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Por: Edwin Herrera Salinas |
El falaz discurso presidencial de reconciliación entre bolivianos, pronunciado el 8 de noviembre de 2020, duró cuatro meses. La venganza política del masismo con la narrativa del inventado golpe de Estado lleva más de un año tratando de hacer rodar cabezas, tras las elecciones regionales del 7 de marzo de 2021.
Cobró la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez, de exautoridades del gobierno transitorio, de exdirigentes cívicos y de excomandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, escarmentada además con la baja definitiva de más de una decena de oficiales y suboficiales.
También amenazó a los actuales líderes opositores, Iglesia Católica, plataformas ciudadanas y hasta al expresidente de un país vecino. Y cuando se pensaba que no habrá más víctimas de la venganza política, se conoció que las universidades del país están en la lista.
Juan Lanchipa, polémico fiscal general, reveló la semana pasada que se requirió a la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí los nombres completos de directores de carrera y dirigentes de los centros de estudiantes de todas las carreras que estaban en funciones en noviembre de 2019.
Se solicitó, además, que las listas estén acompañadas por documentos que acrediten la condición de directores de carrera y copias legalizadas del kárdex de cada dirigente universitario porque eran objeto de una investigación fiscal relacionada con la quema del Tribunal Electoral Departamental.
Lanchipa se quejó por las vueltas que daba la universidad potosina para responder al requerimiento fiscal. “Ante esa dilación, el Ministerio Público acudió de manera simultánea al CEUB y el CEUB ha brindado la información que había sido solicitada”, confesó.
Al margen de que la revelación pudo haber servido para distraer la atención de la opinión pública sobre las divisiones y pugnas internas del masismo, como ocurrió con la posibilidad del pago de un segundo aguinaldo en esta gestión, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana quedó en serio cuestionamiento.
¿Cómo es que brindó información sobre una determinada universidad que es parte del sistema sin que la entidad académica afectada se haya enterado? Recordemos que el Consejo Universitario de la Tomás Frías encargó hace unos días la evaluación del requerimiento fiscal a un equipo jurídico.
Personajes impresentables del CEUB se prestaron a la farsa de la última elección de magistrados del Órgano Judicial, por ejemplo, y parece que volvieron a ponerse del lado del masismo, esta vez para que la persecución política alcance al sistema universitario del país.
Además de declararse en emergencia y anunciar movilizaciones en defensa de docentes y universitarios que podrían ser acusados, aprehendidos, imputados y detenidos preventivamente, las universidades deberían impulsar el esclarecimiento sobre la información enviada de manera subrepticia al Ministerio Público que, ya se sabe, opera como perseguidor de opositores.
De qué autonomía universitaria se habla si oficiosamente se pasa información a instituciones del nivel central, entre ellas la Fiscalía General del Estado, sin consultar a las casas de estudios superiores. ¿Se envía estados financieros, saldos en caja y bancos, información sobre docentes críticos al gobierno, actividades consideradas conspirativas, datos de dirigentes radicales?
No es que el sistema universitario del país, amparado en la autonomía, sea un reducto infranqueable en cuanto a información se refiere porque finalmente es un bien de carácter público, pero el actuar de ciertos personeros del CEUB parecería estar inclinado a los intereses del oficialismo.
La Universidad Autónoma Tomás Frías se encuentra ahora ante la posibilidad de desconocer la información enviada a la Fiscalía General y mostrarle al país que el Ministerio Público está dispuesto a todo por cumplir el objetivo político de incluir a sistema universitario en el relato de un inexistente golpe de Estado.
| Edwin Herrera Salinas es periodista
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