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Por: Zulema Alanes B. | Estocolmo, Suecia |
La libertad de prensa sufre un retroceso sin precedentes y los periodistas desarrollan su trabajo en un contexto de criminalización y asfixia económica en la mayoría de los países de América Latina según coincidieron periodistas de Bolivia, Colombia, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Más de 50 periodistas advirtieron de los serios riesgos que amenazan su trabajo durante un encuentro regional en Estocolmo, Suecia, con el que culminan 14 meses de formación en el Programa Internacional de Capacitación en Autorregulación de Medios en un Marco Democrático a cargo de NIRAS Sweden, auspiciado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi).
Cabildeo Digital entrevistó a periodistas de los cinco países y todos coincidieron que la criminalización, la presión impositiva y la asfixia económica a través de la negación de publicidad estatal, así como serios obstáculos para el acceso a la información se repiten en todos los países donde la libertad de expresión está bajo permanente amenaza.
Dijeron que desde las esferas del poder se promueve una retórica contra los medios y una generalización de discursos estigmatizantes que tienen como objetivo deslegitimar la labor periodística y generar un ambiente de desconfianza.
“Los ataques contra la prensa son cada vez más visibles y virulentos, fragilizan la profesión y alientan procedimientos judiciales abusivos, campañas de difamación e intimidaciones”, destacó la periodista guatemalteca Ana Carolina Alpírez y su colega de Honduras, Rosa Morazán, puntualizó que su país ocupa el lugar 165 entre 180 países evaluados en el ranking de libertad de prensa 2022 de Reporteros sin Fronteras
“La prensa independiente siempre ha sido asediada y los métodos siempre han sido los mismos”, complementó el periodista colombiano Ignacio Gómez, en tanto su colega boliviano, Marco Zelaya, denunció que “desde el gobierno se activa la presión impositiva y la asfixia económica contra la prensa independiente, los periodistas son blancos de ataque en medio de los conflictos sociales y, como nunca, han sido víctimas de secuestros”
Los periodistas de El Salvador solicitaron mantener sus nombres en reserva debido a que la situación en su país es especialmente crítica por cuanto “el gobierno construye una narrativa de criminalización del oficio periodístico y amenaza con mandar a la cárcel a los periodistas”.
SE REPITE EL MISMO PATRÓN AUTORITARIO
“Durante el conflicto armado muchos periodistas murieron, otros optaron por la autocensura, pero hoy la situación también está muy mal, no están matando periodistas físicamente, pero hay un sistema que intenta apagar a la prensa que incomoda”, dijo Alpírez y denunció que “las autoridades han optado por criminalizar a los periodistas”.
En su criterio “los gobiernos autoritarios de la región repiten el mismo patrón de ataques a la prensa” y detalló que Guatemala al igual que Nicaragua y Honduras “se están convirtiendo en países cada vez más hostiles para los periodistas que cuestionan al poder, se enfrentan a amenazas, exilio, persecución y, en algunos casos, detenciones arbitrarias, como la que recientemente sufrió José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, sindicado de lavado de dinero”.
Acotó que esas medidas atemorizan a los periodistas que no descartan el camino de la autocensura o el exilio para ponerse a buen recaudo “como ocurrió con el periodista Juan Luis Font fundador y director de varios medios, obligado a abandonar el país por las amenazas”.
Alpírez relató que para hacer frente a los abusos del poder los periodistas impulsan “una acción conjunta llamada “No nos Callarán” para denunciar el acoso judicial, la fabricación de casos, las campañas de descrédito y otro tipo de intimidaciones en contra de la prensa”.
El diario El Periódico es uno de los medios más críticos al abuso del poder y ha desvelado casos de corrupción que han salpicado a los últimos tres mandatarios de Guatemala.
“No permiten ser fiscalizados y criminalizan al periodismo, no nos atacan porque erramos en el ejercicio del periodismo, sino con acusaciones como el supuesto lavado de dinero, su fin es desacreditar al periodismo, el mismo patrón de ataques en todos los países”, subrayó Alpírez.
Por su parte, Morazán coincidió que “Hay un deterioro muy grave de la libertad de prensa en Centroamérica, se está haciendo uso del sistema de justicia, pero la justicia no restituye nuestros derechos”.
“Estamos viendo con mucha preocupación cómo se están extendiendo estas prácticas, completamente autoritarias”, subrayó.
La situación en El Salvador es similar. En 2020, el propio presidente Nayib Bukele anunció en cadena nacional que su gobierno había emprendido una investigación en contra del periódico digital El Faro por supuesto lavado de dinero y sus funcionarios subalternos amenazaron a los periodistas de ese medio con mandarlos a la cárcel por violadores o lavadores de dinero.
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) denunció ataques, intimidación, casos de espionaje y desacreditación y advirtió del “ambiente hostil generado por el gobierno en contra de la prensa”.
ASFIXIA ECONÓMICA, COOPTACIÓN E INTIMIDACIÓN
Los periodistas Ignacio Gómez y Marco Zelaya, de Colombia y Bolivia, respectivamente, aseguraron que la asfixia económica, la cooptación de medios de comunicación y la intimidación de periodistas son métodos utilizados históricamente por todos los gobiernos.
En el caso de Colombia, Gómez dijo que “el Estado es un gran aportante de publicidad y siempre se excluyó de la torta publicitaria a los medios independientes, pero además se presionó a contratistas privados para que levanten la publicidad, pero el mayor problema es la cooptación de los medios por parte del Estado, en procura de impunidad ante actos de corrupción, una estrategia para silenciarnos”.
Detalló que muchos medios fueron cooptados y otros desaparecieron “y con el cambio de gobierno no se espera que suceda otra cosa, ya experimentamos la persecución del actual presidente Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, por denunciar contrataciones públicas y nombramientos ilegales”.
Gómez recordó que Colombia “es un país con tradición de asesinatos de periodistas, aunque en los últimos años cambiaron sus métodos y decidieron cooptar a los medios, transformaron al periodismo tradicionalmente crítico en un periodismo adulador y manipulador y aunque podrían esperarse sorpresas en camino de restablecer el derecho a la información, no hay señales de que ocurra”.
Desde la realidad boliviana, Zelaya reconoce que “tenemos elementos comunes, en todos los países el poder se ha dado a la tarea de vulnerar la libertad de expresión y debilitar la democracia, la queja común es que el poder no tiene límites, están persiguiendo, atacando y estigmatizando a los medios”.
Insistió que “Hay un patrón común, creo que tiene que ver con el hecho de que los gobiernos que han llegado al poder no creen en la democracia ni en la libertad de expresión, algo tan fundamental para la democracia, desestructuran y comienzan a desarticular el sistema en vez de profundizarlo con mayor pluralismo”.
En su criterio, al atacar a la prensa “se ataca al conjunto de la sociedad porque la libertad de expresión es un derecho de todos, lo único que diferencia a los periodistas del resto es que nosotros hemos elegido la posibilidad de trabajar profesionalmente para hacer posible la vigencia de este derecho”:
Dijo que las presiones ejercidas desde el poder vulneran el derecho a la libertad de expresión y “la asfixia económica, la violencia, los secuestros, el prebendalismo, condenan a los periodistas a una situación de extrema vulnerabilidad”.
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