Por primera vez en la historia de la democracia española, un expresidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá que declarar como imputado ante la justicia.
Vía: BBC |
Lo hará el próximo 2 de junio por el caso conocido como "Plus Ultra".
Anteriormente, el también expresidente Mariano Rajoy declaró por la trama de corrupción conocida como caso Gürtel, pero como testigo.
Al político socialista se le acusa de tráfico de influencias y de otros delitos relacionados con el presunto lavado de dinero procedente de Venezuela.
Tras gobernar España entre 2004 y 2011, Rodríguez Zapatero asumió un papel activo en las relaciones con Venezuela y en los intentos de mediación política entre el gobierno y la oposición del país sudamericano.
Después citarlo como imputado, el juez de la Audiencia Nacional (tribunal que cubre todo el país) encargado del caso ordenó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que registrara su despacho, así como la sede social de una empresa propiedad de sus hijas.
El juez considera que hay indicios de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" en la que el objetivo era "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros", y, principalmente, la empresa de aviación Plus Ultra.
Estiman en 1,95 millones de euros las supuestas comisiones irregulares que Zapatero y personas de su entorno pudieron recibir.
Rodríguez Zapatero defendió su inocencia en un video en el que aseguró haber actuado siempre con "absoluto respeto a la legalidad".
Pero, ¿qué es el caso Plus Ultra y cuáles son sus conexiones con Venezuela?
Una aerolínea rescatada
La compañía aérea Plus Ultra se creó en el año 2011 bajo la presidencia de Julio Martínez Sola y con personas provenientes de la extinta aerolínea Air Madrid.
Sus vuelos conectan principalmente destinos de América Latina, como Bogotá, Cartagena de Indias, Lima y Buenos Aires, con España.
Durante la pandemia por el covid-19, uno de los sectores económicos más afectados en España fue el turismo. Por ello, el gobierno del socialista Pedro Sánchez lanzó un rescate económico para varias compañías aéreas que supuso un gasto total de 839 millones de euros (US$1.031 millones al cambio de hoy) de los que ya se ha devuelto una parte.
Las compañías elegidas fueron clasificadas como empresas estratégicas para la economía española y la conectividad del país.
Las principales empresas rescatadas fueron Air Europa, Air Nostrum y Volotea.
A ellas se sumó Plus Ultra, la más pequeña de todas, con una cuota de mercado menor y que recibió un rescate de 53 millones de euros (US$61,43 millones). El rescate se justificó por su condición estratégica en rutas nicho hacia Latinoamérica y que su desaparición habría perjudicado la competencia en turismo de larga distancia.
Este rescate generó dudas, especialmente entre los partidos de derecha PP y Vox.
Una primera causa archivada
Los dos partidos presentaron querellas al respecto. También lo hizo la organización española Manos Limpias, liderada por Miguel Bernad, vinculado a la extrema derecha, y que ha ganado notoriedad a base de presentar denuncias judiciales sobre supuestos casos de corrupción política que con frecuencia han acabado archivadas.
En las querellas denunciando el rescate se hablaba de posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
En 2023 la causa acabó archivada después de que Fiscalía y Abogacía del Estado concluyeran que no existían pruebas suficientes de delito.
"No aparece debidamente justificada la comisión de un delito", especificó en su momento la jueza Esperanza Collazos, al tiempo que argumentaba que se había aplicado correctamente el decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo por la pandemia.
Una nueva investigación
Más tarde, en 2024, la Fiscalía Anticorrupción de España recibió dos solicitudes de cooperación internacional para acabar con una "organización criminal" que apuntaban a la posibilidad de que el dinero del rescate a la aerolínea Plus Ultra se hubiera usado para alimentar una trama de lavado de dinero en Venezuela.
En concreto, Francia y Suiza pedían investigar a seis personas, entre las que no se encontraba el expresidente Zapatero.
En octubre de ese año, la Fiscalía Anticorrupción presentó una primera denuncia ante la Audiencia Nacional, institución que ahora imputó a Zapatero. En ese momento, la denuncia pesaba contra ciudadanos de Venezuela, Perú, Países Bajos y un español.
Pero el Juzgado de Instrucción 2 inadmitió la denuncia al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que el tribunal especial no era competente.
El caso se derivó al mismo juzgado que en su momento había investigado las querellas de 2021, pero el pasado mes de febrero la Audiencia Nacional lo tomó.
La imputación a Zapatero se sustenta en conversaciones y registros de empresas que se realizaron en diciembre pasado luego de que fueran arrestados el presidente y propietario de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO Roberto Roselli y el empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero.
El auto judicial de este martes señala que el expresidente español tenía una "intervención directa" en "operaciones internacionales de alto valor económico", entre ellas "oro, compraventa de acciones o divisas".
La conexión con Venezuela
