“Preparemos nuestras pititas”, “una nueva lucha nos espera”, “no a la impunidad”, “nos espera una nueva unidad contra los abusos”, “Nos vemos en las mismas esquinas”, son algunas de las frases de protesta que se comenzaron a difundir desde la madrugada en las redes sociales y en cercanías de la Asamblea Legislativa donde se aprobó el cuestionado proyecto de ley de garantías constitucionales.
Con más de dos tercios, hace unas horas en la Cámara de Diputados, el MAS hizo prevalecer su mayoría y aprobó en grande el proyecto de ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de los Derechos Constitucionales, que entre otros aspectos prevé la protección para autoridades electas y dirigentes sindicales.
“Es un Nuevo atentado contra la democracia, pretender dar impunidad a quienes agredieron al pueblo y generaron tanta violencia. Así que no vamos a permitir y si tenemos que volver a salir, lo haremos”, manifestó María Solares, joven que forma parte de esta generación denominada “Pitita”, conocida por las movilizaciones contra las irregularidades en las elecciones y que derivaron en la renuncia de Evo Morales.
El proyecto consta de 13 artículos y de acuerdo a afirmaciones desde diferentes sectores políticos, se trataría de una intención en otorgar “impunidad” a ex autoridades de Gobierno como Evo Morales y a líderes sindicales que formaron parte de los últimos conflictos registrados en noviembre en diferentes regiones del país.
El Ministro de la Presidencia Yerko Nuñez adelantó que este Gobierno transitorio no promulgará una ley que pretenda dar “impunidad” a Las personas, “el que nada tiene, nada teme. Los del MAS no deberían estar asustados, ni preocupados si no han hecho nada”.
Por su parte la diputada de oposición, Norma Piérola, aseguró que en las siguientes horas el MAS prepara la aprobación de este proyecto en la Cámara Alta. "Esperamos cordura de parte de los senadores. Este proyecto debió ser tratado en la siguiente legislatura, pero vemos que buscan proteger a grupos radicales que tanto daño le hicieron al pueblo".
Uno de los artículos más cuestionados de este proyecto es el 9 que establece sobre “garantía para los sectores sociales” que el “Estado boliviano a través de sus cuatro Órganos, sus instituciones, el Ministerio Público, la Policía boliviana y las Fuerzas Armadas, garantizan el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para todos los líderes sociales, dirigentes sindicales, y personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional”.
De igual forma esta norma propone “protección” en su artículo 10: “Las autoridades electas, dirigentes sindicales, sociales, cívicos, las detalladas en el artículo 1 de la presente ley y su entorno familiar cercano serán protegidas por los Órganos del Estado, Ministerio Publico, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. II. Las personas protegidas por la presente ley para el resguardo efectivo de los derechos que estén siendo vulnerados, amenazados, hostigados o consideren que su vida, integridad física, propiedad privada estén en peligro, a sola denuncia verbal o escrita ante las autoridades correspondientes, de manera inmediata podrán activar las acciones de protección necesarias, pertinentes y eficaces”.
Hoy será tratado este proyecto en la Cámara de Senadores.
//Fuente: ANF//
