Por: Roger Cortez Hurtado |
Durante su primera visita oficial a Washington DC, el hoy presidente boliviano fue informado de que la ayuda de Estados Unidos, en el sentido de respaldo para obtener la buena voluntad de organismos financieros multilaterales y el retorno de la agencia antidrogas norteamericana, DEA y cualquier otra, tiene precio.
La detención y encausamiento del suspendido fiscal general, R. Mariaca, deja indicios sobre costos y condiciones del rescate económico y político, como ha podido verse en la Asamblea Legislativa, ungida como vitrina donde se ha expuesto que la adhesión al Escudo de las Américas -como tarifa general de las transacciones- exige cumplimiento rápido y eficaz de los compromisos adquiridos.
Así, en la sesión donde se consideraba la suspensión del fiscal general, acusado de proteger a narcoterroristas y constituir una organización criminal, cuatro espectadores ubicados en el palco, tres varones y una mujer, identificados por la senadora Ana Crispín como personal de embajadas de países vecinos que forman parte del tal Escudo, también han sido denunciados por esa parlamentaria por supuestos pagos, mediante códigos QR, para apoyar la iniciativa oficial contra el fiscal.
El Perú ha reconocido en comunicado oficial que uno de los espectadores del trámite legislativo es funcionario de su embajada, negando cualquier tipo de interferencia y, menos, el pago de sobornos a parlamentarios bolivianos. La cancillería boliviana reconoció la presencia de personal diplomático extranjero en la ALP, pero rechazó la versión sobre los pagos.
La discusión de si los QR servían para intercambiar contactos o realizar transferencias puede hacer perder de vista que el tema central, comprobado e indiscutible es que las personas fotografiadas, introducen una interesante novedad, porque la observación de diplomáticos extranjeros, con asistencia directa a los debates políticos de la Asamblea Legislativa boliviana no tiene antecedentes conocidos.
Su presencia sugiere que, a falta de control social sobre el Parlamento, nos estaría beneficiando una modalidad de control diplomático, probablemente para verificar con cuanta fidelidad se cumplen los compromisos adquiridos al integrar a la malla de las políticas y estrategia continental, dirigida por Donald Trump, con nítido apoyo de Benjamín Netanyahu. La inusual participación israelita en esta región puede expresar su inquietud por la intensa actividad de Irán en Sud América, durante los últimos años.
La asociación de Trump-Netanyahu se enraíza en su coprotagonismo en la guerra contra Irán, el pedido de Trump para que su par sea amnistiado de todas las acusaciones de corrupción que enfrenta, para no hablar del decidido espaldarazo al plan de limpieza étnica que lleva a cabo en los territorios palestinos. Su actuación conjunta en nuestro país se ha venido manifestando desde la instauración del actual gobierno, que exhibió como su primera acción diplomática el restablecimiento de relaciones con Israel, junto a la normalización de relaciones con Estados Unidos.
En su viaje último a Washington, el presidente Paz Pereira intercaló su agenda para consolidar y reafirmar la militancia boliviana en el Escudo de las Américas, con un cálido saludo público a Netanyahu en la asamblea de Naciones Unidas.
El viaje tenía la misión de instrumentar el rescate del gobierno boliviano, acogotado por su decisión de liberar el precio del diésel y las denuncias de la expareja del Asesor Principal del mandatario boliviano, Fernando Gabriel Cerimedo, acusado de planear el atentado contra la vida de quien fuera su novia. Esas denuncias incluyen el tráfico de influencias que involucra a la familia presidencial. Los procesos derivados fueron atendidos con un rapidez y eficiencia asombrosos por la Fiscalía, a la cabeza de Roger Mariaca.
Es probable que, en sus primeros acercamientos al gobierno de Trump, el presidente boliviano hubiese alentado la esperanza de que podía lograr su apoyo sin necesariamente tener que afrontar los altos precios y riesgos que ha tenido históricamente en nuestro país sostener relaciones carnales (así las llamaba el expresidente argentino Carlos Menem) con la administración de EEUU.
Es decir que podían lograrse créditos del FMI, el BM y otros, así como el retorno de los organismos de inteligencia estadounidenses, sin impregnarse de la visión bélica geoestratégica de ese país.
Tal ilusión nació muerta y es tan vacía como a fraseología de lucha contra el “narcoterrorismo”, utilizada por un presidente que amnistió y liberó al reo Orlando Hernández, condenado por la justicia estadounidense al haberse probado que “utilizó su poder político y las instituciones del Estado hondureño para facilitar el paso de toneladas de droga hacia Estados Unidos”.
El trato real es que el gobierno boliviano tiene apoyo del Escudo, mientras cumpla las metas de garantizar términos preferentes, mejor exclusivos, al capital estadounidense para explotar materias primas estratégicas; desterrar o socavar la influencia comercial y financiera que China consiguió durante el repliegue de EEUU, incluyendo la participación en los BRICs y abrirse plenamente a la actuación de organismos de inteligencia estadounidenses y de sus aliados, incluyendo la presencia militar o establecimiento de bases castrenses.
Quien dude o se oponga a tales condiciones es parte del “lado malo”, como lo anunciaron ministros y se lo cantaron, a voz en cuello, parlamentarios oficialistas a su colega que denunció la presencia de los representantes del Escudo.
Roger Cortez Hurtado
Investigador y docente
