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Por: Hernán Terrazas |
En Bolivia, el fin del conflicto, tras más de 50 días de bloqueos en la mayor parte del país y un agobiante cerco nunca antes experimentado por las ciudades de La Paz y El Alto, llegó, pero las dudas y la inquietud persisten sobre la capacidad que tendrá el Gobierno para ejecutar una tarea que parece imposible: combinar la atención de las demandas de los sectores sociales con la necesidad de impulsar reformas prioritarias y avanzar en un acuerdo imprescindible y cada vez más urgente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El choque entre una agenda todavía incierta y de lenta aplicación —la del Gobierno— y la ya establecida por el MAS desde hace casi veinte años figuró en el centro de las mesas de negociación con protagonistas de diferentes sectores —campesinos, indígenas, fabriles, interculturales, etc.— durante casi ocho semanas de conflicto, en las que la narrativa sindical se nutrió nuevamente de una diversidad de consignas que pueden resumirse en una: que no se toque ni cambie nada de lo hecho en las dos décadas anteriores.
En los últimos dos meses, el presidente Rodrigo Paz descubrió una suerte de doble identidad de su gobierno: la que se origina en el voto por el cambio y la modernización, y la del respaldo temporal y condicionado que recibió de simpatizantes del MAS, que vieron en el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), posiblemente, el "mal menor" frente al expresidente Jorge Tuto Quiroga.
Paz quedó atrapado entre dos agendas radicalmente opuestas por no haber impulsado antes los ajustes y cambios que demandaba la economía agonizante que heredó del MAS, y que le hubieran servido, al menos, para demostrar que los sacrificios se compensaban con una mayor estabilidad.
En los primeros meses de 2026, el gobierno pudo haber gestado un acuerdo político amplio para avanzar en la aprobación de leyes como las de Hidrocarburos, Minería y Litio, indispensables para la generación de ingresos futuros. En lugar de ello, cometió el error de apostar por el Decreto Supremo 5503, con el que pretendía saltar varias etapas y sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo, sin contar con los consensos políticos necesarios y con los movimientos sociales radicalmente en contra.
El gobierno llegó a la mitad del año con más problemas que logros. Inexplicablemente, luego de haber presentado un diagnóstico catastrófico de la economía, demoró un acuerdo con el FMI que le hubiera permitido destrabar con mayor rapidez el desembolso de recursos comprometidos por otros organismos financieros internacionales.
Si bien la economía muestra algunas mejoras, el cuadro continúa siendo el de un paciente en período de convalecencia: estable, pero todavía débil y con un pronóstico condicionado a que se mantenga un régimen especial para el cual aún no se dispone de todas las medicinas.
En junio, el drama de la doble identidad no resuelta obligó al presidente a gestionar una nueva agenda, más vinculada al tipo de representación que ejerce, pero ya lejos del idilio de los primeros días de gestión.
Rodrigo Paz tendrá que reconfigurar su gobierno sobre la marcha, fijar ahora sí un rumbo y atender los asuntos más urgentes, para salir de la zona de riesgo a la que lo condujeron no pocos errores e indecisiones.
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