El Ministerio Público informó este miércoles que se identificó un daño económico de más de 700 millones de bolivianos en el proceso de contratación y construcción del Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel de La Paz, obra que presenta graves fallas estructurales y hundimientos por haber sido edificada en un terreno no apto.
Via: ANF |
El fiscal asignado al caso, Wilson Medrano, explicó que la investigación surge tras una denuncia del Ministerio de Salud por presuntas irregularidades desde la contratación de la obra en 2018, bajo la modalidad “llave en mano”, entre la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) y la empresa Makiber.
“Se ha podido establecer que existiría un daño económico que superaría los 711 millones de bolivianos. Este monto corresponde a los desembolsos realizados por el Estado boliviano para una obra que actualmente es inviable y que no puede ser puesta en funcionamiento por el riesgo que representa”, señaló el fiscal.
Según las investigaciones, existían informes técnicos previos del Colegio de Ingenieros de Bolivia y del Estado Mayor del Ejército que advertían que el terreno, ubicado en la avenida Zabaleta, no era apto para una construcción de tal magnitud debido a la inestabilidad del suelo y la presencia de filtraciones de agua.
Pese a estas advertencias, las autoridades de salud y de la AISEM decidieron continuar con el proyecto. El 24 de noviembre de 2024 se registró un deslizamiento de magnitud que afectó seriamente la estructura del hospital.
“Existen 15 personas investigadas en este caso, entre ellas la exministra de Salud, María Reneé Castro, y el exdirector de la AISEM, quienes habrían permitido que la obra continúe y se realicen pagos pese a conocer las fallas técnicas y los riesgos de hundimiento”, añadió Medrano.
En relación con el representante legal de la empresa constructora, la Fiscalía informó que ya fue aprehendido e imputado por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos. El Ministerio Público solicitará su detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro.
El proyecto debía ser entregado en abril de 2026; sin embargo, las autoridades judiciales señalaron que la infraestructura presenta rajaduras, hundimientos en los suelos y un riesgo de colapso inminente, lo que hace imposible su utilización para la atención médica.
