Solo 7 páginas, las últimas, del informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) esclarecen el “modus operando “ de un asalto conjunto por 300 millones de dólares cometido a finales del año 2008 y principios del 2009 por Evo Morales y Hugo Chávez a las arcas fiscales de Bolivia y Venezuela.
DINERO SUCIO EN BANCOS LIMPIOS
Al mismo tiempo, se conoció el FinCEN files, otra investigación mucho más abultada de 2657 documentos, que comprometen a grandes bancos por haber facilitado a mafiosos -como los del Cartel de los Zetas y políticos corruptos como los chavistas venezolanos- el movimiento y lavado de 2 billones de dólares entre el 2000 y el 2017.
Estos documentos secretos se filtraron del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y es el quinto caso parecido después de los Panamá Papers, Lux y Swises Leaks, que apuntan a lo mismo: el dinero sucio que se mueve en el mundo es de miles de millones de dólares y pasa de un lugar a otro a través de transacciones que realizan empresas que solo son un sello y un registro a través de grandes bancos como el HSBC, el JP Morgan, el Deutsche Bank y tantos otros.
EL FinCEN files identifica a 7 “boligarcas” venezolanos, supuestos empresarios de la construcción, como el detenido en Cabo Verde Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, que sacaron de Venezuela dinero público, de planes de vivienda popular, lucha contra la pobreza y de la reparación del tendido eléctrico, para llevarse todo ese dineral a sus propias cuentas particulares.
Fruto de este saqueo sistemático, en Venezuela no queda nada salvo la dictadura y la pobreza, ni siquiera dejaron PDVSA, la empresa estatal del petróleo, que está convertida en chatarra y a la venta por partes en esa condición.
EL “EVO CUMPLE”
En el caso de Bolivia, la UIF identificó una transacción de 300 millones de dólares que se hizo de Estado a Estado, pero que terminó en bolsillos privados. En esos años de apogeo del petróleo (2008-2009), el presidente de Venezuela Hugo Chávez regalaba dólares a diestra y siniestra . El objetivo en Bolivia fue darle a Evo Morales un espaldarazo en dólares para consolidar su régimen. Una parte de esos 300 millones de dólares se usó para acallar a la prensa opositora. Usando testaferros compraron ATB, PAT, La Razón y Extra. Y, con otra partida, que salió de PDVSA, se adueñaron de la empresa soyera más grande del país GRAVETAL En la nota de Cabildeo “La burguesía Azul” describimos en detalle esa operación.
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Inicialmente el gobierno de Evo Morales dijo que esos 300 millones habían llegado en calidad de donación y posteriormente, para encubrir el saqueo de Venezuela, dijeron que era un préstamo que, sin embargo, no está registrado en ningún lado, según el documento de la UIF que se filtró a Brújula Digital.
En todo caso, formalmente el destino de esos millones fue el “Evo Cumple”, programa que Evo Morales usó para estar en permanente campaña electoral y que fue administrado el UPRE, dependiente del Ministerio de la Presidencia, en particular por Juan Ramón Quintana.
LOS TESTAFERROS
La compra de ATB y demás medios fue una operación manejada personalmente por Álvaro García Linera desde la vicepresidencia quien escogió a los testaferros, a los leales directores y gerentes de esos medios de comunicación.
El “boligarca” venezolano Carlo Gill y Marcelo Hurtado son los dos principales “palos azules” que aparecen transfiriendo más de 16 millones de dólares repartidos en 10 cheques para la compra de estos periódicos y canales de televisión.
Carlos Gill usó a su asistente en los Estados Unidos Jordán Silva Tuques para la adquisición de ATB con dinero del “Evo Cumple”. Transfirió de Bolivia a Estados Unidos 10 millones de dólares mediante 7 cheques con destino a las cuentas de sus empresas offshore Kimarcus SRL y Sunstripes Invesments con sede en Bermudas.
A su vez, Marcelo Hurtado transfirió 4.5 millones de dólares, en tres cheques, al grupo Prisa de España para la compra de La Razón-Extra. Utilizó tres empresas: Flaba Trading SRL, Estrategias Energéticas SRL y Akaishi Invesments.
Posteriormente, y como el dinero no era de ellos y respondiendo siempre a las órdenes de la vicepresidencia, hicieron un enroque. Hurtado apreció como dueño de ATB y Gill de La Razón.
Los testaferros de segunda línea en este asalto al Estado boliviano son: Carlos Serrate Valdivia, Mauricio Eloy Etieme Solares y Peter O’toole Ford, que también aparecen al servicio de Gill en el negocio de los ferrocarriles. Habrá que averiguar con qué dinero Gill compró el 50% de las acciones de las empresas Andino y Oriental.
Y en tercera línea de los testaferros, la investigación de la UIF identificó a los periodistas que se hicieron cargo de ATB y La Razón, Jaime Iturri y Claudia Benavente Parada.
En 2014, Carlos Gill quiso salir de la exposición pública que significa ser dueño en apariencia de un canal de televisión y para ello desde la vicepresidencia inventaron una venta ficticia de acciones a Jaime Iturri por 4,5 millones de dólares. Iturri reconoció que no tenía ese dinero, “voy a pagar a cuotas”, dijo.
CONSULTORIAS
La UIF también identificó que con el préstamo venezolano el Ministerio de la Presidencia ordenó otros giros al exterior para el enriquecimiento ilícito de particulares.
Pagó tres “consultorías “ por un total de 346 mil dólares a Dinorah Singer, con sede en Florida, Estados Unidos; Nagstone Invesments, de las Islas Vírgenes Británicas; y, a Milos Overseas Corp. que se llevó la mayor parte, 202 mil dólares.
No figura en esta investigación, el financiamiento que pagó la vicepresidencia a tres dirigentes del partido español PODEMOS so pretexto de “consultorías”. Es otro caso pendiente y que complementará a la que está en curso en los juzgados españoles.
CONCLUSIÓN
La conclusión de la UIF es enjuiciar a Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia y al director de la UPRE de entonces.
Sin embargo, no hay duda que esta investigación girará entorno a Marcelo Hurtado, que ya está detenido, gerente de ATB en la última década y beneficiario además de otro giro por 170 mil dólares de los recursos del “Evo Cumple”.
Carlos Gill es punto aparte. Aparece en los grandes negociados del gobierno de Evo Morales, pero la punta del ovillo será ATB y la Razón pues gracias a la investigación de la UIF ya existen pruebas de transacciones delictivas que pasaron por bancos asentados en Estados Unidos, lo que podrá costarle un juicio en el propio Imperio y la pérdida de sus millonarios bienes en ambos países.