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El periodista Andrés Gómez denunció una y otra vez el padecimiento que sufría Marco Antonio Aramayo quien fue sometido a una larga tortura judicial durante siete años de prisión hasta que finalmente lo mataron en el afán de encubrir el saqueo del gobierno de Evo Morales al Fondo Indígena.
Presentamos dos de estos artículos que además son piezas extraordinarias de un periodismo al servicio de la verdad.
MARCO DEBERÍA FIGURAR EN EL LIBRO DE RÉCORDS GUINNESS
Por: Andrés Gómez Vela |
Anotó en un papel, con letra legible y buen trazo, los nombres de cada uno de los 84 jueces, 91 fiscales, 6 policías investigadores y 32 técnicos del Fondo Indígena que conoció en 259 juicios. Registró 50 cárceles donde estuvo encerrado en seis años de procesos. Escribió en su memoria una injusta sentencia por algo que nunca hizo: robar dinero público.
Marco Antonio Aramayo Caballero, exdirector del Fondo de Desarrollo Indígena y campesino (Fondioc), debería figurar en el libro de récords Guinness como la persona que sufre más injusticias en el mundo. No sólo por la cantidad de juicios en contra, sino por las torturas en cada viaje. Pues, recorrer enmanillado tres mil kilómetros en un vehículo incomodo es una tortura.
En una carta, Aramayo contó las arbitrariedades que sufrió desde que denunció corrupción en el Fondioc, donde desempeñó el cargo de Director Ejecutivo entre septiembre de 2013 y febrero de 2015.
“Comenzaron con un caso y 153 juicios. La interventora (del Fondo Indígena) Larisa Fuentes se inventó 86 y Eugenio Rojas, 20. Total: 259 juicios. Hicieron avanzar 86 procesos; de ese total, sufrí 27 cautelares, más el que viene, 28. Avanzaron un juicio en Tarija, uno en Santa Cruz, tres en Oruro, dos en Cobija, el resto está paralizado”, escribió.
Héctor Castellón, abogado de Aramayo, recordó que la injusticia comenzó el 3 de marzo de 2015 con 120 denuncias. De ese total, una contemplaba 153 proyectos. El Ministerio Público pidió dividir el juicio de 153, lo que significa que a los 120 se tendría que sumar 154 procesos, total: 274. Es decir, 15 más respecto a los 259 señalados por Marco.
¿Qué delito cometió Marco para enfrentar tantos juicios? Ninguno. No vi una sola prueba de que haya robado un boliviano del Fondioc. Sí hay evidencias de que Aramayo alertó sobre el asalto al Fondioc. Entonces, ¿cómo se explica esta injusticia del tamaño de los cinco océanos?
Sus acusadores no lo perdonan haber identificado a miembros de la “reserva moral de la humanidad” (indígena originario campesinos del MAS) como autores del latrocinio en el F-o-n-d-o I-N-D-I-G-E-N-A; entre ellos, Nemesia Achacollo, ministra de Desarrollo Rural y Tierras en el gobierno de Evo Morales.
De los 259 casos, Marco fue condenado en uno por el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de Tarija, Ariel Serafín Gutiérrez, que lo sentenció en mayo de 2017 por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
¿Condenado por incumplir deberes? ¡Momento! Marco fue quien denunció el desfalco en cumplimiento de su deber como Director. ¿Conducta antieconómica? ¡No puesss! Marco fue quien solicitó la auditoria. ¿Contratos Lesivos al Estado? ¡Umm! Marco denunció el 9 de diciembre de 2015 que los dirigentes masistas Juanita Ancieta y Rodolfo Machaca pidieron a nombre de Evo Morales la suma de Bs300 mil del Fondioc para su posesión en Tihuanacu. Marco está preso desde hace seis años. Ancieta y Machaca están libres.
El abogado Castellón recordó que ese caso de Tarija se refiere a un proyecto que “se inició cuando Marco ya estaba de salida (del Fondo y ya había otra directora) y se extendió hasta octubre de 2016, pero la responsabilidad se lo endilgaron a él” (más referencias en el Tinku Verbal del 16 de agosto de 2020, Página Siete).
En Tarija, Marco fue sentenciado a cinco años. Luego, esa pena fue subida a ocho años simplemente por una frase del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras: Marco ha producido un grave daño económico. Sus acusadores nunca presentaron las pruebas de ese daño.
“He batido todos los récords de trato inhumano degradante. Con André Gautier (psicólogo del Instituto de Terapia e Investigación – ITEI) hicimos una memoria; me asombré yo mismo. Una vez amanecí en plena cumbre en Sabaya (Oruro), en la frontera, para hacer una inspección. Muchas veces, sufrió conmigo mi escolta”, recordó Marco.
Ninguno de los 91 fiscales presentó una prueba. Por eso —dijo Marco—miré a la cara de fiscales y jueces y los mandé a la mierda. Como no tenían evidencias, sólo me pedían acogerme a juicios abreviados. Querían que admita delitos que nunca cometí a cambio de salir libre.
El caso Fondioc se reveló en febrero de 2015. A la fecha, se calcula que el daño económico supera los $us170 millones. Y a la fecha, Sólo Aramayo sigue en interminables juicios.
Castellón calculó que Aramayo recorrió 40 mil Km en viajes a audiencias en Santa Cruz, Oruro, Potosí, Tarija, Cobija y Beni. Las injusticias contra Marco equivalen a una vuelta al mundo tomando como referencia la línea del Ecuador, 40.066 km. Récord de injusticias, récord de indiferencia contra un inocente.
PRESO POR DENUNCIAR CORRUPCIÓN EN EL FONDO INDÍGENA
Si Marco Antonio Aramayo Caballero hubiese sido pragmático, se hubiera acogido a un juicio abreviado, se hubiera inculpado por delitos que no cometió y en este momento hubiera estado libre. Pero Marco es idealista y decidió pelear por su honor en un terreno donde la injusticia es ley y el monstruo titiritero azul de jueces y fiscales sigue vivo.
Para quienes no lo conocen, Aramayo fue director del Fondo Indígena (FI) durante nueve meses hábiles (2013-2015). En ese lapso, descubrió irregularidades. En consecuencia, pidió a la ministra de Desarrollo Rural de entonces, Nemesia Achacollo, realizar una auditoría para frenar la corrupción. En su condición de jefa del área, Achacollo tenía toda la atribución para atrapar a los corruptos de su partido, pero no lo hizo.
Como nada permanece en secreto por mucho tiempo, los medios de comunicación publicaron la corrupción desde el caso de las ovejas negras que se despintaron con la lluvia porque habían sido pintadas con spray, pasando por el proyecto diseñado para habitantes de una comunidad que no existe en el mapa de Bolivia hasta la repartija de dinero público que se hicieron, creyendo que era suyo, los miembros del denominado Pacto de Unidad.
En reacción, el gobierno del MAS, que esa vez controlaba medios, jueces y fiscales, encarceló a los directores del Fondo Indígena, entre ellos a Marco, para mostrar que estaba luchando contra la corrupción y encubrir a los principales responsables del desfalco de más de mil millones de bolivianos, entre ellos Achacollo y dirigentes indígenas.
Para defender su honor, Marco denunció con pruebas (documentos, audios, videos), entre 2015 y 2019, los siguientes hechos:
1) La autorización de más de 200 proyectos cuestionados por parte de la exministra Achacollo.
2) La advertencia a Achacollo sobre las irregularidades en el Fondo Indígena y la sugerencia de una auditoria para evitar más corrupción.
3) Los diezmos que los miembros del directorio del Fondo Indígena obligaron a pagar a los beneficiarios indígenas para viabilizar sus proyectos. De los 1.342 millones de bolivianos desembolsados, 132 millones fueron a los bolsillos de dirigentes masistas.
4) Los cobros irregulares de dirigentes masistas de 100 mil por cada millón de bolivianos de un proyecto. Identificó a Felipa Huanca, Juanita Ancieta, Rodolfo Machaca, Ever Choquehuanca como los principales beneficiarios.
6) El desembolso de 3.9 millones de bolivianos a cuentas particulares de dirigentes campesinos, indígenas y colonizadores (interculturales), miembros del Directorio del Fondo Indígena, para proyectos de control social y obras irregulares.
Morales y los dirigentes masistas no perdonaron a Aramayo las denuncias, menos que haya tocado a Nemesia porque las revelaciones hicieron que la mirada pública se enfocara en la exministra, lo que obligó a la Fiscalía a procesarla y pedir su detención preventiva (recientemente recobró su libertad).
En venganza del MAS, el Ministerio Público inició 86 juicios contra Marco, en 2015; y un juez ordenó su detención preventiva en San Pedro, donde permanece aún como prueba de una injusticia del tamaño del nuevo Palacio.
Desde aquel año seguí su caso y no encontré un sólo indicio de que haya robado un centavo del Fondo Indígena. Para probar la injusticia voy a contarles lo que recientemente me informó uno de sus familiares.
En abril de 2015, Aramayo prestó una declaración en Tarija ante el fiscal Birsmarck Arispe por uno de los 86 juicios que le abrieron. En mayo de 2017, lo trasladaron por otro caso otra vez a Tarija, donde repentinamente un viernes le dijeron: Usted tiene notificación para un juicio el lunes (aquel de abril de 2015) en el que le acusan por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos.
En las audiencias, los beneficiarios del proyecto se acogieron a juicios abreviados; lloraron, pidieron perdón, devolvieron el dinero, asumieron su responsabilidad y fueron sentenciados a tres años de prisión. De inmediato, quedaron libres. Luego, el juez del Tribunal Tercero de Sentencia de Tarija, Ariel Serafín Gutiérrez, preguntó a Aramayo: ¿Quiere usted una salida alternativa o quiere que continúe el juicio?
Marco, en su lógica, se dijo: Si los responsables ya asumieron su culpa, entonces voy a juicio y salgo absuelto. El juicio duró 10 días. En el penúltimo día, Marco dijo al juez: yo no fui cautelado en este caso, lo que significa que no comenzó el juicio y hay fallas procedimentales. El juez Gutiérrez le respondió: ahorita lo cautelamos. Llamó a otro juzgado, suspendió la audiencia y a las 17 horas de ese mismo día lo cautelaron.
Al día siguiente, el juez Ariel Serafín Gutiérrez lo sentenció a cinco años de prisión con las siguientes “pruebas”: su contrato de trabajo como director y el reglamento de transferencia público privada. No consideró los videos, audios, documentos y otras pruebas de descargo de Marco. La defensa apeló. El Tribunal Supremo de Justicia ya tiene una resolución, pero aún no se conoce.
Este miércoles 12 de agosto, el juez Gutiérrez citó a Aramayo a otra audiencia de medidas cautelares por otro caso. Para evitar que recobre su libertad, en complicidad con el fiscal, dispuso su detención preventiva por cuatro meses, hasta el 12 de diciembre de 2020. Marco está con detención preventiva desde 2015.
Si Marco no hubiese tenido sentido de justicia, no hubiera denunciado el latrocinio, hubiera estado libre en este momento y usted no se hubiera enterado del robo monumental en el Fondo Indígena. Marco es víctima de la venganza del masismo que sigue controlando el Fondo Indígena, Tribunales de Justicia y el Ministerio Público. Marco merece defender su honor en libertad y ser juzgado en su condición de exdirector y no como si hubiese sido beneficiario de 86 proyectos.
| Andrés Gómez es periodista y docente universitario.
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