Entre enero y abril de este año, se registró 15 vulneraciones a la libertad de expresión. Las más frecuentes son la estigmatización, la censura, las presiones y la criminalización.
Se trata de los resultados de un monitoreo efectuado del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
El trabajo estableció que de las 15 vulneraciones, 6 se refieren a estigmatización, 4 a censura previa, presión o interferencia; 3 a amenazas; una a criminalización y una a condicionamientos previos.
Entre los casos de vulneración más relevantes se encuentran, por ejemplo, la censura hacia la exdirigenta de las mujeres interculturales, Angélica Ponce, quien fue expulsada de su organización por calificar de “machista” al expresidente Evo Morales (13/04/22), informó la Red Erbol.
Resalta también el caso de criminalización que sufrió el comunicador Luis Muñoz, de parte de la directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda Lafuente, quien lo denunció por presunta violencia política contra las mujeres por la realización de un meme (01/04/22).
Por otro lado, también está un caso relacionado a las expresiones del senador del MAS, Leonardo Loza, quien llamó a “acabar” con las voces disidentes al interior del MAS (30/03/22) o el desbloqueo encabezado por el concejal del MAS en Santa Cruz, José Quiroz, quien impidió la manifestación de cívicos cruceños que protestaban por la justicia y la “persecución política” (04/03/22).
También se registró un caso de censura contra un local de venta de comidas de parte del Departamento de Defensa del Consumidor de la ciudad de Santa Cruz. Los propietarios fueron notificados por esta instancia, luego de que realizaran un video de TikTok en la que hacían una parodia de una escena que involucraba a funcionarios de la alcaldía de Santa Cruz (21/01/22).
El Observatorio de Defensores de UNITAS visibiliza la dinámica de las Organizaciones de la Sociedad Civil y los/las defensores/as de derechos, para denunciar y prevenir restricciones a los derechos civiles y políticos. Realiza diariamente un monitoreo sobre hechos que vulneran las libertades fundamentales y los derechos de grupos específicos.
UNITAS es una red de Desarrollo y Derechos Humanos, conformada por 22 instituciones asociadas que tienen presencia en áreas rurales y urbanas de Bolivia.
