El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue detenido el miércoles por la noche en la región oriental de Santa Cruz, dos días después de que Estados Unidos le revocara la visa por supuestos vínculos con el narcotráfico, mientras la Policía allanó las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Sucre, según fuentes oficiales citadas por AFP y una denuncia del propio Ministerio Público.
Vía: Infobae |
“Está confirmada la detención del fiscal” Mariaca, dijo de manera escueta a la AFP una fuente del Ministerio de Gobierno que prefirió mantener su identidad en reserva. Junto al fiscal general también fue detenido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien figura asimismo entre los funcionarios sancionados por Washington.
El Ministerio Público boliviano denunció que Mariaca fue aprehendido de forma “ilegal” por motivos que hasta el momento se desconocen. Un funcionario de la Fiscalía afirmó en una transmisión en vivo desde Sucre que se trató del “secuestro” del fiscal general, después de que medios locales informaran sobre su detención en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.
La Fiscalía indicó que Mariaca se había trasladado a esa región para “cumplir con su agenda institucional” y sostuvo que no conocía el motivo de su detención.
En paralelo, funcionarios de la Fiscalía denunciaron una intervención policial en la sede del Ministerio Público en Sucre, la capital constitucional de Bolivia. “Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, en una transmisión difundida por las redes sociales de la institución.
En las imágenes se observaron policías con el rostro cubierto y chalecos del Centro Especial de Investigación Policial, una unidad de inteligencia. Los funcionarios de la Fiscalía General y de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz no respondieron de inmediato a las consultas de AFP.
Hasta el momento, el Gobierno boliviano y la Policía no habían difundido información oficial sobre los motivos de las aprehensiones de Mariaca y Zeballos ni sobre el operativo realizado en las instalaciones de la Fiscalía en Sucre.
Las detenciones se produjeron dos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara la revocación de visas de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusó de ser “corruptos” y de “socavar gobiernos elegidos democráticamente”.
Bolivia es el país con más ciudadanos incluidos en la lista difundida por Estados Unidos, que menciona a trece funcionarios y ex funcionarios, entre ellos Mariaca y Zeballos. Según el Gobierno estadounidense, las acciones atribuidas a Mariaca “ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer”.
En otra acusación difundida esta semana, el Gobierno estadounidense señaló que Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.
Mariaca rechazó las acusaciones y calificó la decisión estadounidense como un acto de “injerencia” y “presión política” relacionado con las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público. El fiscal general también vinculó las sanciones con las “implicaciones” que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas de esas investigaciones.
Entre los procesos mencionados por Mariaca figura el caso contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros delitos, de presunta tentativa de feminicidio contra su ex pareja.
El Gobierno boliviano calificó el lunes de “graves” las acusaciones formuladas por Estados Unidos y solicitó a Washington la información correspondiente para investigar en el país a las personas incluidas en la lista.
La situación también será tratada por el Legislativo boliviano, que tiene prevista una sesión el próximo lunes para analizar la información que envíe Estados Unidos y evaluar la posible conformación de una comisión destinada a investigar las acusaciones.
Mariaca fue elegido fiscal general de Bolivia en octubre de 2024 para un mandato de seis años por el anterior Legislativo, que tenía mayoría del entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los ex presidentes Evo Morales y Luis Arce.
