Una planta procesadora de limón construida en Potosí, que nunca entró en funcionamiento debido a que fue instalada en una zona sin condiciones para producir ese fruto, es uno de los casos que, según el Gobierno, reflejan las deficiencias en la planificación de las empresas estatales creadas durante las dos décadas de administraciones del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Vía: El Deber |
El director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, reveló el caso durante una entrevista en Radio Panamericana, en la que sostuvo que el país enfrenta una "quiebra técnica" de al menos 15 empresas públicas y anticipó que en los próximos días se presentará un diagnóstico integral sobre su situación financiera y operativa.
"En uno de los municipios de Potosí tienen una planta procesadora de limón que nunca ha operado. Imagínense tener una planta procesadora de limón con un clima tan frío", afirmó Camacho, al cuestionar los criterios utilizados para definir la ubicación de varios proyectos industriales ejecutados en los últimos años.
La autoridad aseguró que ese caso no es aislado y sostuvo que existen decenas de plantas e industrias financiadas con recursos públicos que presentan problemas de planificación, deficiencias técnicas o nunca alcanzaron a operar con normalidad.
Según Camacho, la OFEP identificó que, al cierre de 2025, 15 empresas públicas presentan indicadores compatibles con una quiebra técnica, más del doble de las seis que se encontraban en situación crítica durante la gestión 2024.
El funcionario explicó que la evaluación se basa en una metodología técnica aprobada por un consejo integrado por los ministerios de la Presidencia, Planificación del Desarrollo y Economía, que analiza información financiera, operativa y de gestión de cada empresa estatal.
"Acá no estamos manejando la economía con ideología. Estamos analizando la información que muestran los estados financieros de cada empresa", sostuvo.
Camacho indicó que el informe será remitido al Consejo de Empresas Públicas una vez que la Asamblea Legislativa apruebe el presupuesto reformulado y aseguró que el objetivo es establecer qué empresas son viables, cuáles requieren una reorganización y cuáles podrían ingresar en un proceso de liquidación.
Más de 170 empresas bajo revisión
El director de la OFEP señaló que la revisión no se limita a las 67 empresas bajo administración de esa oficina. También incluye otras 104 iniciativas productivas impulsadas por el Centro de Desarrollo Empresarial (CEDEM), además de plantas financiadas mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), gobernaciones y municipios.
"Hay muchas plantas que fueron construidas replicando un mismo modelo sin considerar si existían condiciones para su funcionamiento", afirmó.
Como ejemplo adicional mencionó una planta cementera que, según dijo, fue edificada a unos 100 kilómetros del yacimiento de piedra caliza que debía abastecerla.
"Se construyó lejos de la materia prima, no tiene un camino adecuado, tampoco cuenta con gas para operar y el proyecto de exportación requería incluso una conexión ferroviaria que nunca se hizo", explicó.
Recursos públicos y posibles responsabilidades
Camacho sostuvo que la evaluación busca transparentar el destino de los recursos públicos invertidos en las empresas estatales durante los últimos 20 años.
Según sus datos, más de 10.500 millones de dólares fueron destinados al sector empresarial estatal, incluidos 1.200 millones canalizados mediante el Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro) y el Banco de Desarrollo Productivo (BDP).
Aclaró que la OFEP no determinará responsabilidades penales o administrativas, aunque señaló que la información obtenida podrá ser utilizada por las instancias competentes si corresponde iniciar procesos legales.
"La justicia será la encargada de establecer responsabilidades. Nosotros mostraremos la información técnica y financiera para que Bolivia conozca qué ocurrió con los recursos públicos", afirmó.
El diagnóstico oficial sobre las empresas estatales será presentado en los próximos días y servirá como base para definir el futuro de aquellas compañías que, según el Gobierno, ya no resultan sostenibles desde el punto de vista financiero ni operativo.
