Por: Ricardo Paz Ballivián |
Era cuestión de tiempo. El ampliado de Evo Pueblo, reunido hoy en Lauca Ñ, confirmó lo que muchos suponíamos. El evismo se prepara para volver a las calles y convertir el descontento provocado por la eliminación de la subvención al diésel en el primer capítulo de una nueva ofensiva contra el gobierno de Rodrigo Paz.
No hace falta demasiada imaginación para entender la oportunidad que esto representa. La decisión económica del Gobierno tiene consecuencias concretas y dolorosas para la gente. El incremento del precio del diésel inevitablemente repercute sobre el transporte, la producción, los alimentos y, finalmente, sobre el bolsillo de las familias. Que el Gobierno tenga razones fiscales y económicas para haber tomado la medida no significa que sus efectos sociales puedan ser ignorados ni que quienes los padecen deban resignarse en silencio.
Precisamente por eso resulta tan importante distinguir entre el legítimo malestar ciudadano y la utilización política de ese malestar. Una cosa es reclamar por el precio del combustible, exigir medidas de compensación, pedir explicaciones o cuestionar una decisión gubernamental y otra muy distinta es declarar una guerra política al Gobierno aprovechando la indignación de la gente.
Eso fue, en buena medida, lo que se escuchó hoy en Lauca Ñ. Evo Morales anunció un plazo hasta el 3 de octubre para que el Gobierno abrogue las normas que considera inconstitucionales y anticipó movilizaciones si no obtiene una respuesta favorable. Otros dirigentes fueron todavía más lejos en el lenguaje, hasta el extremo de hablar de “fusilar” a los ladrones. No es una anécdota que pueda despacharse como una exageración de mitin. La democracia se deteriora también cuando la violencia comienza a instalarse como recurso retórico normal de la política.
El problema, entonces, no es que Evo Morales vuelva a hacer política (tiene todo el derecho a hacerlo, aunque esté claro que nunca más podrá postular a la presidencia). Tampoco que sus seguidores protesten. Tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano a reclamar y movilizarse pacíficamente. El problema aparece cuando la protesta pretende convertirse en un mecanismo insurrecional y subversivo destinado a sustituir las reglas institucionales por la fuerza de la calle.
Bolivia ya ha vivido demasiadas veces esa película. Hemos visto cómo una demanda concreta termina transformándose en una disputa por el poder, cómo un reclamo legítimo se convierte en bloqueo y cómo el bloqueo termina siendo presentado como una forma superior de democracia. También sabemos que, cuando la política abandona las instituciones para trasladarse a las carreteras, casi siempre son los ciudadanos comunes quienes terminan pagando la factura.
Rodrigo Paz, por supuesto, no está exento de responsabilidades. Gobernar significa tomar decisiones difíciles, pero también explicarlas. El Gobierno tiene que decir con claridad qué hará para evitar que el costo de la eliminación de la subvención recaiga de manera desproporcionada sobre quienes menos pueden soportarlo. Tiene que escuchar, corregir cuando sea necesario y demostrar que el sacrificio que pide a la sociedad tiene un propósito y un horizonte. Haber ganado una elección no convierte ninguna decisión gubernamental en una verdad incuestionable.
Pero tampoco haber perdido la posibilidad de regresar al poder por la vía democracia, habilita a nadie para llegar por la fuerza de la violencia de la calle.
La democracia consiste precisamente en aceptar que existen caminos para disputar el poder y que esos caminos tienen reglas. Se puede criticar al Gobierno, fiscalizarlo, denunciar sus errores, organizarse, protestar y movilizarse. Lo que no corresponde es utilizar la protesta como instrumento para imponer por la fuerza lo que no se consiguió mediante los mecanismos institucionales.
Por eso resulta inevitable mirar lo ocurrido hoy en Lauca Ñ con cierta sensación de déjà vu. Evo vuelve a escena y, con él, reaparece un discurso que durante años hizo de la confrontación una forma de hacer política. Quizás algunos crean que el país está condenado a repetir eternamente el mismo libreto, cambiando solamente los protagonistas y las circunstancias.
Yo prefiero pensar que esta vez Bolivia puede haber aprendido algo. El malestar económico debe ser atendido. Los errores deben ser corregidos. Las decisiones difíciles deben ser explicadas y, cuando corresponda, revisadas. Pero ninguna de esas cosas necesita de una guerra política ni de la demolición de las instituciones.
¿Evo de nuevo? ...¡huevo carajo!
