Por: Ajna Viruez |
Ha concluido la audiencia de sustitución de medidas cautelares en el caso de la ex Presidente Jeanine Añez. Al haber sufrido una “leve descompensación”, de acuerdo al comunicado oficial, el día anterior, tuvo que participar de la sesión virtual desde una cama de enferma, en el propio centro de reclusión donde se encuentra.
Sin que se le mueva un pelo, el juez de la causa, Armando Zeballos, emitió “una resolución sin evidencias, sin normativas que la amparan, sin decir ningún tipo de criterio jurídico, sin pruebas y sin especificar qué tipos de actuados debe seguir el Ministerio Público para seguir ampliando de forma ilegal la detención preventiva…”, de acuerdo a las palabras de Carolina Ribera Añez, hija de la imputada.
Cuando ya ha cumplido más de 6 meses de cárcel, la determinación judicial prolonga el encierro de Jeanine Añez por 5 meses adicionales. De nada han valido todos los argumentos jurídicos presentados por su defensa ni su precaria condición de salud, que le hicieron afirmar: “El gobierno logrará mi muerte a corto plazo”, al tiempo que denunció ser víctima de violencia en el penal de Miraflores. Y no es para menos, pues durante el acto se ve a una persona en muy delicado estado de salud, aterida y en posición fetal, y a la que además se le ha quitado el beneficio de recibir un salario como ex Mandataria.
No se procedería con mayor saña y desdén si fuera la peor de las alimañas o el mayor de los peligros para la sociedad. Los asesinos, violadores y narcotraficantes no reciben peor trato. La situación hace evocar el pasaje bíblico en el que se prefirió soltar a Barrabás, aunque esta vez los Pilatos actuales se lavan las manos diciendo que es “decisión de la justicia”. Pero ese es un argumento pueril que sólo ellos y sus sumisos seguidores repiten en sordo monólogo. No convencen a nadie.
Hasta el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la CIDH concluyó que el Poder Judicial está sometido al gobierno. No hay que ser muy avispado para leer ese informe entre líneas y darse cuenta que lo que en realidad significa es que la administración de justicia en Bolivia es un brazo operativo del poder político, instrumento de represalias y de vejaciones, que es preciso emancipar.
Los jueces, vocales y magistrados nunca han sido vistos como un dechado de virtudes, salvo rarísimas excepciones; pero, a esa codicia, concupiscencia y corrupción, se agrega hoy la ignorancia supina y el incondicional servilismo. No quedan fuera del estigma policías, fiscales y abogados, como parte operativa del sistema. A esa nefasta cadena es a la que estamos sometidos los ciudadanos.
Pero en el caso específico de la señora Añez, asoma nítidamente el deseo de revancha y el claro mensaje de amedrentamiento a los opositores. ¡Que nadie se atreva a decir o hacer algo que contraríe a los poderosos o ya sabrán a qué atenerse! Por ello, es pertinente la pregunta: ¿Es una detención preventiva o es una condena a muerte?
¿Cuál fue el delito de una mujer que estaba plácidamente cobijada en su hogar, en el Beni, cuando fue convocada para asumir el cargo que habían dejado vacante, después de huir despavoridos, los llamados a ser titulares en la primera función estatal?
Por el contrario, entre las muchas cosas que se le pueden censurar al gobierno de transición está el desleal y pérfido acuerdo que logró con los parlamentarios masistas, perpetuando a sus huestes en los cargos públicos, sin que se los pueda tocar, y entregándoles nada menos que el órgano encargado de conducir el proceso electoral. Hasta en el negociado de los respiradores apareció la mano negra (o azul) detrás. En realidad, ella y su entorno no hicieron otra cosa que pavimentar el camino de retorno del MAS al poder. ¡Debieran darle una condecoración!
¿Si esta es la forma en que tratan a una mujer que les fue funcional, qué harán con aquellos que son considerados como artífices del supuesto “golpe de estado”? ¿La población se quedará callada y demostrará que no le importa este comportamiento censurable y abusivo? ¿O estamos en puertas de propiciar más enfrentamientos y derramar más sangre de bolivianos, con tal de imponer el desgraciado socialismo?
Al parecer, vamos por la opción del conflicto, de la pelea, de la lucha fratricida. En los próximos días asistiremos a las primeras escaramuzas. No sería extraño que veamos grupos de choque, al estilo de Venezuela o Cuba, enfrentarse con la fiereza de quien se sabe impune, para acobardar y desalentar a los comités cívicos y otras organizaciones sociales contestatarias.
De ser así, se estaría dictando la sentencia de muerte no a una persona (ya previamente condenada, como Jeanine Añez) sino a la propia Democracia, al Estado de Derecho y a la mismísima Libertad.
