Por: Ricardo Paz Ballivián |
Hay una escena que se repite, con variaciones de vestuario y de país, en casi todas las democracias contemporáneas: un video, un audio, un documento filtrado, un funcionario que no sabía que lo grababan, una operación financiera personal, una cadena de noticias que interrumpe su programación. Y, en cuestión de horas, una reputación construida durante años se desmorona ante millones de espectadores. Es el escándalo político, ese fenómeno que, lejos de ser un accidente del sistema, se ha convertido en una de sus piezas más eficaces.
Conviene resistir la tentación de leer el escándalo político simplemente como una anécdota morbosa o como el fruto casual del periodismo de investigación. Un estudio ya clásico sobre el tema, elaborado por Silvia Gutiérrez y Dunia Campos a partir de los llamados "videoescándalos" mexicanos de 2004, ofrece una clave más productiva. El escándalo no es un hecho aislado, sino una disputa por el poder simbólico, es decir, por la capacidad de un actor político de sostener su reputación, su credibilidad y, en última instancia, su autoridad ante la opinión pública.
Bajo esta mirada, lo que está en juego cuando estalla un escándalo no es solo la suerte de un individuo, sino la confianza social sobre la que se sostiene cualquier cargo público. Por eso el escándalo rara vez es "solo" personal. Es una tragedia privada que, al mismo tiempo, funciona como batalla colectiva librada en el terreno de los símbolos.
Uno de los aportes más interesantes de esta línea de análisis es desmontar la idea de que las redes son meros espejos que "revelan" transgresiones que ya existían. La tesis es más incómoda. Las redes no solo exhiben el escándalo, sino que lo constituyen. Sin la capacidad tecnológica y narrativa de hacer visible, de manera masiva, repetida y dramatizada, una conducta oculta, esa conducta jamás alcanzaría el estatus de escándalo público.
Esto explica un dato que aparece una y otra vez en los testimonios recogidos por las autoras citadas. Los ciudadanos entrevistados no se sorprendían tanto por el contenido de la corrupción expuesta como por su visibilidad. "Ya lo sabíamos", decían muchos, "pero ahora lo vemos". La metáfora del bombardeo de imágenes, repetida por los propios entrevistados, ilustra bien ese tránsito. No cambia tanto lo que se sabe, sino la intensidad y la reiteración con que se lo hace presente.
Quizás el hallazgo más inquietante del estudio, confirmado años después por revelaciones posteriores sobre el origen orquestado de aquellos videoescándalos, es que buena parte de la ciudadanía intuye, y hasta da por sentado, que el escándalo político suele ser también un instrumento deliberado. No solo la consecuencia de un exceso de transparencia, sino un arma calculada para debilitar adversarios, desviar la atención de asuntos más relevantes o "limpiar" el terreno rumbo a una elección. Esta lectura popular, que emergió espontáneamente en las entrevistas, mucho antes de que se confirmara la maniobra política detrás de los videos de 2004, revela algo importante sobre el sentido común democrático actual. La ciudadanía ya no separa con ingenuidad la denuncia legítima de la operación política. Sospecha, con razón, que ambas cosas pueden convivir en un mismo episodio.
Tal vez lo más valioso del enfoque de representaciones sociales empleado en la investigación es que no se limita a describir cómo funciona el escándalo, sino que capta también el reverso normativo. ¿Qué esperaría la gente que fueran la política, los medios y las redes si funcionaran bien? Y ahí aparece, con nitidez, una demanda de objetividad, de ética informativa, de una política orientada al bien común y no a la mera acumulación de poder.
Ese contraste, entre lo que el escándalo revela sobre cómo opera realmente el poder y lo que la ciudadanía querría que ocurriera, es, a mi juicio, el verdadero valor diagnóstico del fenómeno. El escándalo no solo denuncia a un actor concreto, sino que pone en evidencia, por contraste, el déficit ético que separa a las instituciones existentes de las instituciones deseadas.
Más de dos décadas después de aquellos episodios mexicanos, el patrón no ha hecho más que intensificarse. Las redes sociales aceleraron la velocidad de circulación de la transgresión, multiplicaron los actores capaces de "sacar a la luz" un episodio incómodo y volvieron aún más difusa la frontera entre periodismo de investigación y operación política. El escándalo sigue siendo, como entonces, una lucha por la reputación librada en el espacio público mediatizado. Lo que ha cambiado es la velocidad, la fragmentación de las audiencias y la facilidad con que cualquier actor, no solo los grandes medios y las redes, puede activar uno.
Entender el escándalo político no como un exceso patológico de la democracia, sino como una de sus formas normales de funcionamiento, con sus riesgos de manipulación y sus potenciales virtudes de rendición de cuentas, sigue siendo, hoy como hace veinte años, una tarea pendiente para quienes analizamos la vida pública.
