NO, NO FUE LA POLÍTICA

 

Por: Patricia Alandia | 

El accidente ocurrido en la UPEA, que ha cobrado la vida de 7 estudiantes, nos ha estremecido en una mezcla de horror, desazón y profunda tristeza. Toda muerte es dolorosa, pero más cuando se trata de jóvenes. Entonces, surgen las preguntas, las respuestas poco razonadas, la búsqueda de culpables. Siempre se aconseja que este tipo de hechos tan penosos reciban un tratamiento periodístico objetivo, cauto y respetuoso, que lamentablemente no le han dado algunos medios y ciertos programas de TV, como es el caso de No Mentirás, ya muy acostumbrado al sensacionalismo y al morbo, amplificados por las RRSS. 

Aunque necesitamos dar con responsables, estamos frente a un hecho fortuito; decir lo contrario obliga a demostrar la repetición de esta tragedia en el tiempo, o dolo en las acciones de los por ahora aprehendidos. Y no es posible hacerlo. Más bien, podemos determinar un conjunto de condiciones que han convergido en ese momento: tumulto en un espacio peligroso, ánimos caldeados, edificación poco sólida, en el marco de prácticas políticas reprochables, que tienen larga data. No obstante, la opinión generalizada ha apuntado en una sola dirección, y es en la de los dirigentes que convocaron a la asamblea. Y ya sabemos cómo esa opinión pesa en las respuestas que dan las instancias encargadas de investigar los casos, por lo que ya se tiene dirigentes universitarios aprehendidos, y es posible que con ellos se cierre el caso.

No pretendo exculpar a nadie, no obstante, es necesario identificar, sin prejuicios ni arrebatos, la responsabilidad de todos los participantes directos e indirectos de esta tragedia, para evitar que vuelva a ocurrir una similar en la UPEA o en cualquier otra Universidad. Por ello, creo que es importante entender de qué exactamente estamos hablando. 

Es cierto que las universidades se encuentran en crisis desde hace mucho tiempo, y también es cierto que la academia ha sido en muchos casos desplazada por el clientelismo y por las prácticas prebendales, a cargo de grupos de poder. Sin embargo, todo ello no es resultado de un exceso de política en la Universidad, sino exactamente de lo contrario. 

Desde hace unas décadas, la política en la Universidad, como en el resto del país, se ha vaciado de su verdadero significado y, amén de ello, se ha convertido en una práctica estigmatizada. Los docentes, los padres de familia y los mismos estudiantes reproducen la falacia de que los buenos estudiantes van a estudiar y los mejores docentes se dedican a investigar, no a hacer política, porque esta es para los mediocres, los aprovechadores y los corruptos. Y así termina siéndolo.

No obstante, basta revisar la historia de nuestras universidades y las del mundo entero para constatar que no puede pensarse ninguna transformación social sin la acción política de las universidades, en especial de los movimientos estudiantiles. Eran (y en muchos lugares aún lo son) gérmenes de ideas y de acciones revolucionarias que han ayudado a recuperar nada menos que la democracia, y que en sus momentos de mayor vitalidad han encabezado las luchas más importantes por los derechos humanos, la defensa de nuestros recursos naturales y las reivindicaciones de sectores marginados. 

En las últimas décadas, hemos asistido a un proceso de desideologización e individualización incesantes, no solo al interior de las universidades, sino de la sociedad en general. La decadencia de partidos políticos es una constatación de ello. Ello nos ha pasado una factura, pues ha sido caldo de la prebenda, que ha avanzado a sus anchas en cada resquicio de la institucionalidad. Las reuniones de formación política, los debates acalorados entre frentes por sus diferencias ideológicas, las causas sociales que los movilizaban, la lucha por ideales, todo ha desaparecido. En su lugar, se han organizado grupos de poder —las conocidas camarillas—, cohesionados por el mezquino propósito de controlar los espacios de decisión para repartirse cargos y horas. Esos grupos normalmente nacen y mueren en las coyunturas electorales, así que es muy común ver a muchos cruzar puentes y cambiar de colores sin decoro alguno. 

Los estudiantes se han convertido en una pieza más de ese engranaje prebendal. Ciertas autoridades utilizan sus espacios de poder para acallar a los dirigentes estudiantiles o, en su caso, corromperlos y funcionalizarlos; estos, debilitados en sus principios, claudican sin mayor resistencia. Centros de estudiantes, consejos de carrera y facultad, incluso becas y auxiliaturas, todo se distribuye en esta lógica corrupta, que les ha permitido a algunos, no solo llegar a la docencia sin mayores méritos, sino fungir luego de autoridades. Esa es la realidad que se ha destapado en la UPEA, pero que no es ajena al resto de universidades del sistema. 

Salvando honrosas excepciones, la actividad dirigencial se ha vaciado de sus contenidos políticos, de sus fundamentos ideológicos; el poder ya no es un medio, es el fin, el único. Así se ha perforado los principios del cogobierno, una conquista dirigida a fiscalizar las acciones de las autoridades, a luchar por la calidad académica y a defender los intereses de las bases estudiantiles. La connivencia con los grupos de poder es su marca. Mientras tanto, con su silencio o su iniciativa, se vulnera normas, derechos; se menoscaba la calidad académica; se consolidan las camarillas, abriendo las puertas de las cátedras a los amigos, a los familiares, a los correligionarios (en el caso de militantes de partidos), a los leales.

Desde fuera y desde dentro, se ha estigmatizado tanto la política que pocos la asocian con la reflexión y la práctica comprometida que supone la participación en el quehacer universitario. Consecuencia de ello, los estudiantes no dicen lo que piensan, no interpelan a los abusivos, no exigen calidad académica, no denuncian a los acosadores, no se comprometen, no se arriesgan, no se “meten”, no asisten voluntariamente a las asambleas donde pueden decidir. Por ello, los dirigentes que se reúnen con las autoridades y negocian todo tienen la prerrogativa de tomar las decisiones, de reproducir el abuso, mediante el cobro de multas o la venta de beneficios. Eso sí, ningún dirigente, por muy viejo que sea (pues los hay de más de 30 años, con más de 10 de permanencia en la Universidad), ejerce ese poder sin el aval de las autoridades. 

En ese sentido, no, no fue la política la que dio lugar a esa tragedia, fue la ausencia de ella. Tampoco fue la autonomía universitaria o el cogobierno los que generaron estas prácticas deleznables, fue su degradación la responsable. Al respecto, hay que recordarle al senador Andrónico Rodríguez que el exrector Juan Ríos trabajó con su partido al interior de la UMSS, perforando la autonomía y violando las normas para perseguir opositores e incrustar a sus correligionarios en cargos, entre ellos de docentes (como en el caso de Ademar Valda), profundizando así la crisis institucional, y, además, el déficit económico que se arrastraba desde hace unos años. Y lo hizo amparado por el silencio de la mayor parte de docentes y estudiantes que prefieren “no hacer política”.

Quienes forman parte de esta lógica se encargan de deslegitimar, por cualquier vía, a las pocas voces que se alzan para denunciar y frenar los abusos (un artículo similar a este, hace unos años, provocó que me panfletearan, amenazaran y rayaran mi auto). Por ello, son muchos los callados, los ausentes, los no comprometidos. Si todos los docentes y estudiantes asumiéramos activamente nuestro rol en la definición de las políticas de nuestras universidades, y, para empezar, dejáramos de delegar la conducción de los distintos espacios de poder a quienes reproducen esas prácticas prebendales, podríamos contarle otra historia a la sociedad. Y ello supone que todos recuperemos la política como una vía en la que nuestras voces, ideas y acciones converjan para asegurar una gestión transparente y democrática, construir una institucionalidad sólida y una comunidad académica altamente cualificada y productiva.