído muchos análisis en estos días sobre las causas que llevaron al gobierno nacional a decidir esta medida. Algunos creen que se busca descabezar a Santa Cruz, prácticamente el único factor de contrapoder y de equilibrio democrático en la actualidad, otros que es una represalia por el paro de los 36 días a fin de que Santa Cruz no esté recurrentemente tomando medidas de protesta que puedan desestabilizar al gobierno, sobre todo si tienen resonancia en otros departamentos; también se indica que es una forma de ganar la guerra interna en el MAS, posicionando al actual presidente frente a sus bases duras como el que pudo hacer con Santa Cruz y su principal autoridad electa, lo que Evo Morales no pudo conseguir.
En fin, seguramente las verdaderas causas son una ensalada envenenada de todos esos factores y al final del día solo quienes tomaron esta decisión política sabrán sus verdaderas razones y cálculos alrededor de la misma.
Lo que importa y se comienza a delinear son sus consecuencias, un país cada vez más dividido y confrontado, al interior de la sociedad, entre lo urbano y lo rural, entre el occidente, el oriente y el sur; un estado desacreditado y deslegitimado, especialmente en áreas como la justicia, el ministerio público y la policía nacional; y la desintegración del sentimiento de unidad que debiera inspirar el concepto de la nación boliviana, cada vez más separada en su propia grieta entre visiones muy distintas sobre la democracia, la libertad económica y la estructura del estado.
En el fondo la gente se divide entre lo que se ve como un país inviable atrapado por el odio y el rencor instrumentalizados políticamente mediante la apuesta a la polarización y lo que se concibe como un país viable, que apuesta a la modernidad y a la prosperidad mediante la integración internacional de una economía basada fundamentalmente en la producción privada. Si bien Santa Cruz encarna con mayor claridad esta segunda visión, la misma trasciende las regiones y atraviesa a toda la sociedad boliviana.
Independientemente de como evolucione la coyuntura política lo cierto es que sus consecuencias serán duraderas porque más allá de la persona del gobernador detenido se ha agraviado a todo un pueblo y se procura atemorizar al conjunto de la nación. Quienes creen haber ganado con este episodio tendrán una victoria pírrica pues el amor por la libertad del pueblo cruceño y la convicción democrática del pueblo boliviano, son sentimientos profundamente arraigados que no podrán ser erradicados.
| Óscar Ortiz Antelo ha sido presidente del Senado y ministro de Economía.
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