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Luego de que el Gobierno se reuniera con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y definiera remitir a la Asamblea Legislativa la Ley 1720 para su posible abrogación, el sector agropecuario expresó su repudio y anunció una asamblea de productores de emergencia, así como medidas de presión progresivas.
Vía: El Deber |
Un visiblemente molesto presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, expresó airado: "el sector agropecuario boliviano, que hoy representa el principal motor de las exportaciones no tradicionales de todo un país, superando incluso a los hidrocarburos, expresa su rechazo categórico e indignado ante dos acciones del Gobierno que constituyen un retroceso histórico: la promoción de la abrogación de la Ley 1720 y la promulgación del Decreto Supremo 5613".
El DS 5613 establece lineamientos para la dotación y titulación de tierras en la Amazonia, priorizando los departamentos de Pando y Beni, en favor de comunidades campesinas e indígenas, que cuenten con resolución de asentamiento y solicitud de dotación de tierras fiscales disponibles y no disponibles que estén reconocidas por su organización, según se lee en el Artículo 2.
Y la Ley 1720 autoriza al INRA a convertir voluntariamente la pequeña propiedad titulada en propiedad mediana, para facilitar el acceso al crédito bancario.
Actualmente, en La Paz hay al menos cuatro movilizaciones que tienen entre su pliego la abrogación de esta norma. Asimismo, hay una marcha campesina que llegó desde Pando exigiendo principalmente la abrogación de la ley. Los indígenas habían dejado una carta al presidente, Rodrigo Paz, para ser recibidos, pero, hasta el momento no hubo ningún contacto con el Gobierno y los marchistas ya están tres días en La Paz.
La noche de este miércoles, el líder agropecuario subrayó que estas medidas "no son un error técnico, son decisiones políticas que tienen un costo humano concreto". Explicó que miles de pequeños productores que hoy no acceden al crédito formal seguirán excluidos de todo un sistema financiero, no por falta de activos, sino por una normativa que el Gobierno defiende a espaldas de todas las necesidades.
"El 90% de los pequeños productores titulados del país no pueden acceder a un financiamiento formal y eso tenemos que tenerlo claro. La Ley 1720 es la única respuesta concreta a todo el problema que ellos viven. El Gobierno la promovió (la ley), la firmó y ahora la abandonó. Eso no es gobernanza, es incoherencia al servicio de intereses que no son los del pueblo boliviano", recriminó Frerking flanqueado por sus colegas y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.
Frerking hizo hincapié en que Bolivia está pagando consecuencias políticas económicas del pasado como la crisis fiscal, el desempleo creciente, la informalidad y la pérdida de competitividad, y que "insistir en las mismas fórmulas que nos trajeron hasta aquí no es una opción para todos los que queremos trabajar, es una irresponsabilidad que pagaremos todos los bolivianos".
Por todo ello, resolvieron exigir al poder Ejecutivo la anulación inmediata del Decreto 5613 y el retiro de todo apoyo gubernamental a la abrogación de la Ley 1720, caso contrario, van a iniciar medidas de presión progresiva, comenzando con la Asamblea de Productores de Emergencia, el 14 de mayo en la ciudad de Montero.
Concluyó haciendo notar que el campo no pide subsidio, sino reglas claras, seguridad jurídica y acceso al crédito. "Si eso es demasiado pedir, el país entero merece saberlo", disparó.
Suman las críticas
La dirigencia de la CAO logró el apoyo del Comité Cívico de Santa Cruz que se opuso abiertamente a la abrogación de la Ley 1720 que acordaron los dirigentes de la Csutcb con el Gobierno en La Paz. El presidente cívico, Stello Cochamanidis, pidió el apoyo de la Brigada de Santa Cruz en el parlamento.
“Hacer ese llamado a los diputados y senadores, que piensen en esos productores que cada vez tienen dificultad para poder producir, dificultad para poder crecer, cuando este país lo que más necesita es trabajo, es producir para se garantice la cadena alimenticia dentro de nuestras fronteras”, dijo Cochamanidis en conferencia de prensa.
Este miércoles el Gobierno acordó enviar al parlamento un anteproyecto de ley que abrogue la norma promulgada a fines de febrero y que se elabore una nueva ley con la participación de todos los sectores.
Otro que se manifestó en repudio al retroceso del Gobierno en cuanto a la Ley 1720 fue el exgobernador Luis Fernando Camacho, que posteó en sus redes: "Rechazamos rotundamente la abrogación de la Ley 1720, ya que constituye una violación a la libertad de decisión de los bolivianos propietarios de pequeñas propiedades rurales en nuestro país. La puesta en vigencia de dicha ley facilita al pequeño productor el acceso al crédito y a la modernización de sus capacidades productivas. No se puede retroceder ni un milímetro en la defensa de esos derechos".
Agregó que "Bolivia no puede ceder al chantaje de los grupos corporativos que en el pasado reciente sostuvieron políticamente a Evo Morales y al Movimiento al Socialismo, y que hoy buscan desestabilizar el país para reconstituir la dictadura masista, que tanto daño le hizo a Bolivia".
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