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El presidente Rodrigo Paz junto a sus ministros de la Presidencia y de Economía emitió varias medidas de orden económico, entre ellas la liberación de las transacciones en dólares a través de tarjetas bancarias
Vía: El Deber |
El Gobierno denunció este lunes la existencia de un “Estado cloaca” marcado por la discrecionalidad y la corrupción en el manejo de recursos públicos, y anunció la anulación de 161 decretos supremos como parte de un proceso de reforma orientado a transparentar la gestión estatal.
“El Gobierno tomó la decisión de no mirar a un costado y eliminar este Estado cloaca en donde se malversó toda esta cantidad de recursos”, afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, para presentar un nuevo decreto que busca ordenar las contrataciones y establecer mecanismos de control.
Lupo sostuvo que las irregularidades detectadas no corresponden a hechos aislados, sino a un patrón sistemático de decisiones que afectaron directamente a la población. Citó como ejemplos hospitales inconclusos, unidades de radioterapia paralizadas en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, así como infraestructura millonaria abandonada.
“Lo que hemos encontrado no son errores aislados, son decisiones que afectaron directamente a la gente. Pacientes sin tratamiento oncológico, obras sin utilidad, plata sin retorno”, señaló.
El ministro también cuestionó la ejecución de proyectos como el aeropuerto de San Ignacio de Velasco, el museo de Orinoca o la compra de 702 ambulancias sin licitación por 64 millones de dólares, además de múltiples contrataciones directas vinculadas —según dijo— a intereses particulares.
Según detalló, estas operaciones fueron respaldadas por 161 decretos, de los cuales 105 no tenían monto definido, lo que permitía adjudicaciones sin control. “Eran instrumentos vigentes en todo momento para dar contratos a quien se le ocurra a la autoridad de turno”, afirmó.
En ese contexto, anunció que el nuevo decreto establece tres ejes centrales: transparentar todas las contrataciones directas, eliminar los mecanismos de direccionamiento y auditar las decisiones adoptadas en el pasado. “Tiene que haber responsables y tiene que haber procesos”, advirtió.
Lupo enfatizó que la medida marca un “punto de quiebre” en la administración pública. “Queremos pasar de un sistema discrecional a uno transparente, con reglas claras y control institucional”, sostuvo.
Asimismo, descartó que se trate de una persecución política. “Aquí no hay persecución, hay responsabilidad. Quien hizo bien su trabajo no tiene nada que temer, pero quien utilizó al Estado para beneficiar intereses particulares debe responder”, afirmó.
El ministro enmarcó estas acciones en una política más amplia de reconstrucción institucional impulsada por el presidente Rodrigo Paz. “Estamos reconstruyendo un Estado para que rinda cuentas, para que funcione y para que esté al servicio de la gente. Porque un Estado sin control no es fuerte, es un Estado capturado por la corrupción”, señaló.
Finalmente, remarcó que el objetivo central es recuperar la confianza ciudadana. “Los recursos de los bolivianos son sagrados. Los bolivianos merecen transparencia, y eso es lo que garantiza este decreto”, concluyó.
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