ESCENARIOS POSIBLES PARA EL FALLO DE LA HAYA

Por: Zulema Alanes B. | 

Con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya, este 1 de diciembre, llega a su fin el diferendo entre Bolivia y Chile sobre las aguas del Silala.

El caso se inició en 2016, cuando Chile presentó una demanda pidiendo a la CIJ que declare al Silala un río internacional de cauce sucesivo y de uso de aguas compartidas. 

Durante el proceso Bolivia, que siempre reivindicó que el Silala es un afluente que nace en su territorio en manantiales y aguas subterráneas y exigió a Chile el pago por el uso de esos afluentes, terminó admitiendo que se trata de un curso de agua internacional. 

Chile demandó a Bolivia ante los estrados internacionales a poco de que el expresidente Evo Morales afirmara que “Chile le roba las aguas del río Silala a Bolivia” y ante el anuncio del canciller y actual vicepresidente, David Choquehuanca, de que Bolivia preparaba una demanda internacional.

Ante la inminencia del fallo, el equipo de expertos del Laboratorio de Análisis de Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia (LAPRID), delineó tres escenarios posibles frente a la decisión que dará a conocer la CIJ.

En un documento titulado “Una prognosis no gubernamental para desmitificar al Silala y proteger los recursos estratégicos e hídricos de Bolivia”, asegura que en los alegatos escritos y orales del juicio se “ha generado una suerte de desmontaje de los mitos construidos sobre el tema”.

UN FALLO A FAVOR DE CHILE

Un escenario posible es un fallo favorable a Chile y desfavorable para Bolivia que, según LAPRID, significaría dar la razón a Chile en sus demandas de fondo sobre la naturaleza de las aguas del Silala en tanto “curso de agua internacional”, así como el derecho al uso del 100% de las aguas. 

Señala que “Este escenario favorable a Chile tiene importantes posibilidades y probabilidades de concretarse debido, en gran medida, al reconocimiento de Bolivia respecto de la naturaleza de las aguas del Silala como un “curso de agua internacional”, al que le ha añadido el concepto de “mejorado artificialmente”. No obstante, de este último concepto, el haber reconocido al Silala como curso de agua internacional también implica el reconocimiento de todos los principios del derecho internacional sobre cursos de agua compartidos distintos a la navegación”.

Destaca que, en este escenario, “será más que difícil y complicado para los jueces de la Corte reconocer el concepto introducido por Bolivia sobre la “artificialidad de una parte del caudal de las aguas del Silala”, dado que no existe jurisprudencia sobre ello. Asimismo, en el hecho hipotético que la CIJ llegara a aceptar el concepto mencionado, correrían el riesgo de comprometer varias otras cuestiones de orden técnico-científico y jurídico, con el riesgo de perturbar el orden jurídico internacional que actualmente rige en muchos otros casos en el mundo”.

También es previsible que los jueces de La Haya “tomarán muy en cuenta que el carácter artificial de las aguas del Silala argumentado por Bolivia tienen su origen en la mejora de su flujo superficial gracias a las canalizaciones realizadas en su territorio alrededor del año 1920 y que dichas obras fueron consentidas por Bolivia a la empresa de ferrocarriles FCAB chilena, en el marco de la Concesión de 1908 que hasta la fecha no la retiró”.

En este escenario, Bolivia estará sujeta a principios del derecho internacional sobre cursos de agua compartido, y Chile, al amparo de un fallo favorable, obviamente exigirá que se dé pleno cumplimiento a su derecho reconocido.

“Bolivia podría desmantelar los canales “artificiales” como un acto “simbólico de soberanía” pero sin lograr ningún beneficio concreto respecto del uso de estas aguas y menos de una pretendida compensación económica por parte de Chile. El hecho de fondo y requisito fundamental es que Bolivia no podría hacerlo mientras no demuestre (estudio internacional de impacto ambiental) que dicha acción no afectará a Chile; ello en cumplimiento al principio de no causar daño sensible al otro Estado coribereño, ergo Chile, que muy probablemente determinen los jueces a favor de Chile y Bolivia”.

UN FALLO FAVORABLE A BOLIVIA

Según el estudio de LAPRID, un veredicto favorable a Bolivia, por el que se acepten sus tres contrademandas presentadas por Bolivia al finalizar la fase de alegatos orales, “es poco probable y menos posible. Inicialmente porque una de las partes, en este caso Bolivia, ha reconocido, por pruebas científicamente realizadas, que el Silala es un curso de agua compartido”.

Asimismo, dado  que uno de los elementos centrales que los jueces de la Corte deben aceptar es “la existencia de “un flujo mejorado” que Bolivia denominó “agua artificial” sobre el cual Chile no tendría derecho adquirido y por el que, además, ese país debería pagar si decide hacer uso de dicho volumen de agua, implicaría hallar jurisprudencia sobre el concepto – que hasta el presente no se lo conoce en casos similares a nivel de relaciones internacionales – o crear la misma a partir de la cual se aplicarían en otros casos similares a nivel mundial, con el consiguiente efecto de desorden e incertidumbre en los acuerdos bilaterales preexistentes sobre recursos hídricos compartidos”.

UN FALLO SALOMÓNICO

Un fallo que favorezca a ambas partes de todas maneras debiera considerar elementos de fondo a favor de Chile y elementos subsidiarios a favor de Bolivia, asegura LAPRID porque “En tal eventualidad, el uso de las aguas del Silala estará sujeto a una negociación técnico-diplomática cuyos extremos de la misma estará determinada por el 100% de aprovechamiento de dichas aguas por parte de Chile y el derecho de Bolivia de hacer uso significativo del 50% de estas aguas siempre y cuando demuestre que existen usuarios de ella (consumo humano, actividad económica significativa o preservación medio ambiental, como protección RAMSAR, entre otros”. 

RAMSAR es un Tratado Internacional (1971) relativo a la conservación y uso racional de los humedales, está integrado por 119 países.

LAPRID asegura que “de no ser así, la posible pérdida de soberanía de Bolivia sobre dichos recursos será más que evidente y, por lo tanto, las implicancias políticas serán extremadamente delicadas. En este escenario de “equilibrio relativo”, la decisión de Bolivia de desmantelar los canales será similar al planteado en el escenario de fallo favorable a Chile”.