El Gobierno de Bolivia instruyó a 143 guardaparques del país poner sus cargos a disposición, una medida que los trabajadores y sus representantes denuncian como un despido masivo encubierto. Ante esta situación notificó al ministro de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano y exhortó garantizar los derechos de quienes protegen las áreas protegidas. Desde el Legislativo también se anunciaron acciones.
Vía: Erbol |
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante la situación laboral de guardaparques y Jefes de Protección del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a raíz de la instrucción de poner sus cargos a disposición, medida que podría derivar en desvinculaciones, precarización e inestabilidad laboral.
A partir de la denuncia pública presentada por la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC), la Defensoría del Pueblo activó de oficio, el 28 de agosto de 2026, una investigación en el marco del Sistema de Servicio al Pueblo (SSP) y admitió la denuncia con el propósito de prevenir posibles vulneraciones de derechos y verificar que las medidas administrativas adoptadas se ajusten a la Constitución Política del Estado, la normativa vigente y los estándares internacionales de derechos humanos.
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, el 28 de agosto, la Defensoría del Pueblo notificó al ministro de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Oscar Mario Justiniano, con un Requerimiento de Informe Escrito (RIE), mediante el cual solicitó información y documentación relacionada con la situación laboral de las y los servidores públicos involucrados, las medidas adoptadas respecto a la continuidad de sus funciones y las previsiones institucionales vinculadas con la situación laboral que atraviesan.
De manera paralela, la Defensoría del Pueblo solicitó una audiencia informativa urgente con la máxima autoridad de esa cartera de Estado, con el propósito de expresar la importancia de garantizar la protección de los derechos de quienes cumplen funciones de custodia, vigilancia y conservación en las áreas protegidas, así como de valorar su experiencia y especialidad técnica adquiridas en el trabajo de campo.
La institución defensorial remarcó que los procesos de reestructuración del Estado pueden constituir decisiones legítimas de gestión pública; sin embargo, su implementación debe observar las garantías constitucionales y los derechos laborales, evitando medidas arbitrarias o desproporcionadas y procurando que no se produzcan retrocesos en la protección efectiva de los derechos humanos y ambientales, ni afectaciones a la protección de la Madre Tierra.
Desde el Legislativo, la diputada Cecilia Requena anunció que se tomarán acciones preventivas contra esta nueva amenaza de destrucción adicional de la institucionalidad y la gestión ambiental de Bolivia, misma que está hecha añicos. Remitimos una minuta.
«Seguiremos dando la batalla vital ante este nuevo ataque contra las Áreas Protegidas, respaldando al personal con larga experiencia y compromiso probado con ellas!, defenderlas es imposible sin guardaparques y cuerpo de protección», expresó a través de sus redes sociales.
Adicionalmente, señaló que se insistirá en la aprobación de tres leyes que elevan la base legal de cerca de 20 áreas protegidas de interés nacional a rango de ley.
«Sostendremos la lucha contra extractivismos, actividades ilegales y hasta criminales que las están agrediendo a diario, incluyendo el trabajo en cambios normativos y seguimiento a denuncias», manifestó
La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) presentó ante la Defensoría del Pueblo, una denuncia formal por la presunta vulneración de derechos laborales fundamentales del personal de las áreas protegidas del país, a raíz de la instrucción del Gobierno de Rodrigo Paz, para que todo el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) ponga sus cargos “a disposición” como parte de un “proceso de “reestructuración institucional”.
El artículo 62° del Reglamento General de Areas Protegidas señala que “Los guardaparques ejercen jurisdicción y competencia dentro de las APs del SNAP donde han sido oficialmente asignados para el ejercicio de las atribuciones específicas de protección ecológica y social de las APs…”.
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