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Por: Zulema Alanes B. |
A la cabeza de la dirigencia que encabezó la primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad, hace 31 años, indígenas del oriente, chaco y Amazonía vuelven a marchar por el derecho a sus territorios y contra los avasallamientos.
Al menos 200 hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas indígenas de Beni, Pando, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija forman la primera columna de la marcha que partió este 25 de agosto desde Trinidad rumbo a Santa Cruz exigiendo que paren los avasallamientos y que se controlen los incendios que constituyen las dos amenazas contra sus territorios.
“Hace 31 años encabezamos la primera marcha, 31 años después nuestras demandas no han sido resueltas y nuestros territorios siguen bajo amenaza”, dijo a Cabildeo Digital el líder indígena Marcial Fabricano.
Junto al Gran Cabildo indígena, en 1990 Fabricano protagonizó la primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad que durante 34 días recorrió más de 600 kilómetros de Trinidad a La Paz y logró el ordenamiento jurídico que reconocía sus territorios, la aprobación de la primera ley ambiental y la creación de áreas protegidas.
Marcha por el Tipnis | Foto: Systematic AlternativesAseguró que más de tres décadas después “volvemos a marchar porque nuestros territorios están siendo avasallados y nuestros derechos son vulnerados”.
A 25 kilómetros de Trinidad, en la primera parada de la marcha, el presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, (CPIB – Orgánica), Abdón Justiniano Cujuy, explicó a Cabildeo Digital que la movilización fue decidida en un cabildo indígena en conmemoración de la histórica marcha de 1990.
Dijo que el 25 de septiembre, que se recuerda 10 años de la masacre de Chaparina como consecuencia de la intervención del gobierno de Evo Morales a la VIII marcha del año 2011 por la defensa del TIPNIS, las columnas de la marcha se reunirán en un gran encuentro indigenal para trazar “la estrategia de lucha y resistencia ante los avasallamientos, la deforestación y la destrucción del ecosistema como consecuencia de incendios provocados por el tráfico de tierras”.
LA DISPUTA POR LA TIERRA
La disputa por la tierra constituye la mayor amenaza para los pueblos indígenas y “ese es el motivo de la movilización que inició en Trinidad y que cuenta con el apoyo de todos los pueblos indígenas del oriente, chaco y Amazonía”, explicó a Cabildeo Digital el presidente del Comité Cívico de Roboré, Rubén Darío.
Dijo que no cesan “los asentamientos y la toma de tierras provocados por autorizaciones provisionales otorgadas por el INRA y alentados por avasalladores y traficantes de tierras”.
Detalló que “son constantes los avasallamientos en la Chiquitania y el pantanal, pero además también afectan a las áreas protegidas y parques nacionales que son violentamente ocupados por interculturales”.
Recordó que al iniciar esta semana, una comisión de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz junto a una delegación de caciques indígenas que intentaban realizar una verificación en zonas afectadas por los avasallamientos fueron emboscados por los denominados interculturales.
Sólo para el caso de Santa Cruz, varios estudios han alertado que al menos 19 comunidades indígenas en la zona núcleo de la agroproducción cruceña que están bajo amenaza de despojo y, en otros casos, se ven obligados a alquilar sus tierras tituladas como en la comunidad guaraní 16 de Marzo del municipio San Julián, provincia Ñuflo de Chávez y Cupesí Poza Verde (ayorea) del municipio de Pailón.
Darío dijo que el avasallamiento de tierras, el derecho propietario y los impactos en la vida de las comunidades indígenas forman parte de la agenda indígena y se constituyen en la motivación de la marcha iniciada este 25 de agosto.
“Tenemos problemas, en nuestros territorios están ingresando los colonos, argumentan que han comprado la tierra o que son territorios titulados y repiten que las tierras indígenas no tienen uso adecuado, por eso provocan incendios para la deforestación y eso afecta los territorios y la selva indígena mojeño trinitario”.
El presidente de la CPIB – Orgánica, Abdón Justiniano Cujuy, coincidió en que esas son las preocupaciones centrales de la agenda indígena y reiteró que la marcha hacia Santa Cruz es también una “muestra del apoyo a los hermanos chiquitanos que viven bajo la amenaza de avasallamiento de los colonos, que se creen dueños y ni con leyes ni con decretos respetan la tierra y el territorio de los pueblos indígenas”.
Dijo que hay fuerte tensiones en los territorios indígenas “quebrantan nuestros derechos colectivos, avallan los territorios que están consolidados y por encima de eso se meten, son propiedades comunitarias pero creen que son áreas libres, tienen apoyo del INRA que les facilita los trámites para parcelar y proceder a la sobreposición sobre territorios ya consolidados, eso es lo que ha molestado a los diferentes representantes de los pueblos indígenas de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija”.
Los territorios indígenas están sometidos a fuertes tensiones, algunas violentas, entre una visión de desarrollo y políticas de expansión promovidas desde gobierno y un postura de defensa de las territorialidades comunitarias en las tierras bajas.
EL ORIGEN DE LOS CONFLICTOS
En un reciente artículo sobre la distribución de tierras, Juan Carlos Chumacero, director de Fundación Tierra, asegura que “el origen de los conflictos está en los distorsiones en el proceso de distribución de tierras (…) los asentamientos no se autorizan para gente del lugar que no tiene tierra o tiene tierra insuficiente; al contrario, buena parte de nuevas comunidades está conformada por personas que vienen de antiguas áreas de colonización en el Oriente, del Chapare e incluso de núcleos urbanos relativamente cercanos; no se trata de campesinos aymaras y quechuas que no tienen tierra suficiente y acaban de migrar a la región; tampoco son indígenas originarios del lugar”.
Coincide en que el conflicto se genera porque se otorgan permisos de en espacios donde están asentadas comunidades indígenas o en tierras fiscales donde pueblos indígenas tienen derechos expectaticios a partir de demandas de titulación de tierras que no han sido aún atendidas por las instancias estatales correspondientes.
Chumacero recuerda que “en las últimas semanas se han dado enfrentamientos violentos entre indígenas y colonizadores precisamente por esta situación. A ello hay que añadir la aparición creciente de asentamientos ilegales en territorios indígenas titulados y en áreas protegidas, con la correspondiente vulneración de derechos de los pueblos que habitan estos espacios y la afectación del medio ambiente que debiera preservarse en esas áreas”.
A ello hay que añadir que “en la mayoría de los casos, estas nuevas comunidades están conformadas por militantes del partido de gobierno, que cuentan con el aval de organizaciones campesinas e interculturales a nivel nacional, que acceden a estas tierras bajo formas prebéndales de pago político y que, a la vez, encajan dentro de un proyecto de ocupación política del territorio”.
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