La Fiscalía y el Ministerio de Gobierno pedían que se queden en la cárcel por tiempo indefinido
Vía: Correo del Sur |
El juez de Sentencia 1 de la capital rechazó la ampliación de la detención preventiva de los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y dispuso que, una vez que cumplan el plazo establecido por el juez cautelar, de seis y 12 meses de detención, podrán recobrar su libertad al menos condicional, mientras se dicte la sentencia, informó la noche de viernes a CORREO DEL SUR su abogado defensor Jorge Valda.
“El nuevo juez de Primero de Sentencia de la capital rechazó el pedido del Ministerio de Gobierno y del Ministerio Público de ampliar por tiempo indefinido la detención preventiva de Yassir Molina, Mario y Fabio Bascopé, acusados de organización criminal y otros por haber pintarrajeado las paredes de la Fiscalía General en 2020”, sostuvo Valda.
El abogado dijo que el juez de Sentencia determinó que el pedido del Ministerio de Gobierno y del Ministerio Público “está fuera de lugar” y esto devolvió la fe al menos en los acusados, quienes consideran que alguna vez la justicia actuó conforme a ley.
Explicó que, con el argumento de que a uno se lo encontró con un celular en su celda o que fue castigado por 30 días por faltas disciplinarias, el Ministerio de Gobierno pretendía agravar la situación jurídica de Yassir, Mario y Fabio, por tiempo indefinido; pero, el juez rechazó toda esta solicitud, dijo Valda.
El abogado agregó que, si bien los acusados están con detención preventiva, cuando se cumpla el plazo dispuesto de 45 días para Yassir y de 60 días para Tonchi y Fabio, podrán acceder a defenderse en libertad porque el juez no aceptó ampliar los riesgos procesales del tiempo de la detención preventiva.
Están como acusadores la Procuraduría, el Ministerio de Gobierno, Ministerio Público, Gobierno departamental de Chuquisaca y el Gobierno municipal de Sucre.
El caso ya está en la etapa juicio oral y el juez de sentencia debe fijar día y hora de juicio para los miembros de la RJC, acusados por organización criminal, destrucción de bienes del Estado, uso, porte y fabricación de armamento no letal y otros.
