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Corruptos, bandidos y traficantes tras las tierras fiscales



La detención y encarcelamiento de un ministro acusado de recibir sobornos, puso al descubierto la rearticulación de una extensa red de corrupción de funcionarios estatales coaligados con redes de tráfico de tierras.

La noticia de que Edwin Characayo, entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, fue detenido luego de ser descubierto in fraganti mientras recibía un soborno de 20.000 dólares para sanear el predio denominado El Triunfo II, de 1.350 hectáreas, ubicado en el municipio de San Julián del departamento de Santa Cruz, volvió a destapar la caja de pandora de la corrupción que, una y otra vez, puso en evidencia a consorcios ilegales que trafican con la dotación de tierras estatales.

Entre corruptos y bandidos


“Estamos ante una organización criminal que no estaba conformada solamente por esas dos autoridades” reveló el ministro de Justicia, Iván Lima y dijo que se investiga a otros funcionarios de alto rango que pretendían repartirse un botín de 380.000 dólares.

Horas más tarde, el lugarteniente del jefe del MAS, Juan Ramón Quintana, calificó el soborno como un "pequeño episodio" y convirtió un taller de formación de asambleístas electos de su partido en una cátedra sobre corrupción.

"Para mí, personalmente, es intrascendente, obviamente tiene valor que un ministro esté recibiendo 20 mil dólares. ¿Ustedes imaginan lo que significa en términos de millones de dólares el tráfico de tierras por parte de la derecha en Santa Cruz en los últimos 50 años?”, dijo, aunque no aclaró que en esas cinco décadas se incluyen 14 años de gobierno del MAS.

Según varias denuncias documentadas, cuatro exministros de Evo Morales están involucrados en el tráfico de tierras, pero se fueron sin dar cuenta de sus actos a la justicia y dejando en la impunidad una centena de procesos administrativos y penales contra funcionarios de la cartera de Desarrollo Rural y Tierras y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

El director de Fundación Tierra Regional Santa Cruz, Alcides Vadillo, aseguró a Cabildeo Digital que el saneamiento y titulación de tierras ha devenido en una cadena de corrupción y prebenda política y económica que, en los últimos diez años, ha involucrado a todas las autoridades que estuvieron a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Dijo que su institución no ha podido documentar todas las denuncias y procesos, pero recordó que “hasta el 2019 cursaban algo más de 100 denuncias contra funcionarios del INRA, un proceso contra el exministro Cocarico, un juicio al exdirector del INRA Juan Carlos León, y un proceso al exdirector del INRA en Santa Cruz, Sergio Abrahan Imana”.

Todo hace ver que el despacho de Desarrollo Rural y Tierras está signado por la corrupción. Characayo es el segundo ministro del gobierno de Arce que se involucra en hechos irregulares. En diciembre, Wilson Cáceres, fue destituido por nepotismo y tráfico de influencias.

Seis días después del escándalo, Arce posesionó a Remy Gonzales un exfuncionario del círculo de confianza y del gobierno de Evo Morales.

Sin señales claras


En la posesión del nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras, el presidente Arce se refirió de soslayo al escándalo de soborno, dijo que hechos similares no pueden repetirse porque “vamos a ser implacables con la corrupción venga de donde venga” y Gonzales se limitó a prometer una gestión que garantizará la producción para la sustitución de importaciones y la seguridad alimentaria.

En opinión de Alcides Vadillo llama la atención el tono de los discursos de posesión porque “nos quedamos con la percepción que no se dio importancia ni se hizo referencia a que la salida del anterior ministerio era un tema de corrupción y tráfico de tierras. Un discurso dirigido a la insuficiencia productiva y la seguridad alimentaria que son preocupaciones importantes, pero de este ministerio depende tambien la administración de tierras, un tema no sólo altamente conflictivo sino también objeto de enorme cantidad de denuncias de extorsión y corrupción”.

Lamentó que la máxima autoridad de gobierno no haya dado líneas claras y contundentes para desarticular las redes criminales que se valen de abogados, notarios, funcionarios corruptos para traficar con las tierras fiscales.

Reiteró que entre 2014 y 2019, el INRA autorizó cerca de 1.400 asentamientos para nuevas comunidades en el departamento de Santa Cruz, pero “muchas de esas concesiones son virtualmente comunidades fantasmas que están en manos de traficantes”.

Vadillo puntualizó que “a partir de 2010 se hizo muy visible la corrupción en la concesión de tierras fiscales, se pierde la institucionalidad del INRA y se impone el manejo político. El INRA pierde su condición técnica y se convierte en una instrumento político, operativo y se activan mecanismos de extorsión para el tráfico de tierras”.

Ese año, se detectó el “INRA paralelo” que fraguaba documentos, blanqueaba antecedentes legales y extorsionaba a funcionarios responsables de la dotación de tierras fiscales, cobrando cuantiosas sumas a quienes se adjudicaban esas propiedades. Todo ocurrió durante la gestión de Nemesia Achacollo.

El director del INRA, Juan Carlos Rojas, fue destituido luego de denunciar el caso “INRA paralelo”, y reemplazado por Julio Urapotina, responsable de nuevos asentamiento en Pando autorizados por el exministro Juan Ramón Quintana.

Fue una década en que campeaba la corrupción y la extorsión a través de los denominados “Clan León” y “Clan Cocarico”. No hubo pausa, puntualizó Vadillo y recordó que la Fundación Tierra también denunció “la consolidación de dos propiedades agrarias, Laguna Corazón de 12.480 hectáreas, en la provincia Guarayos y Tierras Bajas del Norte, de 21.000 hectáreas, en la provincia Chiquitos, sumando un total de 33.480 hectáreas en favor de la familia del entonces ministro de Economía, Branko Marinkovic”.

La intervención del INRA


Ante ese panorama, Alcides Vadillo reiteró que “es urgente intervenir el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para encarar una procesos de auditoría que revise todas las dotaciones y especialmente para fortalecer su institucionalidad”.

Dijo que paralelamente se debe proceder al desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales en todos los casos donde existan Resoluciones de Desalojo y paralizar todos los trámites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente las grandes propiedades que superan el límite de 5.000 hectáreas.

Recordó que en 10 años, el INRA ha tenido ocho directores interinos, por lo que es urgente que “las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo que nombren un Director Nacional Titular del INRA, en cumplimiento de la ley de tierras que señala que el Presidente debe nombrar al Director a partir de una terna de postulantes seleccionados por la Cámara de Diputados”.

“Muchas dotaciones de tierra deben ser revertidas, reencauzar procesos, imponer la institucionalidad, la legislación y los derechos agrarios tengan credibilidad porque al paso que estamos la siguiente consecuencia es que continuarán los atropellos”.

No toda la tierra es para quien la trabaja


El balance de 10 años de entrega de tierras fiscales lleva a la conclusión de que “no toda la tierra es para quien la trabaja, sino para clanes de extorsión y tráfico que se han enriquecido con dotaciones fantasmas”, dijo Vadillo.

Reitero que existen “comunidades fantasmas” que están siendo negociadas en el mercado del tráfico de tierras y, en muchos casos, pasan a manos extranjeras, “aunque es un tema difícil de establecer porque son pocos los que tienen tierras a su nombre, lo que se ve es que existen alto nivel de propiedad que pertenece a extranjeros pero a nombre de palos blancos, a nombre de personas bolivianas, dentro del INRA no se hace un registro diferenciado de nacionales y extranjeros”.

Lo cierto es que “se han dotado y reconocido propiedades que sobrepasan la 5.000 hectáreas, y la duda y susceptibilidad es si se trata de derechos preexistentes o nuevas dotaciones que están al margen de lo que manda la constitución”.

Vadillo insistió que en Santa Cruz “es muy notoria la presencia de extranjeros invirtiendo en el agro – brasileños, argentinos, colombianos, en menor escala uruguayos y tambien en los últimos dos años gente de origen asiático, particularmente chinos, interesados en desarrollar proyectos de carácter agropecuario, eso es evidente, lo que no tenemos son datos sobre cuanta tierra tienen”.

Consultado sobre algunos vínculos denunciados entre el exministro Characagua y ciudadanos chinos, dijo que “no se conocer qué relación tienen los chinos en el tráfico de tierras, pero hay una significativa presencia de ciudadanos chinos metidos en madera como en ganadería”.




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