El gobierno de Donald Trump anunció fuertes sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), lo que supone una importante escalada en su intento por "desmantelar" a una institución que considera "rebelde".
Vía: BBC |
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que las medidas, que incluyen la prohibición de que entidades estadounidenses hagan transacciones con la CPI, tenían como objetivo "defender la soberanía de Estados Unidos" y acusó al tribunal de intentar enjuiciar a ciudadanos estadounidenses.
La CPI afirmó que estas medidas constituían un ataque contra el estado de derecho y los fundamentos del orden jurídico internacional.
El anuncio se produjo horas después de que la exjueza de la CPI, Navi Pillay, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.
Estados Unidos ya ha penalizado a 17 jueces y funcionarios de la CPI, pero esta medida sanciona a la propia institución y pretende colapsar su capacidad para operar financieramente.
Sin embargo, Estados Unidos le concedió un período de gracia de seis meses antes de que entren en vigor algunas de las últimas sanciones, lo que significa que los Estados miembros pueden seguir pagando por sus operaciones.
Esta medida, según Washington, busca dar tiempo a los países para negociar una "solución que aborde" las preocupaciones estadounidenses.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la decisión de Estados Unidos como "un duro golpe para nuestra búsqueda colectiva de la justicia penal internacional, de la cual la CPI es un pilar fundamental".
Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón y Países Bajos reafirmaron su "apoyo continuo e inquebrantable" a la CPI y dijeron que "lamentan y discrepan profundamente" de las sanciones.
También elogiaron al personal del tribunal por su labor para llevar ante la justicia a "los acusados de los crímenes internacionales más graves", así como por el apoyo brindado a las víctimas.
Los casos en la CPI
La CPI se fundó en 2002 para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Cuenta con 125 países miembros.
Varios países permanecen fuera de la CPI, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel.
El gobierno deTrump sostiene que la CPI está dirigida por lo que denomina globalistas que amenazan la soberanía estadounidense.
Y está furioso por una investigación pasada sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán, que el tribunal ya cerró, y por las órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu.
A pesar de ello, las nuevas sanciones no estipulan que estas órdenes deban ser retiradas para que se levanten las medidas.
Rubio afirmó que Trump no permitiría que la CPI procese a ciudadanos estadounidenses.
"O la CPI cesa sus amenazas, o acabaremos nosotros con la CPI", añadió.
Las sanciones estadounidenses impedirán que las empresas estadounidenses proporcionen bienes o servicios a la CPI, por ejemplo bancarios o tecnológicos.
Rubio dijo que Washington había retrasado la imposición de las sanciones con la esperanza de que la CPI y sus países miembros abordaran las preocupaciones de Estados Unidos.
Aseguró que las medidas fueron diseñadas para permitir que otros países negociaran una posible solución.
También hizo un llamado a los aliados de Estados Unidos que son signatarios de la CPI para que "frenen" a la institución.
Países Bajos, que alberga el tribunal en La Haya y es aliado de Estados Unidos en la OTAN, se enfrenta a una presión particular.
El ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, afirmó que las sanciones afectarían gravemente la capacidad de funcionamiento del tribunal.
Netanyahu celebró las sanciones, al señalar que la CPI "no era un tribunal", sino un organismo político que amenazaba a las democracias respetuosas de la ley y "la idea misma de soberanía nacional".
"Ataque al estado de derecho"
La CPI respondió que las sanciones tenían como objetivo perturbar su trabajo e intimidar a quienes cooperan con ella, pero que "no se dejará amedrentar".
Calificó las medidas como "un ataque al estado de derecho" y afirmó que nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia.
"La historia juzgará este momento", indicó.
Este enfrentamiento puede suponer la crisis más grave en los 24 años de historia del tribunal. En lugar de sancionar a jueces y fiscales individuales de la CPI, Estados Unidos ahora está sancionando al propio tribunal.
Según el profesor Ryan Goodman, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, las sanciones podrían en última instancia impedir que la CPI lleve casos a juicio, lo que significa que los detenidos que esperan juicio o sentencia podrían tener que ser liberados.
Entre quienes esperan juicio en La Haya se encuentra Rodrigo Duterte, el expresidente de Filipinas.
Fuerte, de 81 años, está acusado de la ejecución extrajudicial de miles de personas durante su sangrienta "guerra contra las drogas" entre 2011 y 2019.
Entre quienes esperan juicio o tienen apelaciones pendientes, también se encuentran exaltos funcionarios acusados de crímenes de guerra en Libia, Sudán y la República Centroafricana.
El profesor Goodman explica que, como senador, Rubio estuvo "al frente" de los señalamientos contra los presuntos crímenes de Duterte.
Su liberación sería "enormemente perjudicial para el esfuerzo global en pro de la justicia internacional y para Filipinas", señaló a la BBC.
"Para las víctimas, debe ser increíblemente traumático, porque muchas de ellas participan en los procedimientos de la CPI y se exponen con la esperanza de que se haga justicia", añadió Goodman, que también fue asesor especial del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Entre las excepciones anunciadas como parte de las sanciones de hoy se encuentran las "licencias" que permiten a la CPI continuar "servicios para el funcionamiento de las instalaciones utilizadas para la detención" de Duterte y otros.
Sin embargo, Goodman dijo que, en última instancia, estos detenidos podrían tener que ser liberados "por imperativo legal" si las sanciones económicas impiden que el tribunal pueda celebrar juicios o apelaciones justas.
