Por: Juan José Toro Montoya |
Wilfredo Chávez Serrano es el procurador general del Estado. Según la Constitución Política del Estado, debe “defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado” y “atender las denuncias y los reclamos motivados de ciudadanos y entidades que conforman el Control
Social, en los casos en que se lesionen los intereses del Estado”. En lugar de eso, pasa buena parte del tiempo haciendo activismo a favor del MAS, pese a que el artículo 5 de la Ley de la Procuraduría General del Estado dice que debe ser “independiente en el ejercicio de sus funciones”.
El periodismo suele atender las denuncias y los reclamos de los ciudadanos, pero parece que al procurador no le gusta eso. Se ha convertido en agresor verbal del periodismo que no está alineado con el MAS y su último ataque es una velada amenaza al diario Página Siente: “Cómo es hermanos, le damos su dosis?”. Y claro… aunque en todos estos años ya sabemos cómo se comporta este partido, cuando de escarmentar se trata, uno no puede menos que preguntarse cuál es la “dosis” que Chávez quiere aplicar. Desde ya, no será contra la covid-19.
¿Será que, tras el éxito conseguido al eliminar a Marco Aramayo, el procurador está con antojo de meter a algún periodista a la cárcel? Si lo consigue, entonces podrá aplicarle una de las “dosis” favoritas del MAS: convertir la detención preventiva en cadena perpetua multiplicando las denuncias en contra del desdichado que caiga en las manos de los operadores políticos conocidos como jueces y fiscales.
Y es que, después de 16 años de asfixia económica, el partido de Evo Morales no ha conseguido el objetivo que se trazó al decidir que cortaría toda publicidad a los medios que no se alineaban con él. Agarró todo el dinero para publicidad, que es de todos los bolivianos, y lo distribuyó entre los que le chupaban las medias. Esa situación no ha cambiado ahora, bajo el gobierno de Luis Arce, pero los medios independientes sobreviven, observan sus defectos, denuncian los latrocinios y atienden las denuncias y los reclamos de los ciudadanos, Y al procurador no le gusta y quiere darles su “dosis”. No se preocupa por recuperar el dinero del Fondioc, pero sí de lo que se publica en los diarios.
¿Pero es que así tenemos que manejarnos? Al igual que el presidente, ministros, gobernadores, senadores, diputados, concejales y toda la laya de funcionarios, el procurador es un servidor público y su sueldo lo pagamos todos los ciudadanos bolivianos, con nuestros impuestos.
El procurador no debe esperar alineamientos, como el suyo, y menos aún debería dedicar su tiempo a lanzar amenazas veladas, porque es nuestro servidor. Que lea el parágrafo II del artículo 6 de la Ley 064: “El accionar de todos los miembros de la Procuraduría General del Estado, se rigen por los principios de justicia, independencia, legalidad, honestidad, respeto, capacidad, profesionalismo y responsabilidad”.
| Juan José Toro Montoya es periodista
