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JUSTICIA, LEJOS DE LA GENTE Y MUY CERCA DEL MAS

Por: Zulema Alanes B. | 

Foto: Abecor | 

“Justicia independiente, el objetivo a conseguir”, concluyó el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, que finalizó su misión oficial en Bolivia sin escuchar a Jeanine Añez y sin hacer conocer un criterio sobre si el mandato de la expresidenta fue producto de un golpe de Estado o de una sucesión constitucional. 

A pocas horas de conocido el informe preliminar del Relator de la ONU, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia calificó como un atropello el “ilegal e injusto procesamiento penal” de Jeanine Añez por el supuesto delito de “terrorismo”, calificó a fiscales y jueces como “sicarios del poder político” y denunció que “volvieron a hacer evidente la manipulación de la justicia para fines políticos del interés del partido de gobierno”. 

Las primeras reacciones ante el informe preliminar de García-Sayán reclaman una postura más clara respecto al uso político de la justicia y, asimismo, una valoración adecuada de la vulneración de derechos durante sucesivos gobiernos y reciben con escepticismo la propuesta de un gran acuerdo nacional para la reforma judicial.


¿OMISIÓN O PARCIALIZACIÓN POLÍTICA DEL RELATOR? 

Durante su visita oficial Diego García-Sayán eludió el pedido de una entrevista con Jeanine Añez y al cierre de su misión en Bolivia aseguró que no correspondía una visita a la exmandataria.


En su informe preliminar, García-Sayán no menciona a las víctimas del gobierno de Evo | Página Siete

Evitó comentar la situación que atraviesa la expresidenta y se limitó a comentar la orden de un juez que dispuso el traslado por razones de salud a un hospital de Jeanine Áñez y aseguró que “se ha constatado que no se ha producido ninguna acción de parte de las autoridades de alimentación o tratamientos forzados y que se ha respetado la decisión de mantener una huelga de hambre como un ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica”.

“Hemos recibido información acerca de la situación de la señora Jeanine Áñez, y de las dificultades que tuvo para su traslado, para poder llegar a un centro hospitalario, había impedimentos físicos para poder llegar. El Estado, frente a cualquier persona privada de libertad es responsable de la integridad física y de la salud, en todos los casos, respetando todas las garantías procesales y las normas del debido proceso”, afirmó.

Subrayó que “las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos nos indican que todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos el acceso rápido a atención médica en casos urgentes”.


Ribera expuso situación jurídica y vulneración de DDHH de Jeanine Áñez

El relator de la ONU se reunió con la hija y los abogados de Añez, pero no comentó detalles de ese encuentro y tampoco quiso dar un criterio respecto a que si el mandato de la expresidenta fue productor de un golpe de Estado o de una sucesión constitucional. 

Pidió atención médica para Jeanine Añez y justicia para las víctimas de Sacaba y Senkata con quienes se reunió para escuchar sus reclamos.

Se espera que en el informe final anunciado para mediados del 2023, “se deje en claro que se han producido masacres, muertes y, ejecuciones extrajudiciales al final del gobierno de Evo Morales y al comienzo del gobierno de Jeanine Añez y que las víctimas deben ser tratadas de igual manera, algo que no está ocurriendo”, puntualizó Juan del Granado que integra el bloque de juristas independientes que demanda una reforma integral del sistema judicial.


LAS OBSERVACIONES “SE QUEDAN CORTAS”

Las conclusiones preliminares del Relator de la ONU, fueron calificadas de insuficientes por el investigador principal de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, César Muñoz, que reclamó una posición más contundente sobre el uso político de la justicia. 


César Muñoz  |  investigador principal de Human Rights Watch (HRW)

"Bolivia: Las observaciones preliminares del Relator de la ONU, Diego García-Sayán, sobre independencia judicial son valiosas, pero se quedan cortas. Citó importantes fallas de la justicia: una mayoría de jueces transitorios, problemas en la designación de autoridades judiciales, impunidad en casos de feminicidio. Pero no habló de algo crucial: el uso político de la justicia por los tres últimos gobiernos", comentó Muñoz en sus redes sociales. 

Destacó que HRW sigue de cerca el desempeño de la justicia y cuenta con evidencias que confirman la preocupación por el manejo con fines políticos del sistema judicial en los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce, por lo que instó al Relator de la ONU a “incluir en el informe final que presentará en junio la evidencia sobre el uso político de la justicia en Bolivia y recomendaciones robustas para acabar con la vulnerabilidad de jueces y fiscales a presiones externas".

En la conferencia de prensa que brindó al cierre de su visita a Bolivia, García-Sayán, dijo que aunque es posible que existan casos de judicialización política “no he tendido entrevista con ninguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política” y en su informe de observación preliminar no hace referencia a los procesos abiertos contra líderes de la oposición.

“Durante el tiempo que pasé por Bolivia he notado la extendida atención que la sociedad y las instituciones bolivianas le dan a la justicia, a la necesidad de superar las limitaciones y contar con una justicia más transparente, independiente y al servicio a la sociedad”, destacó en su informe preliminar. 

Añadió que la independencia del sistema judicial “debe ser garantizada por el Estado. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están llamadas a respetar y a acatar dicha independencia”.

En su informe de nueve observaciones García-Sayán asegura que “la justicia está lejos de la gente” y subraya el impacto de la corrupción que deriva en una profunda desconfianza en el sistema judicial y plantea la urgente necesidad de una reforma de la justicia a través de un gran acuerdo nacional.

También cuestiona la forma de selección y elección de magistrados supremos, llama la atención respecto a la carencia de recursos y presupuesto en el sector justicia, manifiesta su preocupación por la precariedad de la carrera judicial y la inestabilidad de los jueces en sus cargos y formula recomendaciones para potenciar la justicia indígena originaria; también plantea la necesidad de garantizar reparación y justicia ante la ola de feminicidios y la creciente violencia contra las mujeres.  


INFORME CONTRADICE AL GOBIERNO

El bloque de juristas independientes que postula la reforma de justicia asegura que “es positiva, en el Informe del Relator, esa visión integral de los graves problemas que atraviesa nuestra administración de justicia, al tiempo que, así sea preliminarmente, señala textualmente que 'los patrones de persecución política y judicial… no han sido erradicados', lo que, según el Relator, se constituye en un 'reto' si se trata de alcanzar una 'justicia independiente y transparente'”. 


Diego García-Sayán: El relator de la ONU

En un pronunciamiento público, califica las observaciones del Relator especial de la ONU como “un mentís categórico al gobierno que, en boca de su ministro Lima, anunció que la visita del Relator “validaría la plena independencia judicial en Bolivia”. 

Destaca que el relator haya evidenciado que “la justicia en Bolivia se encuentra sumida en una crisis estructural, ya que carece de independencia, no responde a las necesidades y aspiraciones de la gente, tiene una asignación presupuestaria insuficiente, no garantiza el acceso universal y en igualdad de condiciones a todas y todos los bolivianos con jueces independientes e imparciales…”.

Expresa “la esperanza para que el informe final refleje de manera más detallada las acciones que “han deteriorado la independencia judicial” y manifiesta “reparos” a la propuesta de un “acuerdo nacional” sugerida por el relator de la ONU Diego García-Sayán “en razón de la forma en la que pretende construir el gobierno dicho acuerdo, y la finalidad que persigue, que no es sino leves modificaciones que no resolverán la situación crítica de la justicia” y afirman que “no creemos que existan condiciones para apuntar a un gran acuerdo nacional”.

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JUSTICIA, LEJOS DE LA GENTE Y MUY CERCA DEL MAS
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