.jpg)
Por: José Luis Saavedra |
En el complejo decurso de la década más reciente hemos estado y, hoy mismo, continuamos asistiendo a una intensa ofensiva transgénica en el país, activamente prohijado por el régimen MASista, en coalición -subordinada y dependiente- con las empresas transnacionales (dueñas de las semillas transgénicas y también de los agrotóxicos) e incluso con la universidad pública (la “Gabriel René Moreno” hoy ofrecida al agronegocio). Estas entidades operan exigiendo la urgente (e ilegal) introducción de más eventos transgénicos.
Aquí hay necesidad de decir que la problemática de los transgénicos se inserta en el complejo contexto de desafíos realmente serios, tales como los emergentes de los incendios forestales, varios de ellos en y con categorías verdaderamente catastróficas, como los de sexta generación (cuyas causalidades no son sino las crecientes ampliaciones de la frontera agrícola). También estamos ante la salvaje e ilegal minería del oro y el uso y (en realidad) abuso del mercurio que se vierte -criminalmente- en los ríos y lagunas de la cuenca amazónica.
Lo peor de todo es que estas catástrofes eco-ambientales son una consecuencia lógica de la visión capitalista del desarrollo, ecocida, etnocida y potencialmente genocida, que (entre otras múltiples derivaciones) impulsa la brutal apertura de la frontera agropecuaria a costa de los bosques, espacios forestales, áreas protegidas, parques nacionales, reservas de la biosfera, etc., tanto que en verdad “es realmente suicida lo que estamos haciendo”.
En este contexto de colapso ecológico (el concepto es de Svampa), la expansión del agronegocio, los cultivos de caña de azúcar, soya, maíz y algodón transgénicos arrasan veloz y violentamente los ecosistemas y biomas del oriente, chaco y amazonia. De acuerdo con Sara Crespo, “el agro-extractivismo es la principal amenaza debido a que es la que destruye la mayor extensión de territorio, estamos (pues) hablando de la producción de monocultivos de soya, maíz, y la ganadería para la exportación”. Estas actividades depredadoras generan una intensa e irreparable deforestación.
La deforestación avanza sobre la Chiquitania, tanto que el 80% de la deforestación se produce en el departamento de Santa Cruz, con más de cinco millones de hectáreas deforestadas. Más aún, el régimen del MAS ha pactado -servilmente- con los actores agroempresariales un paquete normativo (leyes y decretos) que facilita y promueve el avance del agronegocio, expandiendo la frontera agrícola y dando luz verde al cultivo de transgénicos para la producción (hoy) de etanol. “Si nos preguntamos -como tan bien dice Sara Crespo- quiénes están detrás de todo este impulso de deforestación para beneficiar al agronegocio, es claro que son las grandes corporaciones que controlan los mercados de semillas, de insumos (agrotóxicos) y de maquinaria”.
Más recientemente, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) ha solicitado al gobierno del MAS introducir más eventos transgénicos al país y, específicamente, ha pedido que la soya transgénica resistente a la sequía HB4 pueda ser evaluada por el Comité de Bioseguridad Alimentaria. A propósito, una noticia nueva es en verdad alarmante: “Comité de bioseguridad alimentaria aprobó el evento de soya transgénica HB4” (PAT Digital, 20 julio 2022) y no es cierto que haya aprobado. El Comité de Bioseguridad sólo ha dado curso a la evaluación del evento de soya transgénica HB4 y esto no significa que lo haya aprobado. Con todo, la semilla de soya transgénica HB4 no es sino un evento de tolerancia al herbicida glufosinato de amonio. El HB4 incorpora, pues, otro herbicida, el glufosinato de amonio, cuyo efecto toxico es muchísimo mayor que el glifosato.
La solicitud realizada por la ANAPO viola flagrantemente tanto la Constitución Política del Estado (que ya es grave), como varias leyes específicas, como la Ley Nº 300, Ley Marco de la Madre Tierra, la Ley 3525 de Producción Ecológica en Bolivia, y la Ley Nº 401, Ley de Celebración de Tratados, y el DS Nº 4490/2021, que abroga los decretos firmados durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez, es decir que deroga las evaluaciones abreviadas de OGM y la zonificación del maíz transgénico.
Por todo ello, si el régimen MASista continúa con el “modelo” de desarrollo ecocida, manifiesto en la introducción de actividades extractivistas en las áreas protegidas, la destrucción de nuestros bienes comunes y recursos naturales (bosques y biodiversidades), la violenta invasión (por grupos armados) de los territorios indígenas, la ampliación de la frontera agrícola para cultivos transgénicos y, encima de todo ello, autoriza el evento transgénico de la soya HB4, absolutamente contrario a la seguridad y soberanía alimentaria, al derecho a la alimentación, a la protección de los recursos biodiversos y al cuidado del medio ambiente, entonces estaría subordinándose -servilmente- al círculo vicioso de aprobar eventos cada vez más tóxicos para los suelos, las biodiversidades, las aguas y la salud humana y ambiental.
Así, aun cuando aquí manda la república de la soya y las transnacionales cuentan con un gobierno servil a sus intereses geopolíticos, conviene reiterar que vivimos y sufrimos (tanto en el campo como en la ciudad) una fuerte arremetida a favor del agronegocio, expresado en la introducción de más transgénicos en el país, el arancel cero a la importación de agroquímicos, los graves impactos en los ecosistemas y en la generación de plagas, el incremento de la canasta básica de alimentos, los mismos que están con cargas (cada vez más altas) de agrotóxicos, y un difuso y doloroso etcétera.
No podemos pues terminar este artículo, sin hacer un llamado a defender nuestra calidad de vida, nuestros bosques, que son generadores de lluvia, sin agua no podemos vivir, sin agua no hay vida, y también a oponernos a los transgénicos y a apostar por la agroecología.
| José Luis Saavedra es miembro de Somos Sur y profesor de teoría y política poscolonial.
%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(1)%20(2).jpg)
