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UN EXFISCAL, UN DECRETO Y MUCHA IMPUNIDAD ALIENTAN EL AVASALLAMIENTO ARMADO DE TIERRAS

Por: Zulema Alanes B. | 

AVASALLAMIENTOS: EL MAS USA LAS TIERRAS COMO MONEDA DE PAGO DE FAVORES POLÍTICOS

Un decreto firmado por Evo Morales y “grupos a los que favoreció durante 14 años” fueron mencionados como los factores que activan los violentos avasallamientos de tierras en varias regiones del país.

“Han sido favorecidos con tierras donde han querido”, aseguró Angélica Ponce, directora de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT) en referencia a “algunos grupos del compañero Evo” a los que responsabilizó de los avasallamientos de tierras “con el objetivo de afectar al gobierno”.


Angélica Ponce acusó a Evo Morales de machista y quiere la reelección de Arce.

Dijo que como dirigente de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales, conoce todo en torno al tema de tierras y negó que los interculturales sean parte de los grupos armados que desde hace varios meses vienen avasallando por la fuerza predios fiscales y privados en varias regiones del país, especialmente en Santa Cruz.  

“Los interculturales son los hijastros del hermano Evo”, afirmó Ponce a Cabildeo Digital y detalló que “La verdad, durante los 14 años yo he visto que algunos grupos del compañero Evo, algunas organizaciones más que todo, han sido favorecidos con tierras donde han querido, pero los interculturales no”.  

Según el investigador de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, para el Movimiento Al Socialismo las tierras son “monedas de pago por favores políticos, las tierras fiscales disponibles en Santa Cruz y en todo el país han sido otorgadas privilegiando intereses y prebendas políticas, la demanda de tierras no es real, organizaciones afines al gobierno han generado una demanda ficticia y se han conformado pequeños núcleos privilegiados y próximos al poder que han traficado con tierras”.

Esos grupos actúan con impunidad, dijo Colque a Cabildeo Digital, “saben que tiene protección del gobierno, por eso toman los predios que quieren, sean privados, tierras fiscales, reservas forestales, propiedades campesinas o territorios indígenas”.


EL DECRETO DE EVO MORALES, EL MEOLLO DEL PROBLEMA

Aunque Gonzalo Colque no tiene dudas que, durante el gobierno del MAS, se ha entregado tierras a cambio de adhesión política, considera que lo que empeoró todo es el Decreto Supremo 3467 firmado por Evo Morales el 24 de enero de 2018.


Gonzalo Colque, ex director de la Fundación  Tierra

Explicó que ese decreto “introduce modificaciones al reglamento de la Ley del INRA, sustituye el programa de asentamientos de tierras fiscales por autorizaciones provisionales de asentamientos y se ha deformado el sentido de la ley de tenencia, distribución y titulación de tierras”.

Con esa norma, dijo Colque, “se ha otorgado al INRA la competencia para entregar concesiones sin necesidad de cumplir los requisitos establecidos en la ley para el acceso a la tierra”.

Todo hace ver que el DS 3467 estuvo también motivado por razones electorales, puesto que en 2018 Evo Morales ya estaba en plena campaña para consumar su reelección consecutiva y necesitaba el respaldo de todas las organizaciones sociales que adhirió a sus sucesivos mandatos.

Colque señaló que con el referido decreto “empezaron a aparecer supuestas comunidades, nadie sabía de dónde, o sabían, pero a nombre de nueva comunidad obtuvieron autorizaciones de asentamientos”.

En su criterio, la medida adoptada por el gobierno de Morales contribuyó a que la dotación de tierras “sea un proceso corrupto, marcado por negociados y por el tráfico de tierras”.

Dijo que urge la “abrogación del decreto 3467 que es la causa de los avasallamientos, el decreto ha despertado ambiciones y una ola de “nuevas comunidades” que no son indígenas ni campesinas, sólo tienen el interés de traficar con la tierra”.

Insistió que “hay que volver al espíritu de la ley INRA que establece claramente que cualquier distribución de tierras fiscales debe hacerse con programas de asentamientos humanos, entregar la tierra a quien la trabaje, caso contrario continuará la violencia de grupos violentos organizados por cabecillas que sólo quieren lucrar con la tierra”.

“No hay otra forma de controlar la violencia desatada en la toma de tierras y si no se actúa de inmediato estamos enfrentados al riesgo de que los avasalladores se consoliden como grupos armados como ha ocurrido en otros países”.


LA TIERRA SE ESTÁ ACABANDO Y LOS DEL MAS LO SABEN

Gonzalo Colque dijo que la toma de tierras se explica porque “La tierra se está acabando, lo saben, y no descansarán hasta cobrar el último centímetro de tierra como compensación por los favores políticos”.

Añadió que en los últimos años el gobierno del MAS ha autorizado el asentamiento de 1400 comunidades campesinas e interculturales, sin respetar lo que establece la ley INRA.


Grupos armados del MAS, fracción  evista, cuentan con datos del INRA, el apoyo del viceministro de Tierras, y la impunidad judicial

Según esa norma, la distribución de tierras debe priorizar a la población indígena y campesina del lugar que no tenga tierras suficientes o simplemente no tenga tierras, y luego recién considerar a pobladores de otros lugares.

“Eso no ha ocurrido, las tierras se han otorgado según intereses y privilegios políticos, se ha generado una demanda de tierras ficticia, y de esa manera se ha fomentado el tráfico ilegal de tierras”, dijo Colque y subrayó que “la tierra no es de quien la trabaja sino de quien la trafica”.

Según el INRA las tierras fiscales disponibles no superan el millón y medio de hectáreas, empero las organizaciones del MAS han demandado más de nueve millones de hectáreas y a esto se suma que las tierras disponibles están en zonas alejadas, lejos de caminos troncales, no cuentan con servicios y no tienen potencial productivo inmediato.

Esto explica, según el investigador de F. Tierra, “que se haya decidido avasallar tierras en zonas donde existen condiciones para un aprovechamiento inmediato, con un alto valor de mercado”, lo que hace sospechar que los avasalladores habrían accedido a información privilegiada y que existe cierto nivel de complicidad con distintas instancias estatales.

En varios casos era evidente que los avasalladores sabían  las tierras tomadas no habían culminado sus trámites de derecho propietario, como en el caso La Estrella,  tierras incautadas a Ostreicher que estaban bajo control de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados - DIRCABI, que otorgó permiso  de cultivo a los antiguos trabajadores de la propiedad, o el caso Las Londras, que estaba en proceso de saneamiento y probablemente iba a ser declarada tierra fiscal porque se encuentra dentro de una reserva forestal. 


LA IMPUNIDAD AMPARA LA VIOLENCIA

“Cuando un delito queda impune, se lo repite”, advirtió el analista y excandidato vicepresidencial Gustavo Pedraza y aseguró que “existe más de una evidencia que confirma que los involucrados en los avasallamientos son afines del MAS y no temen ser procesados”.


Avasalladores del MAS 

Insistió que “si se saben protegidos e inmunes a la aplicación de la justicia, no habrá fuerza que los disuada”.

Muchos de los que encabezan las tomas de tierra con violencia, a punto de palos, machetes y armas de juego están identificados, pero salvo contadas excepciones no ha sido procesados ni siquiera llamados a declarar y se benefician de los límites que la militancia política ha puesto a la justicia.

En ese contexto, el actual viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, ha sido puesto bajo sospecha.   Todos desconfían del exFical General que en el pasado mandó a la cárcel a un inocente, porque siendo un hombre de leyes no ha hecho nada para exigir la aplicación de la Ley 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras que está en vigencia desde 2013.

Esa ley, autoriza la intervención policial para el desalojo de ocupantes ilegales de tierras privadas o fiscales y establece penas de hasta ocho años de cárcel.  Guerrero “no se ha tomado la molestia de moverse de su escritorio” dijeron a Cabildeo Digital algunos afectados por los avasallamientos de tierras que esperaban que la autoridad de Tierras active los mecanismos que la ley habilita para controlar la violencia que intenta apropiarse de predios privados a punta de palos, machetes y armas de fuego.  

La directora de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, Angélica Ponce, que también es ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia, ha vinculado a los grupos de avasalladores con el expresidente Evo Morales.

No lo dijo Ponce, pero en medio de la pugna política, se sospecha que el exfiscal Guerrero, durante muchos años hombre de confianza de Evo Morales, esté detrás de estos grupos organizados a cambio de apoyo político.

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