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Por: Carlos Ibáñez Meier |
Hay momentos en que un Gobierno debe decidir si está dispuesto a ejercer plenamente la autoridad que le confiere la democracia. Para Rodrigo Paz, ese momento ha llegado. Evo Morales no solo enfrenta órdenes de aprehensión vigentes: intenta reconstruir una estructura política para volver a disputar la Presidencia en 2030, desafiando otra vez los límites constitucionales que ya intentó superar en su gobierno.
El atrevimiento resulta difícil de ignorar. Apenas nueve meses después de iniciado el Gobierno de Paz, el expresidente ya instruye a sus seguidores a fortalecer la militancia. Su movimiento, Evo Pueblo, prevé un congreso nacional en marzo de 2027, y dirigentes evistas plantean ya un referéndum para preguntar si los bolivianos quieren que vuelva a ser candidato.
Esto no es actividad política ordinaria. Morales gobernó tres períodos constitucionales, y el marco vigente limita la reelección a dos; el propio Tribunal Constitucional ha establecido que ese límite no puede excederse. Su pretensión de regresar es un desafío abierto a las reglas que garantizan la alternancia democrática.
Existe un antecedente contundente: el referéndum del 21 de febrero de 2016, convocado para decidir si se modificaba el artículo 168 de la Constitución y se permitía una nueva postulación de Morales y García Linera. El No obtuvo cerca de 51,3% frente al 48,7% del Sí. Morales dijo que respetaría el resultado; sin embargo, una vía judicial posterior habilitó su candidatura en 2019 anulando, en la práctica, el límite de mandatos, con la crisis institucional que ello desató. Una década después, repite la maniobra: si la Constitución no permite su candidatura, propone un referéndum; si el límite se lo impide, busca modificarla; si el Tribunal fija límites, intenta construir una nueva legitimidad para cuestionarlos. Se repite el intento de colocar la voluntad de una persona por encima de las reglas aceptadas por todos.
El problema no es que Morales quiera participar en política —en democracia tiene derecho a hacerlo dentro de la ley—, sino que pretende convertir su candidatura personal en una excepción al orden constitucional. Y aquí Paz tiene una responsabilidad histórica.
Morales enfrenta órdenes de aprehensión vinculadas a la trata y tráfico de personas y a los bloqueos de 2026, que incluyen delitos como terrorismo y alzamiento armado. Mientras sigan sin ejecutarse, conserva un poderoso argumento político: presentarse como un dirigente perseguido que, desde el Chapare, organiza su regreso al poder. Eso es justamente lo que el Gobierno no debería permitir.
Aprehenderlo no debe ser una venganza política, sino la ejecución de órdenes judiciales dentro del Estado de derecho: si existe una orden válida, la obligación del Estado no puede depender de la popularidad o la capacidad de movilización del acusado. Dejarlo protegido indefinidamente en el Chapare mientras organiza una nueva candidatura transmitiría un mensaje devastador: que en Bolivia hay territorios con dirigentes por encima de la Justicia, un precedente más peligroso que el propio Morales. Si es detenido respetando escrupulosamente sus derechos, con una orden clara, sin violencia innecesaria y puesto de inmediato a disposición de la Justicia, el Gobierno no estará eliminando a un adversario: estará demostrando que las instituciones funcionan.
Paz tampoco debería creer que la captura resolverá los problemas económicos del país: no acabará con el déficit fiscal ni la escasez de carburantes o la inflación. Pero la recuperación económica requiere algo que el FMI no puede dar por sí solo: confianza en las instituciones. Un país donde las órdenes judiciales quedan sin ejecutarse porque el acusado tiene una poderosa organización política tendrá dificultades para convencer a los inversionistas de que sus contratos serán respetados; la aprehensión de Morales sería, así, prueba de que Bolivia recupera el Estado de derecho.
Aparece entonces una paradoja: Morales pretende ser candidato en 2030 pese a que su candidatura está constitucionalmente cuestionada y pese al antecedente del 21F, y antes de que comience formalmente la próxima carrera presidencial ya intenta modificar las reglas del juego para regresar al Palacio Quemado. Paz debería impedir que la historia se repita, no mediante una prohibición ni una persecución, sino mediante el estricto cumplimiento de la Constitución y de las decisiones judiciales. Ningún referéndum puede convertir en constitucional lo que la Constitución y la jurisprudencia prohíben: la democracia no consiste solo en votar, sino en respetar las reglas que dan legitimidad al voto, e ignorar de nuevo el mandato del 21F sería una afrenta a quienes participaron en esa consulta.
Paz tiene una oportunidad histórica: ser recordado como el presidente que solo administró la crisis heredada, o como el que ayudó a reconstruir la institucionalidad boliviana tras años de confrontación. Para lo segundo deberá tomar decisiones difíciles, y una de ellas es Evo Morales —no porque sea su adversario político, sino porque no debería ser necesario ser adversario para hacer cumplir la ley. Bolivia no necesita otro caudillo intocable, sino instituciones que sobrevivan a los caudillos que tanto daño le han hecho al país.
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