La sentencia de diez años de prisión contra la expresidenta boliviana Jeanine Áñez sigue generando polémica. DW habló con César Muñoz, investigador en la región de la oenegé Human Rights Watch (HRW).
Vía: DW |
El Tribunal Primero de Sentencia de la Paz condenó el último viernes (10.06.2022) a la exmandataria derechista transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, a diez años de prisión por los delitos de "resoluciones contrarias a la Constitución" e "incumplimiento de deberes".
En el proceso, denominado "Golpe de Estado II", se evaluó la actuación de Áñez tras la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019 y su posterior proclamación como presidenta. En entrevista con DW, César Muñoz, investigador en Bolivia de la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), evalúa los detalles del caso.
¿Una sentencia justa?
DW: Sr. Muñoz, el fallo contra Áñez sigue despertando la preocupación de que en Bolivia se esté usando la Justicia como arma política, ¿a usted le pareció una sentencia justa?
César Muñoz: En HRW tenemos tres preocupaciones fundamentales sobre cómo se llevó a cabo este proceso judicial. La primera es que Áñez fue detenida en marzo de 2021 por cargos de terrorismo, sedición y conspiración, pero nosotros no hemos encontrado evidencia sobre ello. La segunda es que a la expresidenta no se le permitió estar presente físicamente durante el juicio, mientras que fiscales, abogados y otros sí podían asistir.
Nuestra tercera preocupación es que los cargos por los que ha sido condenada son tipos penales que están descritos de una forma muy vaga en la ley boliviana, y también han sido usados en el pasado para casos que tenían toda la apariencia de (originarse por) motivación política.
Politización del sistema judicial
Muchos recuerdan que Áñez actuó de forma similar cuando era presidenta y persiguió a Morales…
El problema de la Justicia en Bolivia viene de hace mucho tiempo. El Gobierno de Morales creó un contexto de debilidad estructural y de falta de independencia de la Justicia. Áñez podría haber impulsado una reforma de la Justicia, pero no lo hizo. Al contrario, continuó con las mismas prácticas de forma arbitraria y sin base contra Morales y personas vinculadas a él.
Entonces, ¿cree que la sentencia contra Áñez evidencia la politización del sistema judicial en Bolivia?
Sí. La falta de independencia de la Justicia en Bolivia es grave. En primer lugar, no hay claridad ni transparencia a la hora de designar jueces y fiscales, y a la hora de removerlos. En la época de Morales, documentamos casos de jueces que habían sido removidos de sus cargos sin una explicación. Esa falta de estabilidad en el puesto significa que cuando ellos tienen que tomar una decisión es posible que estén pensando en su futuro profesional y no en la ley. Así, el estado de derecho y el debido proceso no están garantizados.
¿Hubo un golpe de Estado?
¿Hay delitos que Áñez habría cometido y por los que debería ser procesada? ¿Cuáles?
Nosotros estamos muy preocupados porque las muertes y casos de aparente tortura que ocurrieron a finales de 2019 siguen impunes. Según los datos que tenemos, hubo, por lo menos, 37 muertos, incluyendo 20 personas que murieron en dos masacres, en la que toda la evidencia indica que los autores fueron agentes del Estado.
Esos crímenes tienen que ser investigados y castigados con celeridad.
Teniendo en cuenta que los militares le "sugirieron" a Morales renunciar, ¿usted opina que se trató de un golpe de Estado?
Hay distintas interpretaciones. En ese momento, hubo alegaciones de fraude y movilización popular, pero para nosotros está claro que en una democracia ni la Policía ni las Fuerzas Armadas deben decidir quién es el presidente. Esas sugerencias son inaceptables. La Fiscalía tiene que investigar esos hechos.
Cualquier acusación necesita a dos tercios de la Asamblea
¿Qué sigue ahora para la exmandataria, que tiene todavía otros procesos en su contra?
Su defensa apelará. La Fiscalía también ha dicho que va a apelar porque quiere una pena mayor. Pero Áñez no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos. La cuestión es que cualquier acusación que se refiera a hechos que ocurrieron durante su presidencia, tendría que ser aprobada por dos tercios de la Asamblea, porque así lo determina la Constitución.
