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La denuncia unificada llegó a la Fiscalía de La Paz un día antes de la vacación.
Vía: Público.bo |
La denuncia por terrorismo en contra de las autoridades cruceñas que lideraron el paro de los 36 días por el Censo llegó a la Fiscalía de La Paz. Hasta este martes se desconocía si la investigación estará a cargo de una comisión del Ministerio Público o de un fiscal. Hay vacación judicial y, por tanto, se estima que el caso se active en enero.
Los sindicados son cinco: Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Vicente Cuéllar, José Luis Santistevan y Reinerio Vargas. Todos ellos forman parte del Comité Interinstitucional que lideró la protesta por el Censo con el paro indefinido dispuesto por el multitudinario cabildo del 30 de septiembre. Hasta la tarde de este martes no habían recibido la notificación, según informó el diario El Deber.
Al menos tres denuncias penales agrupadas en una sola causa que incluye varios supuestos delitos, pero la acusación de mayor relevancia es terrorismo.
La estrategia fiscal para que el caso se procese en la sede de Gobierno y no en Santa Cruz, consistió en que una de las denuncias incluyó precisamente el delito de terrorismo.
El decreto supremo 138, del 20 de mayo de 2009, promulgado al mes de producirse la matanza en el hotel Las Américas de Santa Cruz, en el gobierno de Evo Morales, señala que “queda consolidada La Paz, como ámbito de jurisdicción procesal para el juzgamiento de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, siendo esta ciudad la sede de Gobierno legalmente constituida donde se encuentran las principales instituciones del Estado”.
El fin de semana, al menos dos voceros del Gobierno declararon que los líderes cruceños deben ser procesados por la violencia, las muertes y las pérdidas que dejó la medida que duró más un mes. Sin embargo, la denuncia unificada se presentó en la víspera la vacación judicial.
Desde este martes, las puertas del Tribunal Supremo de Justicia se cerraron debido a la vacación judicial colectiva establecida por ley y todos los procesos quedan suspendidos hasta la reanudación de actividades, el 3 de enero de 2023, con la inauguración del Año Judicial.
En los tribunales departamentales de justicia del país la atención será limitada. Si bien funcionarán algunos juzgados de turno en materia penal como cautelares, Familia, Niñez y Adolescencia, están suspendidas las audiencias de juicio y los plazos de estos procesos.
Fuentes cercanas al Ejecutivo y el Poder Judicial dijeron que esto afectará al caso contra los cinco del Comité Interinstitucional, ya que el mismo debe ser sorteado para que un juez se haga cargo del control jurisdiccional de las investigaciones que desarrolle la Fiscalía de La Paz y los elementos de defensa que sean activados por los abogados de los sindicados.
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