La Fundación Milenio advirtió sobre la vulnerabilidad de Bolivia frente al crimen organizado y la captura institucional, y planteó una estrategia de reforma del Estado que incluye una Policía profesional y despolitizada, una justicia independiente, una Unidad de Investigación Financiera (UIF) con autonomía real y nuevas normas de transparencia y contrataciones públicas.
Vía: Erbol |
El diagnóstico está contenido en el informe “Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social”, elaborado por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla, presentado el jueves junto con el estudio regional “Grietas en el sistema: una evaluación de la vulnerabilidad a la captura autoritaria en América Latina”, elaborado por el Centro de Estudios de la Democracia (CSD) y la Fundación Milenio.
El informe sobre Bolivia sostiene que, durante las últimas dos décadas, entre 2006 y 2025, las economías ilícitas vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal del oro, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas se expandieron en un contexto que los autores describen como un Estado capturado por facciones político-partidarias, grupos sindicales e intereses corporativos con influencia en instituciones y poderes locales.
Según el documento, esta convergencia entre criminalidad, corrupción y poder político dejó entre sus principales consecuencias la identificación de al menos 17 clanes narcotraficantes por parte de las autoridades en 2025, los casos conocidos como “narcogenerales” dentro de la Policía y un sistema de justicia sometido al poder político y afectado por redes de corrupción.
El diagnóstico coincide con el estudio regional “Grietas en el sistema”, que evalúa la vulnerabilidad de 24 países latinoamericanos en 2021, 2023 y 2025 a partir de cuatro dimensiones: fragilidad institucional, restricción del espacio cívico, penetración criminal y exposición externa.
En el caso boliviano, la investigación identifica instituciones y mecanismos que existen formalmente, pero que presentan una capacidad limitada para cumplir sus funciones debido a presiones políticas, falta de recursos y precariedad institucional. Entre ellas menciona los mecanismos de ratificación legislativa, la UIF y el organismo regulador del comercio de minerales.
“Grietas en el sistema” plantea que la respuesta no pasa necesariamente por crear nuevas estructuras, sino por dotar de capacidad efectiva a los mecanismos existentes y establecer consecuencias reales para el incumplimiento de sus funciones.
“No basta con describir el elefante en la habitación que son las economías ilícitas en Bolivia”, afirmó Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, quien sostuvo que el país necesita una Policía profesional y despolitizada, una justicia independiente y una UIF con autonomía real.
Cuatro ejes de reforma
El informe “Un campo minado” propone una “estrategia democrática de seguridad pública” organizada en cuatro líneas principales.
La primera plantea la profesionalización y despolitización de la Policía Boliviana, además de una nueva política carcelaria.
La segunda propone la regeneración del sistema judicial y del Ministerio Público mediante un “Pacto Nacional por la Justicia” destinado a garantizar su independencia.
El tercer eje apunta al fortalecimiento de la UIF y de los mecanismos de rastreo del lavado de dinero, en concordancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Finalmente, el estudio plantea la aprobación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una Ley de Contrataciones Estatales, debido a que Bolivia se encuentra entre los pocos países de la región que aún no cuentan con esas normas.
Oporto sostuvo que el nuevo ciclo político del país representa una oportunidad para emprender estas reformas, pero advirtió que la cooperación internacional y las detenciones por delitos vinculados al crimen organizado no serán suficientes si no se fortalecen el Estado de derecho, la transparencia y la gobernanza.
El informe también aborda la reapertura de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, la Unión Europea y países vecinos, tras el retorno de la DEA a Bolivia, y advierte sobre los dilemas relacionados con la soberanía que plantea esta nueva etapa de cooperación hemisférica.
