La Central Obrera Boliviana (COB), encabezada por su secretario ejecutivo Mario Argollo, y el presidente Rodrigo Paz, junto a su gabinete ministerial, suscribieron un acuerdo denominado “Planteamiento para la Pacificación y la Recuperación del País”, que contempla compromisos en materia de derechos humanos, economía, hidrocarburos, seguridad social y medio ambiente, con un plazo máximo de cumplimiento de 90 días.
Vía: Brujula Digital |
El documento establece medidas orientadas a poner fin al conflicto social y garantizar la estabilidad del país. Entre los principales compromisos asumidos por el gobierno figura que “no apoyará ni promoverá ninguna norma que criminalice la protesta” y que “no realizará persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas”.
Asimismo, ambas partes acordaron conformar una comisión legal integrada por representantes del Órgano Ejecutivo y de la COB para gestionar la situación de personas detenidas y revisar procesos vinculados a los conflictos sociales recientes.
En el ámbito económico, el gobierno ratificó que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales a intereses privados nacionales o extranjeros. También se comprometió a transparentar las negociaciones de financiamiento externo y a instalar una mesa técnica para debatir la distribución de recursos bajo la premisa del denominado pacto fiscal 50/50.
Otro de los puntos centrales del acuerdo se refiere a la provisión de combustibles. El Ejecutivo se comprometió a garantizar el abastecimiento, presentar un informe detallado sobre los daños ocasionados por la denominada “gasolina basura” y realizar una auditoría técnica y financiera externa para identificar responsabilidades en la adquisición de ese combustible. Además, se instalará una mesa técnica con participación del sector transporte para verificar la calidad del producto y evaluar posibles compensaciones.
En materia de fiscalizacin, el gobierno respaldará la conformación de una comisión legislativa para investigar el caso denominado “narco maderas” y brindará cooperación a la comisión especial que ya indaga el denominado caso “narco maletas”.
El acuerdo también contempla acciones para proteger la canasta familiar, fortalecer la producción nacional, combatir la especulación y preservar el empleo. En el área de seguridad social, el Ejecutivo se comprometió a conformar de manera inmediata una comisión técnica para revisar la Ley 065 de Pensiones, considerando criterios de sostenibilidad financiera, equidad y protección de los trabajadores.
Respecto al medio ambiente, el gobierno convocará a una mesa de trabajo con la COB para verificar el cumplimiento de la normativa sobre áreas protegidas y ratificó que no autorizará actividades que vulneren parques nacionales, reservas naturales o derechos colectivos reconocidos por la Constitución.
La declaración concluye con el compromiso gubernamental de cumplir todos los puntos acordados “en tiempos y plazos oportunos que no excedan hasta los 90 días”, como parte de los esfuerzos para consolidar la pacificación y la recuperación económica del país.
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