El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, renunció este viernes al cargo, cinco días después del encarcelamiento de la expresidenta Jeanine Añez, dos exministros y dos excomandantes de la Fuerzas Armadas por el presunto “golpe de Estado”, y el pedido del secretario general de la ONU, António Guterres, de respeto a los derechos humanos y garantizar juicios justos.
“El motivo de la presente nota es para hacerle conocer que por motivos estrictamente personal y de salud, me veo en la necesidad de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal departamental de La Paz”, señala la carta de Cossío dirigida al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
Cossío había sido posesionado en el cargo de Fiscal en febrero de 2020 por el propio Lanchipa. Su designación se dio en reemplazo de William Alave. En ese entonces, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió a Lanchipa, la suspensión e investigación de los fiscales Samuel Lima y Williams Alave por presuntas irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.
El jueves, el secretario general de la ONU, António Guterres, habló con el presidente Luis Arce y le recalcó la importancia de respetar los derechos humanos y garantizar juicios justos tras las detenciones de la expresidenta Añez y de altos exfuncionarios del anterior gobierno.
“En la conversación, el secretario general subrayó la necesidad de respetar los derechos humanos y el debido proceso, que constituyen una base fundamental de la consolidación de la democracia”, señaló el vocero de la ONU, Stéphane Dujarric, en su conferencia de prensa diaria.
No obstante, el presidente Arce informó, horas antes del comunicado de la ONU, que se reunió con Guterres de forma virtual y conversaron sobre la “recuperación de la democracia”.
Los expresidentes del país Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga destacaron la enérgica y dura petición del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al presidente Luis Arce para que se respeten los derechos humanos y se garanticen juicios justos tras la detención de la expresidenta Añez y de exfuncionarios del gobierno transitorio.
