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Por: Amalia Pando |
Este lunes 22 de agosto, podrían ser detenidos en Santa Cruz ocho dirigentes sindicales de YPFB TRANSPORTE en un juicio político parecido al de los periodistas en La Paz, juicios que buscan castigar a todos quienes trabajaron en el aparato estatal o ejercieron funciones sindicales durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez.
LA PRIMAVERA SINDICAL DE 2020
Cuando Evo Morales se encontraba autoexiliado en Argentina, estos ocho trabajadores fueron electos democráticamente para ejercer funciones sindicales en YPFB Transporte en reemplazo a la camarilla del masista Rolando Borda. Su gestión debió terminar recién en diciembre de este año.
Sin embargo, con el retorno de MAS al gobierno y la reposición de Borda, comenzó la persecución sindical. La actual ministra del Trabajo, Verónica Navia, ni bien fue posesionada, revocó la resolución del Director Departamental del Trabajo de Santa Cruz, de enero de 2020, que había reconocido a la nueva directiva del sindicato de YPFB Transporte y otorgado en consecuencia el derecho al fuero sindical y a la declaratoria en comisión.
NUNCA ANTES EN NUESTRA HISTORIA
Pero, el gobierno de Arce Catacora no solo ha desconocido el derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus dirigentes, sino que pretende aplicar sanciones ejemplificadoras al sindicalismo independiente.
La fiscal Marcela Terceros les abrió un proceso penal por conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y contribuciones y ventajas ilegítimas, todo en mérito a una denuncia formalizada por la empresa.
Son delitos que solo se pueden atribuir a funcionarios públicos y los ocho dirigentes petroleros nunca fueron funcionarios públicos, son trabajadores de una empresa mixta inscrita legalmente como una Sociedad Anónima, según reza en su matrícula de comercio expedida por SEPRAC.
PARA LAS LICITACIONES SON PRIVADAS
El gobierno de Arce Catacora ha sido el primero en definir a las subsidiarias de YPFB, Refinación y Transporte, como empresas mixtas por tener un componente minúsculo de accionistas privados que no llega al 0,1 %. Esta participación accionaria privada ha sido usada por este gobierno para gambetear los procedimientos y controles fiscales en licitaciones millonarias como la primera realizada a fines de junio para la construcción de plantas de biodiesel.
NUNCA FUERON FUNCIONARIOS
Por otra parte, desde la creación de la empresa estatal YPFB en 1936 sus empleados y obreros nunca fueron considerados funcionarios públicos, por el contrario, los trabajadores petroleros siempre gozaron de los derechos que les otorga la Ley General del trabajo, entre ellos a la sindicalización independiente y a la huelga.
Este criterio también fue aplicado en 2015 por la fiscal Mabel Andrade cuando rechazó una denuncia del entonces diputado Tomás Monasterios contra el masista Rolando Borda por uso indebido de bienes del Estado. Entonces la fiscal afirmó que Borda no era funcionario público y por lo tanto cerró el caso.
PERSECUCIÓN INFAME
Hoy, la misma Fiscalía da vuelta el argumento que sostuvo en 2015 y tuerce la ley para castigar a estos ochos dirigentes. La fiscal Terceros ha convertido el salario que los dirigentes sindicales percibieron mientras estuvieron en comisión en una ventaja ilegítima que habría causado daños al Estado y habría sido obtenida mediante el uso indebido de influencias.
Este proceso judicial es aún más injusto e ilegal tratándose de YPFB Transporte donde la camarilla de Rolando Borda está en comisión desde hace más de dos décadas con sueldos que van desde los 18 mil bolivianos hasta los 40 mil, gozando además de 120 horas extras y 70 nocturnas por mes, según la denuncia de los propios trabajadores que nunca fue desmentida.
SILENCIO ENCUBRIDOR
Además de los exorbitantes salarios de Borda y sus amigos que la Fiscalía nunca quiso investigar, hay pendientes varias otras denuncias contra los ejecutivos de YPFB Transporte que presuntamente han causado daños millonarios al Estado.
La principal está referida a los contratos directos con la trasnacional TRAFIGURA para la importación de diésel y gasolina, una empresa vetada con un largo historial de sobornos en México, Brasil y Argentina, cuyo representante legal en Bolivia, Mauricio Marañón, es un exfuncionario de YPFB que arrastra procesos por corrupción desde el 2015, según el diputado del MAS Hernán Hinojosa quien en junio pasado pidió un informe escrito al presidente de Yacimientos, Armin Dorgathen.
Este es uno de los muchos contratos sospechosos suscritos últimamente por las subsidiarias de YPFB.
Para el próximo lunes 22 de agosto, el juez 5to de Instrucción Anticorrupción de Santa Cruz ha fijado audiencia de medidas cautelares en la que se teme los ocho dirigentes de YPFB Transporte podrían ser remitidos a la cárcel de Palmasola en flagrante vulneración AL DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL CONTENIDO POR EL ARTICULO 51 DE LA CPE., también establecidos en los convenios 87 y 98 de fecha 1948 de la OIT, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización.
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