.jpg)
El ministro de Justicia, Iván Lima hizo conocer una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra de Jeanine Áñez antes de que las partes hayan sido notificadas. Es una muestra de la injerencia del gobierno de Luis Arce en la Justicia.
La expresidenta cuestionó que el ministro de Justicia, Iván Lima, haya hecho conocer una resolución del TCP en su contra, antes de que las partes hayan sido notificadas.
“Resolución del @TCPBolivia contra #JeanineAñez es ventilada a la prensa por Ministro de Justicia, Iván Lima, antes de que cualquiera de las partes sea notificada. Esa es la injerencia política y la corrupción que comprueba el informe de @UNIndepJudges sobre la Justicia boliviana”, escribió Añez en su cuenta de Twitter.
Según un reporte de Brújula Digital, la tarde del jueves, Lima ofreció una conferencia de prensa para referirse al informe final del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán. Al terminar de referirse al documento, informó que el TCP notificó en esta jornada con el rechazo, por parte de la Comisión de Admisión, del recurso de inconstitucionalidad que planteó Añez sobre los dos delitos por los que es procesada en el caso “golpe de Estado II”.
“(La demanda de Añez) ha sido rechazada por la Comisión de Admisión del TCP. Por lo tanto, en este momento el Tribunal que está haciendo el juicio en la ciudad de La Paz, puede reinstalarlo y exhortamos a las autoridades judiciales que en el marco de un debido proceso puedan continuar con esta causa que es parte de la demanda del pueblo boliviano”, sostuvo.
En este juicio, el 29 de abril, Añez planteó una demanda de inconstitucionalidad de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, dos figuras penales por las que es procesada en el caso “golpe de Estado II”.
En el juicio oral, se esperaba que el tribunal ordinario emita una sentencia, debido a que ya se habían cumplido los actuados.
En su informe final, García-Sayán señaló que el caso de Añez “pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad”.
