YPFB: ENTRE LA INOPERANCIA Y LA SOSPECHA

No es solo una crisis de combustible; es la evidencia de un Estado que no logra o no quiere resolver un problema estructural en un sector estratégico.

Por: Marcelo Ferrel Rojas | 

Lo que ocurre hoy en Bolivia con el combustible no es una sorpresa, es el resultado previsible de decisiones acumuladas, omisiones prolongadas y una gestión pública que ha perdido el control de uno de los sectores más sensibles del Estado.

Las filas en surtidores, el suministro irregular y las denuncias sobre carburante de baja calidad no son hechos aislados, son la manifestación de una falla estructural y cuando la falla es estructural, el problema deja de ser técnico: es político y jurídico.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos no es una empresa más, es el eje de la política energética y un componente esencial del modelo económico estatal, su deterioro no puede relativizarse, si no garantiza el abastecimiento, lo que se compromete no es solo la economía, sino la credibilidad misma del Estado.

A esto se suma una inestabilidad institucional evidente, la rotación constante de autoridades no refleja gestión, sino ausencia de estrategia, cuando el mando cambia pero los resultados no, el problema no es de nombres: es de conducción.

La Constitución Política del Estado de Bolivia es clara, el artículo 351 establece que los recursos naturales deben administrarse en función del interés colectivo; el artículo 360 obliga a garantizar el abastecimiento interno; y el artículo 361 asigna a YPFB la responsabilidad de ejecutar toda la cadena productiva bajo control estatal.

No son principios, son mandatos y cuando el abastecimiento falla de manera sostenida, lo que se pone en cuestión es el cumplimiento mismo de la Constitución.

En este contexto, la renuncia de Claudia Cronenbold marca un punto de inflexión, su diagnóstico una empresa más deteriorada de lo previsto y la necesidad de una reingeniería profunda confirma que el problema no es coyuntural, sino estructural.

Pero lo más relevante no es solo el diagnóstico, sino lo que sugiere, cuando se reconoce que los tiempos técnicos no coinciden con la urgencia política, se evidencia un desajuste crítico: la presión por resultados inmediatos frente a la incapacidad de generar soluciones estructurales.

Y en ese vacío, las decisiones o la falta de ellas, empiezan a adquirir otro significado y si el gobierno enfrenta una crisis que no logra resolver, pero tampoco adopta medidas eficaces para revertirla, la inacción deja de ser neutra, convirtiéndose en un elemento de análisis.

Aquí es donde el debate debe dejar la superficie, cuando el deterioro es sostenido, cuando las soluciones no llegan, cuando las autoridades se suceden sin resultados y cuando el propio discurso institucional comienza a instalar la idea de inviabilidad, la pregunta ya no es incómoda: es necesaria.

¿Estamos frente a un fracaso de gestión… o frente a la construcción progresiva de ese fracaso?

No se trata de afirmar intenciones, sino de observar patrones y en esos patrones, las omisiones pesan tanto como las decisiones.

En este escenario, resulta particularmente relevante la declaración del 22 de abril de 2026, en la que se planteó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos debe reconvertirse en una empresa productora, enfocada en la exploración y explotación, dejando de lado su rol comercializador.

En abstracto, esta orientación puede tener lógica técnica, pero en la práctica, abre interrogantes inevitables y esto debido a que la exploración y producción de hidrocarburos requieren inversiones intensivas, alto riesgo y largos plazos de retorno. 

En un contexto de limitaciones financieras del Estado, la viabilidad de esta reconversión bajo control exclusivamente estatal resulta, cuando menos, cuestionable y es precisamente ahí donde la sospecha adquiere forma.

Si el Estado no tiene la capacidad económica para sostener ese giro, la participación de capital privado deja de ser una opción y se convierte en una necesidad y cuando esa necesidad no se explica con transparencia, sino que emerge en medio de una crisis no resuelta, el proceso deja de ser claro.

No es necesario afirmar una privatización para advertir una posible apertura progresiva, basta observar la secuencia: deterioro, falta de soluciones, discurso de inviabilidad y propuesta de reconfiguración.

Mientras tanto, el costo lo asume la población, vehículos dañados, actividades paralizadas, ingresos reducidos e incertidumbre constante, esto no es un efecto colateral, es daño directo.

Y el daño directo, en términos jurídicos, abre la puerta a la responsabilidad estatal, porque el Estado no solo administra: responde por la calidad del servicio, por la continuidad del abastecimiento y por las consecuencias de su falla.

Sin embargo, ese debate no existe, no se habla de responsabilidades ni de consecuencias jurídicas, tampoco hay una explicación integral ni una hoja de ruta clara.

En su lugar, hay silencio y en el ámbito público, el silencio no es neutral, el silencio también comunica y muchas veces, lo que comunica es falta de capacidad… o falta de voluntad.

Reducir esta crisis a un problema de abastecimiento es minimizarla, lo que está en juego es la capacidad del Estado de sostener el control de sus recursos estratégicos, la viabilidad del modelo energético y, sobre todo, la confianza.

La renuncia de Cronenbold no cierra el problema; lo expone, es por eso, la pregunta de fondo ya no puede postergarse:

¿Se está corrigiendo el rumbo de YPFB o se está permitiendo por acción u omisión, su debilitamiento progresivo?

Porque cuando una crisis se prolonga sin solución, deja de ser un accidente y empieza a parecer una consecuencia.