UN SOLO GUARDIÁN DE LA CONSTITUCIÓN

Por: Carlos Ibañez Meier |

No soy abogado ni pretendo un análisis jurídico estricto. Escribo como economista y ciudadano preocupado por la calidad de nuestras instituciones democráticas. Me permito plantear una pregunta que muchos bolivianos se hacen: ¿realmente necesita Bolivia un Tribunal Constitucional separado del Tribunal Supremo de Justicia? Mi respuesta es que no. La experiencia de los últimos años muestra que la existencia de un órgano constitucional independiente no ha fortalecido nuestro Estado de derecho; por el contrario, ha profundizado la inseguridad jurídica, la incertidumbre política y la desconfianza ciudadana. Ha llegado el momento de debatir en serio la conveniencia de integrar el control de constitucionalidad al Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo el modelo de numerosas democracias consolidadas.

Cuando se creó el Tribunal Constitucional se pensó que un órgano especializado protegería mejor la Constitución. Sobre el papel, la idea era razonable. Pero las instituciones no se evalúan por sus intenciones, sino por sus resultados, y tras más de dos décadas el balance no es satisfactorio: en lugar de consolidarse como árbitro neutral, el Tribunal ha quedado expuesto a cuestionamientos sobre su independencia y la consistencia de su jurisprudencia, con el consiguiente deterioro de la confianza pública.

La sentencia que habilitó la reelección presidencial indefinida marcó un antes y un después. Esa decisión abrió una fractura entre el texto constitucional, la voluntad expresada en referendo y la interpretación del propio Tribunal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó después que la reelección indefinida no es un derecho protegido por la Convención Americana, pero el daño institucional ya estaba hecho: quedó instalada la percepción de que la Constitución puede reinterpretarse según las circunstancias políticas, debilitando la seguridad jurídica.

El problema va más allá de una sentencia puntual. Bolivia terminó con dos máximas instancias judiciales que generan duplicidad de funciones y mayores demoras. El Tribunal Supremo es la máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria; el Constitucional tiene la última palabra sobre la interpretación de la Carta Magna. En teoría son competencias complementarias; en la práctica, la separación ha multiplicado procedimientos y controversias que retrasan la resolución definitiva de los conflictos.

Hay países que demuestran que no es indispensable un tribunal constitucional independiente para proteger eficazmente la Constitución. Argentina, Brasil, México y Uruguay confían esa responsabilidad a sus cortes supremas, sin menor protección de los derechos fundamentales. Lo determinante no es el nombre del órgano, sino la calidad de los jueces, la transparencia de su designación y su independencia real.

Integrar el control constitucional al Tribunal Supremo permitiría simplificar la estructura judicial, reducir costos administrativos, eliminar duplicidades y fortalecer la coherencia jurisprudencial. Un único máximo tribunal facilitaría decisiones bajo criterios uniformes, evitando contradicciones que hoy generan incertidumbre para ciudadanos, empresas e inversionistas. La seguridad jurídica no solo protege derechos; también es requisito indispensable para atraer inversión y crecimiento económico.

El beneficio más importante de esta reforma no sería el ahorro presupuestario, sino el fortalecimiento de la seguridad jurídica. La calidad institucional es uno de los factores que más pesan para los inversionistas. En una economía como la boliviana, un aumento de apenas 1% a 2% del PIB en inversión privada anual, favorecido por un sistema judicial más predecible, representaría entre 500 y 1.000 millones de dólares adicionales por año en nuevas empresas, infraestructura y empleo. Si además una reforma integral redujera la duración de los litigios constitucionales entre 20% y 40%, miles de ciudadanos y empresas obtendrían decisiones definitivas en plazos razonables, con menores costos legales y mayor confianza en la justicia. Son escenarios razonables, no predicciones, pero ilustran que el verdadero valor de una reforma judicial radica en la certidumbre que genera, no en el ahorro administrativo.

Esta reforma no consistiría simplemente en trasladar competencias de un órgano a otro. Debería ir acompañada de cambios profundos en la selección de magistrados —privilegiando el mérito, la trayectoria ética y la independencia frente al poder político— junto con procedimientos transparentes y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. De poco serviría cambiar la arquitectura institucional si se mantienen los mismos problemas de politización.

Quienes defienden la permanencia de un Tribunal Constitucional independiente sostienen que la especialización garantiza una mejor interpretación de la Constitución. Es un argumento respetable, pero la experiencia boliviana demuestra que la especialización, por sí sola, no asegura independencia ni mejores decisiones: un órgano especializado también puede sufrir presiones políticas o perder legitimidad. La verdadera garantía constitucional reside en jueces independientes y técnicamente competentes, sin importar la institución a la que pertenezcan.

Bolivia necesita recuperar la confianza en la justicia, y eso no se logra con nuevos discursos ni cambios de nombres institucionales, sino con una reforma profunda que haga más simple, eficiente y predecible el sistema judicial. Concentrar el control constitucional en el Tribunal Supremo podría ser un paso importante en esa dirección, siempre que vaya acompañado de reglas claras que preserven la independencia judicial y eviten cualquier concentración abusiva de poder. La proliferación de órganos superiores no necesariamente fortalece el Estado de derecho; a veces lo vuelve más complejo, lento y vulnerable a conflictos de competencia. Mi impresión, como ciudadano y no como abogado, es que el país ganaría más con un sistema judicial unificado, transparente y confiable que con una estructura cuya eficacia ha sido crecientemente cuestionada por la propia experiencia.