El país busca apoyo hemisférico en medio de más de 20 días de conflicto, bloqueos en rutas estratégicas y denuncias de afectación al abastecimiento de combustibles, alimentos y medicinas.
Vía: El Deber |
Bolivia presentó este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la compleja situación que vive el país. En ese contexto, denunció un escenario de desestabilización contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, pidió respaldo hemisférico para preservar el orden democrático y solicitó el seguimiento político del organismo regional.
La representación boliviana estuvo liderada en Washington por el vicecanciller Carlos Paz Ide. Previamente, el canciller Fernando Aramayo intervino de manera virtual para exponer la posición oficial sobre el conflicto que, según el Gobierno, ya supera los 20 días y mantiene cercada a La Paz con severas consecuencias económicas y sociales.
“Bolivia desea solicitar el acompañamiento político y el seguimiento atento del señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos (...) a fin de contribuir al fortalecimiento del diálogo democrático, la preservación de la institucionalidad y la paz social en nuestro país”, señaló Aramayo ante el organismo hemisférico.
El canciller también pidió al sistema interamericano “condenar toda forma de violencia política, coerción organizada y acciones destinadas a alterar el normal funcionamiento institucional del Estado”, además de expresar solidaridad con la población boliviana, a la que definió como la principal afectada por las consecuencias del conflicto.
La presidenta del Consejo Permanente agradeció la exposición boliviana y dio paso al vicecanciller Paz Ide, quien presentó un informe técnico sobre la coyuntura.
Más de 60 bloqueos y alerta humanitaria
En su intervención, Paz Ide describió un escenario de “conflictividad social compleja” en medio de una transición económica e institucional marcada —según dijo— por desequilibrios heredados: caída de ingresos hidrocarburíferos, debilitamiento de reservas internacionales, presión inflacionaria y tensiones fiscales.
El vicecanciller insistió en que Bolivia reconoce plenamente el derecho a la protesta pacífica, pero remarcó que ningún derecho es absoluto cuando su ejercicio vulnera derechos fundamentales de terceros.
“Durante las últimas semanas, diversos bloqueos instalados en rutas estratégicas de la red vial nacional, que han superado los 60 puntos de interrupción, han generado severas afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal”, afirmó.
Añadió que el conflicto ha comprometido el funcionamiento de hospitales, dificultado el acceso a servicios de salud y restringido gravemente la libre circulación de personas y mercancías.
El Gobierno también lamentó la pérdida de vidas humanas por efecto de los bloqueos y los efectos humanitarios derivados del conflicto.
El fantasma de la desestabilización
Uno de los puntos centrales del mensaje boliviano fue la advertencia sobre una eventual instrumentalización política del conflicto.
“Bolivia observa con preocupación que determinados sectores buscan instrumentalizar la conflictividad social con fines de erosión institucional y desestabilización política”, sostuvo Paz Ide.
El vicecanciller alertó además sobre la convergencia entre mecanismos de presión extrema y “actores vinculados a economías ilícitas”, una línea argumental que coincide con declaraciones previas del Gobierno boliviano y con el reciente pronunciamiento del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien advirtió sobre la presencia de crimen organizado y narcotráfico en la actual crisis.
La administración de Rodrigo Paz ha sostenido en los últimos días que detrás de las movilizaciones existen sectores radicalizados con intenciones de alterar el orden constitucional.
Diálogo, pero con límites
El mensaje oficial ante la OEA buscó mostrar una doble línea: apertura al diálogo y defensa del principio de autoridad.
Paz Ide aseguró que el Ejecutivo ha instalado espacios de negociación con distintos sectores sociales, productivos y territoriales, logrando acuerdos en varios casos. Sin embargo, advirtió que la disposición al diálogo no puede interpretarse como renuncia a garantizar servicios esenciales ni la libre circulación.
“La voluntad de diálogo no puede interpretarse como renuncia del Estado a sus obligaciones constitucionales”, enfatizó.
Bolivia cerró su presentación reiterando que cualquier diferencia política debe resolverse dentro de la Constitución y no mediante “vías de hecho”.
La sesión de la OEA se produce en un momento de alta tensión interna, con presión internacional creciente y con el Gobierno intentando consolidar respaldo externo frente a una crisis que ya escaló más allá de las fronteras bolivianas.
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