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Un grupo armado de ciudadanos colombianos retornó a la comunidad originaria de Chipihuayco, ubicada en el ayllu Talina, en el municipio de Villazón, departamento de Potosí, donde la población rechaza la explotación de oro y defiende el agua que es utilizada por los mineros para el lavado del mineral.
Vía: Visión 360 |
El director nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, confirmó este extremo y anunció que se ejecutará un operativo para neutralizar a los grupos que amedrentan a la población.
“No nos dejaron entrar en una primera instancia porque habíamos detectado grupos armados. Posteriormente, nosotros hemos hecho una segunda intervención con el grupo táctico y hemos logrado ingresar al área minera. Entonces, entiendo que nuevamente este grupo ha vuelto y tiene un grupo armado de súbditos colombianos que están amedrentando a la gente”, denunció.
Esta semana circularon videos en los que se ve a varios hombres uniformados con chaquetas camufladas que hostigaban a la población y les pedían dejar trabajar. Como consecuencia de los enfrentamientos, se registraron cinco heridos: dos varones que trabajan para la empresa minera y tres personas de la comunidad, una de ellas de sexo femenino.
El comandante de la Policía de Frontera de Villazón, Luis Fernando Cardozo, confirmó que hubo enfrentamientos y que los habitantes lograron retener a dos hombres: uno que dijo ser de Santa Cruz y el otro, de nacionalidad uruguaya.
Este extremo fue confirmado por Sanabria este jueves, quien sostuvo que se tenía una denuncia sobre el área minera en Chipihuayco, en la provincia de Modesto Omiste.
Dijo que se efectuaron denuncias penales que están en curso y que, en coordinación con el Ministerio Público y las autoridades de seguridad del Estado, asumirán las medidas necesarias para controlar esta situación.
“Vamos a asumir lo que se llama una acción más contundente para neutralizar a estos grupos. Como ustedes saben, la minería ilegal no solo en Potosí, sino también en Beni, Pando, el norte de La Paz y la frontera con el Perú, está vinculada a estos grupos armados. La minería representa problemas de seguridad y gobernanza para el Estado”, manifestó.
Aseguró que ya no es un problema solamente ambiental ni tampoco administrativo, sino que tiene muchas implicaciones. “Está íntimamente ligada con el tráfico de mercurio, con el tráfico de armas, grupos irregulares, tráfico de combustible, tráfico de maquinaria, equipo, contrabando de minerales. Tiene una gran connotación”, advirtió.
Sanabria consideró que la minería ilegal es transversal a todas las actividades de la sociedad y que, por eso, es muy dañina para el Estado.
Con relación a las acciones que serán asumidas para controlar la situación, dijo que se tiene que realizar una evaluación del área y de los riesgos y que, de ser necesario, si no es suficiente el contingente policial que se pueda desplegar, se solicitará también el apoyo de las Fuerzas Armadas, como lo han hecho en muchas otras regiones.
Consultado sobre cuándo estaba planificado el ingreso a Chipihuayco, dijo que probablemente en los próximos días. “No quiero precisar día y hora justamente por cuestiones de seguridad”.
Los habitantes que se dedican a la agricultura hicieron una denuncia a mediados del mes de octubre porque corrían el riesgo de quedarse sin agua para el consumo de la población y de sus animales, debido a la explotación aurífera y al uso del agua para el lavado del mineral.
El domingo pasado se registraron agresiones físicas entre los pobladores y los mineros, debido a que, si bien existe un problema de fondo por la explotación minera en esa zona, en esta ocasión el conflicto se habría iniciado por la defensa de un ojo de agua que abastece a esa comunidad.
Los comunarios manifestaron que la empresa estaría intentando sacar agua de un ojo que no estaría contemplado en su cuadrícula, por lo que reaccionaron y recibieron una respuesta por parte de los trabajadores, lo que derivó en agresiones físicas mutuas.
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