“Me han negado todo y tratado peor que a nadie pero fui, soy y seré la Presidenta Constitucional que asumió su deber tras la huida del cobarde”, señaló.
Vía: Página Siete | El Deber |
Añez fue procesada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por los hechos vinculados a su asunción al poder en 2019, tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales en medio de una crisis que derivó de las denuncias de fraude electoral en los comicios de ese año.
El juzgado Primero de Sentencia, tras deliberar varias horas, tomó la determinación y la comunicó a las partes, mientras que anunció que el fondo de la decisión y la justificación la hará conocer en los próximos días.
Jeanine Áñez fue detenida el 13 de marzo de 2021 en Trinidad, Beni, tras una operación que fue protagonizada, en persona, por el comandante de la Policía Johnny Aguilera y el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Fue trasladada de Trinidad a La Paz y al día siguiente, el domingo 14, una jueza cautelar la envió a prisión por la probable comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por los que la demandó la exdiputada del MAS Lidia Patty. Este proceso se denomina caso Golpe I.
El 18 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) eliminó del Código Penal el delito de sedición previsto en el artículo 123 y, por lo tanto, ninguna persona puede ser procesada por esta causa. No obstante, los cargos de terrorismo siguieron vigentes, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales.
Este hecho complicó la construcción del juicio en vía ordinaria. No la procesaron a través de un juicio de responsabilidades, que debía ser aprobado por dos tercios de la Asamblea, precisamente porque el MAS no los tiene, con el argumento de que cometió delitos como senadora, no como presidenta.
La defensa de Jeanine Áñez, en específico el jurista Alaín Canedo, señaló que hasta el sanguinario Luis García Meza fue juzgado con caso de corte, pese a que el asesinato del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz se produjo antes de que el dictador asuma la presidencia de facto. “Esas son las incoherencias de toda esta historia”, comentó.
ue de esta manera que el MAS, desde el Ejecutivo y el Legislativo, configuró otra estrategia para juzgar a Áñez como a cualquier delincuente común.
El 27 de abril, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, presentó una demanda y dijo que, tras seis meses de análisis y recopilación de información, se identificaron otros siete delitos supuestamente cometidos por ella, pese a que la expresidenta fue reconocida durante su año de gestión por mandatarios de otros países, así como por organismos internacionales.
El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa calificó la sentencia como “arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional” tras publicar un pronunciamiento de 23 exmandatarios de Iberoamérica.
El bloque considera que corresponde a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea a “repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional”.
Mesa apuntó que estos organismos que fueron “testigos y facilitadores de la transición constitucional de la expresidenta Añez”.