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Por: Zulema Alanes B. |
La Asamblea Legislativa Plurinacional se ha convertido virtualmente en una fortaleza inaccesible para la ciudadanía y son contados los senadores y diputados que utilizan los instrumentos a su disposición para cumplir con su tarea de fiscalización, según un estudio sobre cómo se cumple la función fiscalizadora en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizado por la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD Bolivia).
“Hay mucha falta de información y total falta de transparencia”, dijo a Cabildeo Digital la vocera de OCD Bolivia, Sandra Verduguez, y detalló que “cuando vas a la Asamblea Legislativa es muy difícil que te den información. Jamás nos han respondido, ni siquiera a las sesiones públicas nos permitieron entrar, no hay canales abiertos a la ciudadanía. No están acostumbrados al monitoreo, no entienden que somos veedores, hablan de gobierno abierto, pero es difícil acceder”.
La OCD Bolivia realiza veeduría ciudadana a la ALP con el fin de promover la transparencia y el derecho de acceso a la información, pero también involucrar a la ciudadanía en los asuntos públicos.
Ante la falta de respuesta de las presidencias tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados a la solicitud de permitir la presencia de monitores ciudadanos en las sesiones del pleno, en las comisiones y en otros espacios de la ALP, la veeduría se realiza a través del seguimiento a páginas web, a las sesiones transmitidas por Facebook y gracias a la colaboración de senadores y/o diputados.
Debido a las limitaciones impuestas por las máxima autoridades del legislativo, el estudio sobre la función fiscalizadora en la ALP se realizó sólo en la Cámara de Senadores entre los meses de julio y agosto de 2022.
LA FISCALIZACIÓN EN LA NEBULOSA
Además de las tareas de gestión, en cumplimiento de sus atribuciones, el Poder Legislativo debe legislar y fiscalizar. Cuenta con instrumentos para cumplir su función fiscalizadora, sin embargo, “por desconocimiento o por acuerdos políticos la fiscalización no es frecuente, y su aplicación enfrenta varias dificultades que diluyen el objetivo inicial o le quitan su cualidad” destacó Sandra Verduguez.
Entre los instrumentos de fiscalización disponibles, están la Petición de Informe Escrito (PIE), la Petición de Informe Oral (PIO), y la Demanda de Interpelación (DI) que puede derivar en la Censura de la autoridad cuestionada.
El estudio de OCD Bolivia determinó que son contados los legisladores que cumplen con su labor fiscalizadora, “aunque todos los instrumentos existen en el reglamento de senadores pueden ser mal utilizados, parece que no son conocidos por todos, muy pocos senadores y menos diputados solicitan este tipo de información”, detalló Verduguez.
Entre julio y agosto de la presente gestión, se formularon 60 Peticiones de Informes Escritos PIE y, de ese total, 22 fueron enviadas a Ministros de Estado por senadores del oficialismo y de la oposición. Según la vocera de OCD Bolivia, “es importante destacar que desde que asumió la presidencia Luis Arce, los legisladores del Movimiento Al Socialismo han activado varios recursos de fiscalización, algo que no ocurrió durante el gobierno de Evo Morales, lo que confirma la idea de que, en muchos casos, la fiscalización no es entendida como parte de la responsabilidad de los legisladores sino como un mecanismo que se activa por razones políticas”.
Según el estudio realizado por OCD Bolivia, muchas peticiones de informe oral o escrito se quedan en el camino y no cumplen el objetivo para la que fueron creadas. Verduguez detalló que “la revisión permitió establecer que no existe información detallada, se registran las peticiones, pero no se sabe cuál fue su resultado, es decir, que se desconoce el impacto de la fiscalización”.
El seguimiento a las PIE evidenció que el Ejecutivo recibió más peticiones y diferentes solicitudes de información fueron enviadas a la mayoría de los ministerios. En segundo lugar, se encuentran las peticiones a los Gobiernos Departamentales y, en tercer lugar, las peticiones a los órganos judiciales.
El monitoreo evidenció que no hay información sobre las respuestas a las PIE en la página web de la Cámara de Senadores y la única información disponible es la elaborada por la Segunda Secretaría de este órgano legislativo.
“En la actual legislatura, el senador de Creemos y segundo secretario de la Cámara de Senadores, Julio Romaña, reportó para la OCD un detalle de la PIE que muestra un incremento en el porcentaje de respuestas de 20% a 80%. Sin embargo, no se tiene información sobre el resultado de las peticiones”, detalló Verduguez.
FISCALIZAR BAJO EL CONTROL GUBERNAMENTAL
Comunidad (CC), que tiene una representación del 30% en el Senado, es la bancada que ha presentado más PIE, principalmente para solicitar información a ministerios, pero también a gobiernos departamentales. La senadora por CC, Cecilia Requena, detalla en su página web https://senadoraceciliareq.wixsite.com/my-site
Las 39 PIE en la gestión 2020 – 2021, de las cuales 10 corresponden a áreas protegidas y cuencas hidrográficas y 15 a minería. No se tiene información sobre otros senadores que difundan esta información a través de páginas web o redes sociales.
El Movimiento al Socialismo presentó 17 PIE, de los cuales, 9 fueron dirigidas a Ministerios. El resto fue dirigido a gobiernos departamentales, municipales y a instancias judiciales.
Creemos, que representa el 11% en la Cámara de Senadores, presentó 5 PIE a Ministerios y dos al Fiscal General del Estado y al Procurador General del Estado.
Si fiscalizar no es una tarea frecuente entre los legisladores, cuando se cumple con esa atribución, las peticiones de informes a Ministros de Estado están sujetas a un estricto control de instancias gubernamentales.
“Todas las PIE dirigidas a Ministerios pasan por el control del Viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental, encargado de la coordinación de la gestión del Órgano Ejecutivo y con la Asamblea Legislativa. El titular de este Viceministerio es Gustavo Torrico”, detalló Verduguez.
Y subrayó que “antes de la gestión de Luis Arce Catacora no se habían registrado PIE a Ministros de Estado desde el Movimiento al Socialismo, es decir, que tuvieran como peticionarios a senadores o diputados del partido de gobierno”.
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