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Cuando faltan días para concluir su gestión, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que el MAS ostenta dos tercios, encamina juicios de responsabilidades y procesos penales en contra de una veintena de autoridades, exautoridades, militares y policías por la aprobación del decreto 4078, que eximía de responsabilidad penal a los militares por las muertes de Sacaba y Senkata y por la compra de gases lacrimógenos.
Las autoridades contra las que el partido azul encamina procesos son: la presidenta Jeanine Añez y los ministros de Relaciones Exteriores, Karen Longaric; de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de Justicia, Álvaro Coimbra; de Energías, Rodrigo Guzmán, y de Medio Ambiente, María Elva Pinckert.
Los que podrían también ser pasibles a procesos penales son los exministros de la Presidencia Jerjes Justiniano; de Economía José Luis Parada, de Comunicación Roxana Lizárraga y de Desarrollo Rural Mauricio Ordóñez.
De las filas de las Fuerzas Armadas se cita los nombres del excomandante Williams Kaliman, del comandante en jefe Carlos Orellana y del comandante de una división militar en El Alto, Franko Suárez. De las filas de la Policía se apunta contra el excomandante Vladimir Calderón, el comandante Rodolfo Montero y el excomandante departamental de Cochabamba Jaime Zurita.
El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes el informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios, que recomienda remitir una copia a la Fiscalía General del Estado para que inicie las acciones penales contra cuatro autoridades y un exministro.
El documento recomienda acciones penales contra los ministros Núñez, Murillo, López, el presidente de la Aduana, Waldo Ramos, y el exministro Ortiz. Al respecto, esta última exautoridad dijo: “Quiero expresar mi rechazo a la inclusión de mi nombre en un informe de la Asamblea Legislativa por la compra de gases lacrimógenos en el año 2019, yo no participé en ninguna parte del proceso de contratación, no era ministro. (…). Está claro que el MAS quiere llenar de juicios a quienes estuvimos en el proceso de transición”.
Por su parte, el ministro Murillo manifestó: “Es importante no dar malas señales como las que hemos visto las últimas horas. Algunos creen que por ser más duros van a conseguir más ‘pega’, amenazando con juicios a ministros, a la presidenta, a militares. Si los ganadores de las elecciones siguen ese camino no será un buen principio”.
La Asamblea Legislativa decidirá el jueves si aprueba el informe de la Comisión Mixta Especial que investiga las muertes de Sacaba y Senkata, que sugiere dos juicios de responsabilidades contra Añez y juicio ordinario para siete ministros, cuatro exministros, tres militares y tres policías.
El presidente de la comisión Víctor Borda (MAS) explicó que si la Asamblea Legislativa acepta las recomendaciones por dos tercios, la instancia se constituye en parte denunciante y la Fiscalía debe iniciar las investigaciones. En caso de que el Ministerio Público considere que hay suficientes elementos para sostener la acusación se remite nuevamente un informe al Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia iniciaría el juicio de responsabilidades contra Añez, mientras que las demás autoridades serían juzgadas por la vía ordinaria.
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