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Vía Brújula Digital .-
El Ministerio Público imputó este viernes a los exministros Arturo Murillo y Fernando López por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y uso indebido de influencia, en el marco del proceso iniciado por la presunta compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y material antidisturbios para la Policía Boliviana.
El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó que los fiscales encargados del caso también solicitaron la detención preventiva de ambas exautoridades en el penal de San Pedro de La Paz, mientras dure su proceso judicial.
El miércoles, Cossío anunció la imputación para ambos exministros, para luego solicitar a la Interpol la activación del sello rojo, para su detención, luego de confirmarse a fines del año pasado que los dos se encuentran en territorio estadounidense.
Documentos difundidos el año pasado establecen que el Ministerio de Gobierno envió el 25 de noviembre de 2019 una carta a la empresa Cóndor en Brasil, para solicitar una propuesta para la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma.
Posteriormente, al día siguiente, el 26, el Ministerio de Gobierno dio marcha atrás e informó a la empresa que la compra no se haría de manera directa, sino a través de una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, Estados Unidos.
Los mismos documentos indican que con ese intermediario ingresa en la compra el exministro López, quien fue el que firmó el contrato el 19 de diciembre de 2019, mediante el cual se pagaron entre Bs 250 y Bs 270 por cada cartucho de gas lacrimógeno, según el modelo. El Estado pagó en total $us 5,6 millones.
No obstante, se denunció que, en un contrato con el gobierno venezolano, se verificó que se accedió a la compra a menos de la mitad de precio por cada gas lacrimógeno, a entre 14,50 y 15,50 euros, o sea a entre Bs 111 y 118.
