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Una tentación irresistible


Por: Rosa Talavera Simoni            

El gobierno transitorio (y constitucional) de Jeanine Añez, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha anunciado que presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, un proyecto de Ley para modificar los artículos 59, 60 y 61 del Código Tributario Boliviano (CTB) relativos a la prescripción de la deuda tributaria y, concomitantemente, establecer un régimen transitorio que permita a los contribuyentes que tengan deudas con los entes recaudadores, regularizar su situación. 

Claramente, el objetivo central de esta propuesta, es reducir a 4 años el período de prescripción que, a través de sucesivas disposiciones legales aprobadas en el año 2012, fue establecido en 8 años con vigencia desde la gestión 2013; al mismo tiempo, busca eliminar la imprescriptibilidad de la facultad de la administración tributaria para ejecutar las deudas determinadas, que también fue establecida en 2012. La inclusión en el proyecto de ley, de un nuevo régimen para regularizar deudas tributarias (popularmente llamado perdonazo) solo tiene el propósito de captar simpatías para un proyecto de ley que tiende a restituir la normativa que, sobre este tema, estableció el CTB aprobado por los “neoliberales” en agosto de 2003.

Una mirada retrospectiva, permite evaluar mejor las motivaciones de esta propuesta. En primer lugar, cabe señalar que coincidiendo con la disminución de la bonanza que favoreció al gobierno anterior y seguramente también como parte de la campaña por la cuarta gestión de Evo Morales, se aprobó, en dos oportunidades, marcos normativos para regularizar, con beneficios, las deudas tributarias. El primero, tuvo vigencia entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016 (seis meses) y, el segundo, entre el 1 de octubre de 2018 y el 28 de junio de 2019 (nueve meses). El proyecto del nuevo gobierno, tendría vigencia desde la aprobación de la ley, hasta el 15 de mayo de 2020, es decir poco menos de dos meses, si su aprobación fuese expedita. 

Según los informes técnico-legales y la exposición de motivos del proyecto de ley en curso, al 31 de diciembre de 2019, la mora tributaria acumulada era de 41.465 millones de bolivianos mientras que, con la misma fuente, al cierre de 2015, es decir antes del primer “perdonazo”, la mora registraba 24.456 millones de bolivianos, con un crecimiento de 70% entre 2015 y 2019. Por otra parte, el último perdón tributario generó una recaudación total (renta interna y renta aduanera) de solo 4.383 millones de bolivianos, cifra que representa un magro 10,6% de la deuda acumulada. Es asimismo ilustrativo anotar que, del total de los contribuyentes que se acogieron al beneficio, únicamente el 11% (14.427) fueron personas jurídicas, en tanto el 89% (116.724), fueron personas naturales. 

Las estadísticas que pretenden apoyar el proyecto de ley, muestran que la facilidad ofrecida por el fisco para que los contribuyentes regularicen sus adeudos, pagando solo el costo del dinero (una tasa de interés de 2% en el proyecto actual) no solo implica un riesgo moral, sino que puede llegar a ser contraproducente a los fines de recaudación fiscal, pues constituye un incentivo para, en el peor de los casos, diferir el pago de las obligaciones impositivas hasta el momento de una eventual fiscalizado o, en el caso óptimo, aumentar las ganancias del contribuyente a costa del fisco. 

Finalmente, sin negar que el período de prescripción actualmente vigente (8 años como caso general) es inusualmente largo, y la imprescriptibilidad tiende, por un lado, a restar eficacia a la Administración en el ejercicio de sus obligaciones de fiscalización o cobranza y, por otro a erosionar en extremo la seguridad jurídica de los contribuyentes, no se puede dejar de señalar que la modificación de este aspecto fundamental del CTB debería ser parte de una redefinición del conjunto de la legislación tributaria y no una medida aislada. Pero cuando el período de oportunidad puede ser corto, la tentación de probar suerte en la Asamblea Legislativa con este proyecto de Ley, que sin duda será del agrado de los contribuyentes que votarán el 3 de mayo, puede ser irresistible.

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